Cancillería: ¿2022, annus horribilis? Por Paz Zárate

Abogada Internacionalista

Como nunca antes en nuestra historia democrática moderna, el manejo de las relaciones exteriores ha sido objeto de intenso y transversal escrutinio. Sin una autocrítica profunda y honesta al interior de la Cancillería y también en el gobierno, los desaciertos de este annus horribilis continuarán.


Este espacio se abrió en febrero pasado para hablar de la guerra en Ucrania y otros temas de contingencia internacional. No contemplaba tratar política exterior, tema históricamente lejano a las polémicas. Pero a poco de iniciarse el actual gobierno, comenzaron a cundir las desinteligencias en esta área. En estos meses, las relaciones exteriores de Chile se han vuelto objeto de intenso debate nacional.

Como nunca antes en nuestra historia democrática moderna, el manejo de las relaciones exteriores ha recibido intenso y transversal escrutinio. En el cúmulo de desaciertos, ciertos factores son identificables.

La descoordinación ha sido constante. La consejería presidencial en materia exterior -sin formación ni experiencia en el área- corre con colores propios, sin chequear con los expertos (Cancillería). Esto ha redundado en errores que minan la imagen presidencial, como el anuncio que en Palestina pasaremos de tener Encargados de Negocios a Embajadores (Chile acredita estos últimos desde hace una década); la inaudita exclusión a último minuto del Embajador de Israel del evento de presentación de cartas credenciales (existiendo mecanismos de protesta diplomática propiamente tal); o los impasses con John Kerry o el Rey de España. También ha faltado coordinación con otras carteras, como Defensa (episodio sobre supuesta violación del espacio aéreo argentino, donde para bajar perfil se dijo que esto “había pasado otras veces”) y Hacienda (que busca la inversión extranjera que SUBREI desincentiva en su declarado leitmotiv de alterar la solución de controversias inversionista-Estado existente en todos los acuerdos que Chile tiene hoy).

La desprolijidad en la gestión también se ha extendido a la conformación del Consejo de Política Exterior. Aunque la ley requiere larga trayectoria en el campo de las relaciones internacionales para integrarlo, el gobierno nombró como Consejeros a varios estudiantes de postgrado afines al gobierno, que en la práctica ocupan los puestos que antes correspondían, por ejemplo, a Premios Nacionales y ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Todos éstos, además, debieron darse por enterados del cese en sus funciones por medio de un tuit de Cancillería con fotos de los nuevos integrantes. Coronando el desaguisado, la convocatoria a este órgano de rango legal fue del todo informal, con los nombramientos previos aún en vigor, por no haberse dictado la normativa necesaria y derogado la anterior.

Un amiguismo a ultranza, por sobre el profesionalismo, ha orientado designaciones de Embajadas, agregadurías y otros puestos en gabinetes, direcciones internas y directorios. Si bien cada administración designa en cargos de exclusiva confianza a sus simpatizantes, el hecho que varios de los nombrados carezcan de trayectoria adecuada tiene efecto sistémico. Tarde o temprano, la inexperiencia deriva en bochornos, acentuados por la vacía promesa de campaña de Gabriel Boric de no dar Embajadas a amigos ni premios a operadores políticos. Por eso muchos funcionarios destacados, algunos con décadas de trabajo en el Ministerio, emigraron al verse maltratados por las nuevas autoridades, o al advertir que los concursos públicos están arreglados de antemano. Gran pérdida para el Estado, pues el expertise en RR.EE. es escaso en el país.

Maltrato hubo también en el caso de Claudio Grossman, figura mundial en el campo de los derechos humanos y exitoso ex Agente de Chile ante La Haya. Más allá de que el gobierno decidiera, no obstante la popularidad global de Grossman, no postularlo a ninguno de los dos cupos (uno extraordinario y uno regular) que se abrieron en la Corte Internacional de Justicia (como sí ha hecho Argentina con su candidato), no hubo contacto alguno con Grossman hasta cuando la decisión de no apoyarlo se había hecho pública; la cual, además, fue seguida de su exclusión del Consejo de Política Exterior ya mencionado, circunstancia que tal como a los Premios Nacionales o ex Comandantes en Jefe, tampoco se le informó.

