Tanto en las protestas de abril de 2022 —donde camioneros bloquearon rutas en protesta por el homicidio de un conductor de una máquina, arrojado más de 9 metros al piso desde un paso sobre nivel en Antofagasta—, como en las de noviembre —en que interrumpieron el tránsito por los asaltos a choferes y el alza del precio del diésel—, el gobierno se querelló por infracción a la ley de Seguridad del Estado. Estos precedentes ponen presión a La Moneda, luego de que este viernes amanecieran bloqueados los accesos a Calama y las minas del norte en el marco del paro por la violencia, y con el Presidente Boric visitando —a 200 kilómetros— la capital regional.
Qué observar. Con los accesos a la ciudad—y a 4 divisiones de Codelco— bloqueados amaneció este viernes Calama, luego de que el alcalde oficialista Eliecer Chamorro (FRVS) convocara a un paro en protesta por la crisis de seguridad en la ciudad de 200 mil habitantes de la región de Antofagasta.
- Calama registró el año pasado sus peores cifras de homicidios (15 en total) y robos con violencia (1.364), desde que comenzó el registro, en 2005, mostraron las estadísticas del Centro Estudios y Análisis del Delito (CEAD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Las tasas de estos delitos por cada 100 mil habitantes también fueron las mayores de los últimos 17 años.
- A esto se sumaron las balaceras de esta semana que gatillaron el paro al que se sumaron camioneros, el Colegio de Profesores de Calama y centros de salud primaria, que por la mañana estaban operando con turnos éticos, detalló el sitio regional Timeline.
- Videos captados durante la madrugada mostraron además algunas barricadas incendiarias levantadas junto a las rutas cortadas.
- Carabineros reportó a las 9:25 am de este viernes que estaban bloqueadas las rutas 21CH a Chiu Chiu; 23CH a San Pedro de Atacama; B24 a Tocopilla y Chuquicamata; B25 hacia Antofagasta y B189 al aeropuerto. También estaba obstaculizado el tránsito por las avenidas La Paz; Circunvalación y F. Marting.
- Cerca del mediodía actualizaron que seguían cortadas las rutas hacia Chiu Chiu; San Pedro; Chuquicamata y Antofagasta, además de avenida Circunvalación en el cruce de la línea férrea y la rotonda Martinic.
- Codelco informó en una declaración que desde las 4:30 am de este viernes estaban “bloqueados los accesos a las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y Ministro Hales”.
- “Entendemos el malestar y preocupación ciudadana frente a la delincuencia, de la cual también hemos sido víctimas como organización”, escribieron. “Sin embargo, esta manifestación está impidiendo no sólo el acceso de los equipos de trabajo que debían iniciar sus jornadas y ciclos laborales, sino también la salida del personal del turno de noche (…). Asimismo, producto de los bloqueos, se pone en riesgo la infraestructura y los equipos críticos, lo que podría afectar el futuro desarrollo de nuestras operaciones”.
- En este escenario es que cerca del mediodía aterrizó el Presidente Gabriel Boric en Antofagasta —a casi 200 kilómetros de Calama— para detallar en las Ruinas de Huanchaca la política nacional del litio anunciada el jueves.
- El subsecretario Manuel Monsalve viajó el jueves a Calama para anunciar un refuerzo policial —26 carabineros, 10 funcionarios de la Policía de Investigaciones a cargo de investigar delitos violentos y la designación de un fiscal preferente para los delitos de la ciudad—, lo que fue considerado insuficiente por el alcalde, que mantuvo el llamado a paro.
Las balaceras que gatillaron el paro. El martes por la noche fue baleada la comisaría de Calama y un terminal de buses, ataques que terminaron con un muerto y 5 heridos.
- Más tarde fue abatido el presunto tirador —Víctor Hugo Campillay Sandoval, quien tenía un largo prontuario—, y un vecino fue alcanzado por un tiro en un dedo, convirtiéndose en el sexto herido de la ola de balaceras.
- La madrugada del miércoles el alcalde Chamorro anunció que —junto con la Secretaría Regional Ministerial de Educación— habían acordado suspender las clases, reproduciendo una medida tomada en Valparaíso por un narco funeral.
- Este miércoles, tras la balacera, solicitó estado de excepción constitucional de emergencia para la comuna o al menos despliegue militar a través de la ley de infraestructura crítica. “Si el estado de excepción se demora, entonces que se aplique ley de infraestructura para resguardar (con) militares hospitales, terminales, poblaciones, escuelas”, escribió en Twitter.
- Más tarde convocó a un paro comunal para este viernes, complicando a La Moneda, que busca que la delincuencia no cope su agenda.
- “Si el gobierno no nos ve como personas, por último, véannos como cobre, para que garanticen la seguridad a sus inversionistas”, dijo el jueves, consignó Calama en Línea.
La incómoda posición de La Moneda. Los bloqueos de ruta de este viernes pusieron al gobierno en una difícil situación, ya que en los 2 casos de 2022 reaccionaron presentando querellas por infracción a la Ley de Seguridad del Estado (LSE).
- El 26 de abril de 2022 la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, dio un ultimátum a los camioneros que mantenían los bloqueos de rutas iniciadas luego de que el 10 de febrero de 2022 el conductor Byron Castillo Herrera, 25, muriera tras ser arrojado desde un paso sobre nivel de la ruta A-1, cayendo 9,73 metros hasta el piso. Dos ciudadanos venezolanos fueron condenados a 17 años de cárcel por el homicidio calificado. Un adolescente fue sentenciado a 7 años de internación en régimen cerrado y 3 en un sistema mixto.
- El ultimátum tuvo un efecto parcial y La Moneda anunció la presentación de 9 querellas por LSE entre las regiones de Tarapacá y Magallanes.
- El gobierno del Presidente Boric había sido hasta entonces contrario a utilizar esa ley que asociada con la dictadura de Augusto Pinochet. En marzo de 2022 había anunciado el retiro de 139 querellas por LSE presentadas por la administración anterior en el marco del 18-O. “Esta medida busca que la LSE no sea utilizada para la persecución injusta y desproporcionada”, consignó entonces un comunicado firmado por los ministerios de Interior y Justicia.
- Siete meses después, el 27 de noviembre de 2022, la vicepresidenta Carolina Tohá anunció que el gobierno se querellaría por Ley de Seguridad del Estado en contra de los camioneros que mantenían alteraciones de rutas en el norte grande y otras zonas del país en protesta por los asaltos a choferes y el alza del precio del diésel. Se interpusieron cerca de 30 acciones, en todo el país.
- Al hacer ese anuncio el gobierno ya se había desistido de la mayoría de las querellas por LSE interpuestas en abril.
- En este contexto es que, si en esta oportunidad se querellan contra LSE, la decisión podría ser vista como un ataque a una comunidad preocupada por la falta de seguridad, uno de los flancos del gobierno. Si no las presentan, estarían actuando en contradicción con los criterios aplicados el año pasado en situaciones similares.
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