Axel Callís: “Esta es la crisis más grande del Poder Judicial, son conductas reiteradas de varias personas”

El sociólogo y director de TuInfluyes.com, Axel Callís, analiza los efectos políticos del Caso Audios, que este lunes se tradujo en un proceso de remoción y la suspensión inmediata de su cargo de la ministra Vivanco.  “Cada vez que los gobiernos se ponen de parte de la gran masa de la ciudadanía, es una coyuntura provechosa para el gobierno. Eso explica la lógica de politizar este caso”.

 -¿Qué tan grave puede ser esta crisis para el Poder Judicial?

-Muy grave. Primero, hay que distinguir la mirada de la élite de la opinión pública. Según varios estudios, desde Criteria a PNUD, hay un diagnóstico sobre una alta percepción de injusticia o impunidad que hay en Chile. En nuestra encuesta el 82% dice que no hay igualdad ante la ley y que la situación económica es determinante. De hecho ese diagnóstico fue uno de los que impulsó la reforma procesal penal en los 90.

-¿Hubo temas que no se tocaron en esa reforma?

-En esa ley quedó pendiente la cirugía que se iba a hacer en la Corte Suprema, en la Administración de la Justicia y  en la designación de los jueces. Lo novedoso de la crisis actual es que hoy tenemos pruebas fehacientes de formas de actuar de miembros del Poder Judicial que no tienen nada que ver con el principio ético del derecho ni con el bien actuar de un funcionario público. Antes era una percepción. Ahora tenemos una convicción. Y eso es muy importante. La crisis le pone rostros a estas formas de actuar de las personas que administran la justicia en el más alto nivel.

-¿Los chats entre Hermosilla y Vivanco revelan conductas puntuales o generalizadas?

-Esa es una pregunta para los abogados. Hay malas conductas y en algunos casos tráfico de influencias. Evidentemente, son conductas antiéticas que son aberrantes. Como dice Carlos Peña, la justicia está funcionando no en base a un principio, sino por un interés privado. Y no hay nada más alejado de la justicia que tener un principio privado que opere sobre ella.

-¿Qué pasa si se investigan otros nombramientos durante el gobierno de Sebastián Piñera u otros? ¿Podría generar una reacción en cadena?

-Una cosa son los nombramientos. Y otra cosa es el comportamiento de los jueces nombrados. Tienen distinta gravedad. Los nombramientos, como tienen que pasar por tres poderes del Estado, están contaminados por lo político y eso siempre ha sido igual. Otra cosa es que ese cariz político contamine los fallos de los jueces.

Y eso es terrible para una sociedad. Esta crisis puede ser demoledora, porque destruye el contrato social, destruye la base por la cual las sociedades se forman, que es la noción de igualdad ante la ley. Es la piedra angular de todo. Que los fallos de los jueces estén contaminados por sus nombramientos es de una extrema gravedad y amerita un gran acuerdo político, como lo que sucedió en 2003. Un acuerdo de modificación.

-Sí, pero un acuerdo político la gente podría entenderlo como un arreglo para ocultar la crisis bajo la alfombra y parar la bola de nieve.

-No estoy hablando de un acuerdo político para echar tierra. Estoy hablando de un acuerdo para generar una transformación constitucional que permita que los nombramientos estén totalmente alejados de compromisos políticos que después se reflejen en fallos determinados.

-Mencionaste el 2003, con el acuerdo de Longueira y Lagos por el Mop gate. ¿Quedó en la gente la sensación de que se paró el tsunami político que venía?

-Lagos no paró la investigación. De hecho Carlos Cruz terminó en la cárcel. Estoy hablando de un acuerdo institucional. Es decir, un acuerdo de política pública y legislativa. Y ya existen consensos al respecto. Los dos procesos constitucionales abordaron estos temas.

-¿Cómo evalúas el rol del gobierno?