El amateurismo comunicacional resulta especialmente preocupante. Han existido comunicaciones oficiales que proporcionan detalles que jamás deben revelarse (como aquel que se explayó sobre las dificultades para la candidatura al Consejo ONU de Derechos Humanos); otras que contradicen lo expresado por la máxima autoridad en una materia (video que explica el fallo del caso Silala asegura que la Corte “decidió” algo sobre lo que no hubo pronunciamiento, evidenciando falta de chequeo con la Agente); otras que confunden áreas técnicas totalmente diferentes (comercio con inversiones, en el texto sobre ratificación del CPTPP); y otras simplemente erradas (como aquel que indicaba que todos los Presidentes de Chile desde 1996 en adelante han “priorizado” la relación con el Mercosur). Hay también un serio problema comunicacional cuando en entrevistas se reiteran groseras inexactitudes, como que “no existe jurisprudencia” en derecho internacional de inversiones (la misma que se compila y estudia en centros académicos en todo el mundo); o que en el acuerdo con la UE se incluyeron “capítulos que no suelen esta en tratados firmados por Chile, como género, medio ambiente, derechos laborales” (mismos aspectos que Cancillería incluye en acuerdos hace décadas). La política turquesa está demostrando carecer de todo contenido propio – y ser un simple branding que olímpicamente se salta la historia diplomática nacional.

La falta de transparencia, en tanto, es otro aspecto que atraviesa la actual administración. La hay cuando, en el contexto de CPTPP, se conduce en total secreto la negociación de tratados bilaterales que requieren aprobación parlamentaria (las famosas side letters), sin que nadie conozca su contenido. Hay también opacidad inexcusable cuando se borra la página web especializada que el Programa de Defensa de Chile ante Arbitrajes Internacionales sobre Inversión Extranjera -que operaba bajo SUBREI- construyó en la anterior administración para explicar los resultados, ampliamente positivos para Chile, de los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado. Y hay opacidad cuando se borra otro sitio web especializado (TPP11.cl) que agrupaba en un mismo lugar de fácil interfaz para la ciudadanía todas las minutas explicativas históricas acumuladas en 10 años de negociación del tratado, y todos los videos donde los propios negociadores explicaban sus aspectos en detalle. Aunque en el caso de este segundo recurso en línea la SUBREI ha señalado que no obstante el borrado del sitio web los documentos aparecerían usando un buscador general, los expertos sabemos que eso no es así; y que si muchos documentos explicativos no emergen con una búsqueda experta, menos emergerán con una búsqueda de lego. El borrado de las dos páginas web que se mencionan, acción deliberada de esta administración que esfuma o hace dificultosamente obtenible datos compilados para la ciudadanía porque tales datos contradicen el relato que quiere imponer el subsecretario, atenta contra el principio de probidad administrativa y el derecho ciudadano a la información, y debería generar acción de organismos competentes.

¿Representa el último mes un giro en Cancillería? Estuvo marcado por tres eventos: la sentencia en el caso Silala, que si bien nos favoreció, no fue ideal y dejó cabos sueltos; el cierre político de la modernización del acuerdo con la Unión Europea, en sustancia casi completamente idéntico al cierre técnico hecho por el gobierno anterior; y finalmente la ratificación del CPTPP, oficializada en un momento que generara la menor atención posible para lo que constituye una clara derrota del gobierno.

Una retórica acomodaticia podría decir hoy que esos eventos encarnan políticas de Estado, pero eso sólo ha sido cierto en el caso Silala, cuya tramitación estuvo a cargo de un equipo transversal que trabajó durante tres gobiernos. El acuerdo con la Unión Europea demoró innecesaria y peligrosamente su revisión, a riesgo de que la guerra empujara otras prioridades para Europa; y en el caso del CPTPP, fue aprobado por el Congreso a pesar del gobierno y ratificado a regañadientes por autoridades que insisten en hablar de los “problemas” del mismo mientras los otros estados partes exaltan sus ventajas y 11 países más quieren sumarse. Simultáneamente, el ministro Marcel expone en Chile Day y en la SOFOFA acerca de los beneficios del tratado, aquellos que la canciller y el subsecretario son incapaces de mencionar frente a la prensa nacional. ¿Cuánto más puede disimularse esta fractura en el gobierno?

Los balances de fin de año deben ser justos. La mantención en el programa Visa Waiver, la compra de vacunas para la viruela del mono, la breve visita presidencial a Canadá son puntos positivos del trabajo de la cartera, pero frente al collage de errores ministeriales, se hacen pequeños. Sin una autocrítica profunda y honesta al interior de la Cancillería y también en el gobierno, los desaciertos de este annus horribilis continuarán.

Desde aquí, el sincero deseo un annus mirabilis — para todos.

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