“Los bosques de la Patagonia chilena son de los que más almacenan carbono en el mundo”, titulaba un medio nacional unos días atrás (BBCL 2024). Según la nota, un estudio realizado por la NASA reflejaría el gran aporte que realizan estos ecosistemas en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, este y otros lugares de gran valor natural a lo largo del país se ven amenazados en distintos frentes. Es por eso que Chile se comprometió, en la COP 15, a proteger al menos el 30% de su superficie y ecosistemas para el año 2030.
Pero, tal como señalaba un informe del CEP (CEP 2023), hay un serio problema de financiamiento: sumar nuevas áreas protegidas para alcanzar la meta comprometida tiene un costo estimado de $317 mil millones en inversión, más $187 mil millones anuales en costos de operación. Y eso es sin considerar las brechas de financiamiento que presentan las actuales áreas protegidas del Estado.
Frente a la magnitud de estas cifras, surge la pregunta ¿cómo cuidar y potenciar este patrimonio nacional en tan corto tiempo, cuando las urgencias sociales hoy son otras? No basta con exigirle más al Estado. Todos están llamados a participar en este desafío según sus propias competencias, por lo que particulares y la sociedad civil deben tomar mayor protagonismo.
En ese contexto, en los próximos días se cumplirá un año de vigencia de la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y cuya labor será especialmente relevante en abrir esos espacios. El SBAP deberá administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), que incluirá los distintos tipos de Áreas Protegidas Privadas (APP), cada una con sus características y regulaciones.
Esta nueva institucionalidad puede ser un avance en la coordinación y el fomento a los esfuerzos de conservación privados. Pero, como bien sabemos, el diablo está en los detalles y la permisología ya nos tiene cansados. Hemos visto lo caro que sale tener una regulación excesiva y poco coherente que se traduce en procesos lentos, engorrosos y de resultados inciertos
Sería un grave error trasladar esos problemas también al sistema de conservación de la biodiversidad. Por lo mismo es tan importante que los nuevos reglamentos para la implementación del SBAP promuevan la participación de nuevos actores en este desafío.
Expertos en la materia han hecho una serie de recomendaciones para que la nueva regulación fomente la creación de APP, entregando condiciones más atractivas a las ya establecidas (Katz 2024). Así, por ejemplo, podrían reducir barreras administrativas, flexibilizando procedimientos, plazos y requisitos para la creación, modificación o desafectación de estas áreas; entregar apoyo técnico y acompañamiento durante los procesos de postulación, facilitando la regularización de títulos o de otros antecedentes necesarios; alinear incentivos para que los planes de manejo y las fiscalizaciones no generen una carga excesiva para los propietarios, entre otras.
Por otra parte, y no menos importante, es deseable mejorar los incentivos pecuniarios. Destinar un área para conservación ambiental cuesta tiempo, esfuerzos y, también, dinero. Por eso los expertos sugieren que las APP puedan acceder a financiamiento público a través del Fondo Nacional de Biodiversidad o directamente a través de la Ley de Presupuestos de cada año; que se consideren subsidios o pagos al momento de crear una nueva APP para reducir los gastos asociados; y, que los mecanismos de desafectación no impongan costos adicionales si se cumplieron los objetivos de conservación durante un cierto período de tiempo.
Dotar al sistema de una buena regulación y reducir barreras de entrada podría abrir la puerta a nuevos actores sin un costo fiscal excesivo. Esperemos entonces que el nuevo SBAP y SNAP ayuden a sumar esfuerzos para cumplir las metas de conservación ambiental. El tiempo corre y no sobra nadie.
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