Septiembre 19, 2023

Andrés Longton (RN): “Uno tiene legítimas dudas de que se hayan otorgado pensiones de gracia a personas que no tienen impedimento”

Alexandra Chechilnitzky
Créditos: Agencia Uno.

El presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara Baja dice que su prioridad, cuando los parlamentarios vuelvan del receso legislativo, será avanzar en el proyecto que busca tipificar como delito el ingreso de migrantes por paso no habilitados. Sobre el veto a la ley de usurpaciones plantea que el gobierno ha buscado “engañar a la ciudadanía y hacerle creer que la norma va a producir efectos muy distintos a lo que en realidad va a pasar”. Y sobre la información entregada por el subsecretario Manuel Monsalve respecto de que 40 personas que reciben pensiones de gracia tienen antecedentes, plantea que “pareciera que hay un tema político, de simpatía, de cierta condescendencia con lo que pasó en aquella oportunidad”.


Andrés Longton asumió a comienzos de este mes como presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados. Crítico de la gestión del gobierno en esta materia, considera que en 5 meses se hayan despachado 14 proyectos de seguridad del Congreso, la mayor cifra de la que se tenga registro, no tiene relación con la labor de la ministra del Interior, Carolina Tohá, sino que es gracias a otros 3 factores.

“Primero, estamos en un clima de inseguridad y violencia que no tiene precedentes en la última década y es la prioridad número uno, por lejos, de la ciudadanía. Estamos con un nivel de violencia en la comisión de delito que es tremendamente preocupante y nos recuerda países que nosotros nunca pensamos que íbamos a estar cerca en esta materia, como por ejemplo, de Centroamérica”, explicita. El segundo factor, dice, es que las dos comisiones de Seguridad, de la Cámara Baja y del Senado, tienen mayoría opositora.

Y el tercer punto es que, para el parlamentario, influye el hecho de “tener un Congreso con una oposición de derecha que consistentemente aprueba proyectos en materia de seguridad”, a diferencia de lo ocurrido con el gobierno de Sebastián Piñera a quien “le era imposible avanzar en proyectos que después en el gobierno del Presidente Boric los aprobaron sin ninguna dificultad, como el crimen organizado, narcotráfico y robo de madera”. En resumen, dice el diputado, “este gobierno no ha tenido la dificultad obstruccionista de la oposición porque la derecha, en general, está por avanzar y es muy proactiva en materia de seguridad”.

—¿Cuáles van a ser sus prioridades como presidente de la comisión de Seguridad?

—Sin duda está el tipificar como delito el ingreso clandestino por pasos no habilitados. Ya estamos entorno a los 78 mil (ingresos por pasos irregulares) hace algunos meses y en poco tiempo más vamos a superar cualquier récord histórico y con una baja tasa de expulsiones que no supera las 200. Eso es tremendamente preocupante y exige que haya una medida judicial y un disuasivo que tiene que ver con tipificar, lo que hoy es solo una sanción administrativa, como un delito.

—¿Están dispuestos a dialogar con el gobierno en torno al veto que ingresarán por la ley de usurpaciones? 

—Creo que se ha exacerbado la posición del gobierno, han caído en la caricatura, en llevar las situaciones al absurdo para tratar de engañar a la ciudadanía y hacerle creer que la norma va a producir efectos muy distintos a lo que en realidad va a pasar. Sin perjuicio de ello, con tal de que el proyecto salga y vea la luz, hay disposición a conversar porque no puede ser que por falta de entendimiento no haya una ley. Pero el gobierno no puede pretender, a través de este veto, ingresar cambios que vayan de la mano con lo que pide el PC y el Frente Amplio, que es precisamente no avanzar en esta materia.

—La idea del veto, según ha explicitado el gobierno, es modificar la legítima defensa privilegiada. Considerando que desde Chile Vamos han planteado en privado que dicha norma está mal redactada, ¿hay un reconocimiento de ello en público? 

—A ver, no es que la norma no sea buena, sino que tenemos interpretaciones distintas de lo que va a pasar, tal como ocurrió con la Ley Nain Retamal donde ellos hablaban de gatillo fácil y lo que menos ha habido es gatillo fácil. Si se quiere precisar lo que se entiende por legítima defensa privilegiada me parece que no habría problema. Pero lo que faltó fue diálogo. El gobierno llegó a la Cámara de Diputados con modificaciones para disminuir las penas y eso al gobierno se le olvida decirlo, que le quisieron dar un guiño al Frente Amplio y al PC. Y ahí nosotros no dimos el brazo a torcer.

Cuando tú tratas de imponer un set de indicaciones que alteran la totalidad o gran parte del proyecto, obviamente que eso no va a tener viabilidad. Además, obviamente que era difícil lograr un acuerdo si parlamentarios del oficialismo, en particular el Frente Amplio y el PC, rechazaron en general el proyecto.

—Pasando a otro tema. El subsecretario Manuel Monsalve explicitó que 40 personas de las que poseen pensiones de gracia tienen antecedentes penales. ¿Cómo se puede regular esto para que no vuelva a ocurrir? 

—Primero, hay que valorar el reconocimiento del subsecretario Monsalve y también que vaya a existir una modificación en la manera en que se entregan las pensiones. Sin embargo, se hizo algo que no tiene ningún tipo de explicación. Entregarle pensiones a personas de las cuales ni siquiera se tenía seguridad que habían tenido algún tipo de lesión, sumado a que esa persona pudo haber tenido una condena y a que se doblaron las pensiones durante el gobierno de Boric, es decir, quienes más reciben, perciben casi $600 mil, es impresentable.

Pareciera que detrás hay un tema político, de simpatía, de cierta condescendencia con lo que pasó en aquella oportunidad donde la violencia se desató y que en definitiva es el corolario de lo que ocurrió a propósito de los indultos. Dicho eso, el gobierno necesita avanzar en una reforma legal para que cualquier gobierno no incurra en este tipo de irregularidades.

—Considerando que el reglamento que regula la forma en que se entregan estas pensiones es del gobierno de Sebastián Piñera y que 17 de las 40 pensiones que se otorgaron a personas con delitos también son del gobierno anterior, ¿cree que hay un problema de Estado en la regulación?

—Sí, yo creo que hay un problema de Estado, pero también hay que hacer la diferencia porque en el gobierno del Presidente Piñera se hizo una distinción a quienes se le entregaban pensiones, es decir, solo se le otorgaban a aquellos que tenían lesiones graves o gravísimas, pérdida de visión, fallecimiento, con hechos objetivos y comprobables. En este caso estamos en la nebulosa y uno tiene legítimas dudas de que se hayan otorgado pensiones de gracia a personas que no tienen impedimento físico y psíquico y que, por lo tanto, puedan trabajar.

Lea también: Gobierno incluyó a prófugo en su lista de beneficiados con pensión de gracia por el estallido social. 

 

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