La semana pasada se cerró la COP 29 sobre cambio climático en Baku, Azerbaiyán, donde el principal punto de discusión fue el compromiso monetario que adoptarían los países desarrollados para financiar la acción climática. Después de intensas negociaciones se alcanzó un acuerdo por al menos $300 mil millones de dólares por año para apoyar los esfuerzos de los países en vías de desarrollo en estas materias. Obviamente, no todos quedaron contentos.
Pero este evento nos recuerda algo elemental: el cuidado del medio ambiente se juega no solo en las metas, sino en los mecanismos y el financiamiento para alcanzarlas.
¿Y cómo estamos por casa? Chile ha sido un país líder en distintos frentes de la acción climática a nivel mundial. Hemos impulsado una serie de acuerdos internacionales, fortalecido nuestra institucionalidad ambiental, contamos con una estrategia financiera y una ley marco de cambio climático. Es más, nos comprometimos a proteger el 30% de nuestro territorio para el 2030 y ser un país carbono neutral para 2050. Todo ello refleja una gran ambición en las metas.
Pero como bien sabemos, nuestras finanzas públicas hace rato que están estresadas y el “no hay plata” suena cada vez más fuerte a este lado de la cordillera. Si el Estado no puede poner más recursos de su (nuestro) bolsillo, entonces deberíamos promover el financiamiento través del sector privado y de la sociedad civil. Además, no es primariamente un deber del fisco, sino de todo Chile. Pero para ello hay que facilitar, no entorpecer, los esfuerzos que vayan en esa dirección. Entonces, ¿por qué no ser igualmente ambiciosos en los medios y proponer un paquete de medidas que movilicen los recursos necesarios?
Algunos países ya han tomado la delantera. En el caso de Estados Unidos, junto con incentivos tributarios, se han adoptado una serie de medidas para promover, acompañar y facilitar la obtención de autorizaciones de proyectos estratégicos, incluyendo el desarrollo de energías renovables y transmisión eléctrica. Algo similar ocurre un poco más al norte, en Canadá, con una nueva directiva para proyectos de crecimiento limpio, que pretende reducir los plazos máximos de las evaluaciones ambientales y, especialmente, las de proyectos nucleares.
En nuestro vecindario, Argentina estableció un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), para atraer inversiones en sectores estratégicos que, de nuevo, incluyen energías renovables, tecnología e infraestructura. Las necesidades de la economía trasandina son otras, sin duda. Pero si de avanzar rápido para cumplir metas ambientales se trata, no podemos ser menos ambiciosos.
Ahora que se discuten en el Congreso una serie de proyectos para mejorar la institucionalidad ambiental y superar la “permisología”, parece ser un buen momento para plantear algo así. Sin embargo, son pocos los incentivos reales y efectivos en discusión.
¿Por qué no hacer mayores esfuerzos para simplificar un sistema engorroso, reducir fuertemente los plazos de tramitación e integrar los sistemas de autorizaciones sectoriales y ambientales? Si el Estado no está en condiciones de establecer beneficios monetarios directos, ¿por qué no dar mayor seguridad, previsibilidad y estabilidad regulatoria, o ser un facilitador efectivo en la tramitación de autorizaciones?
Los tiempos corren y no podemos esperar cinco, ocho o diez años para recién contar con la autorización para un proyecto que necesitamos ahora. En palabras de las autoridades canadienses, “la carrera por desarrollar los proyectos, tecnologías e industrias del futuro es hoy.”
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