-El Gobierno entendió que tiene que ponerse del lado del pueblo. No de los débiles, sino del sentido común. Y el sentido común es que hay un grupo de gente poderosa que saca provecho del sistema, frente al pueblo llano que mira con estupor cómo se comprueba todo aquello que siempre ha sentido. En términos de rentabilidad política, es bueno para el gobierno.

-Boric celebró que se encarcele a los todopoderosos. Ahora Luis Cordero dijo que el Presidente podría intervenir con ciertas atribuciones que le da la Constitución.

-El gobierno al principio no entendía muy bien si meterse o no. Porque venía de otra crisis que también le fue favorable, que fue la de Enel versus la ciudadanía. Si no hubiera sido por las declaraciones del ministro Pardow que dijo que había que estatizar, la coyuntura habría sido mucho más provechosa.

Cada vez que los gobiernos se ponen de parte de la gran masa de la ciudadanía, es una coyuntura provechosa para el gobierno. Y en ese sentido esta es una coyuntura con un potencial de crecimiento en términos de popularidad en sectores que le son difíciles al gobierno, como los grupos más bajos. Eso explica la lógica de politizar este caso.

-¿Te sorprendió la estrategia comunicacional de Juan Pablo Hermosilla?

-Todo lo que sea diseminar el problema penal de Luis Hermosilla y convertirlo en un problema estructural de cómo opera la justicia, es beneficioso para la defensa. Eso se logra politizando el caso y ampliando la cantidad de personas involucradas. Mientras más gente hay, la responsabilidad individual de Luis Hermosilla se diluye. Juan Pablo Hermosilla apostó por el relato de David contra Goliat; enfrentando al gobierno, los tribunales. Todos contra ellos. Y por otra parte, si está metido el Estado, el problema ya no es solo de Luis Hermosilla.

-¿Esta es la mayor crisis del Poder Judicial, desde que se destituyó a Correa Bulo en 2001?

-Yo creo que esta es la crisis más grande del Poder Judicial. Son conductas reiteradas y no de una persona, sino que de varias.

-Al parecer, el gobierno había tratado de dar un giro en la agenda al meter el tema del CAE y la eutanasia. ¿Esto afecta dicha estrategia?

-Puede ser una estrategia interesante post 18 en la medida que se empiecen a agotar los chats. Pero es tan poderoso lo que sucede con Hermosilla que en una de esas le quita dramatismo al CAE y permite una legislación un poco más normal.

-¿Cuáles pueden ser las consecuencias políticas de este caso?

-En términos electorales va a pasar lo mismo que para el caso Fundaciones. La masa de votantes a la que le importa la corrupción es a los sectores más informados. Y esos no son más de 1/3 del padrón.

-O sea, ¿dices que no va a tener efecto en las municipales?

-En alcaldías pequeñas, nada. El daño reputacional que pueden tener los partidos asociados a este caso va a ser en las grandes comunas y en gobernaciones, pero a nivel de las 300 comunas chicas de este país, para nada. Porque en esas 300 comunas la gente vota por la persona, no por el partido.

-¿La idea de que este caso solamente afecta a la derecha no tiene asidero?

-Yo creo que afecta a todos por igual. En un grupo de personas informadas, que no va más allá del 20 o 30%, podría tener una significación en el aumento de votos nulos y blancos. Pero en la elecciones de core, concejales, alcaldes de comunas relativamente pequeñas, yo diría que muy poco.

-Cuesta creer eso porque ahora todo el mundo está hablando de Hermosilla.

-Sí, pero el problema es que la gente no vota por Hermosilla, vota por el candidato que conoce. Mi pronóstico para las municipales es que la derecha y el Partido Republicano van a recuperar importantes regiones, pero en general el panorama va a estar mucho más empatado que en el 2021. Nos vamos a acercar a una situación electoral bastante parecida al pre estallido, a la elección del 2016.

Para más entrevistas de Ex-Ante, clic aquí.

• Le podría interesar. Proceso de remoción toma por sorpresa a Vivanco, quien sería la segunda expulsada de la Corte Suprema por sus pares

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Ex-Ante (@exantecl)