Desde 2022, este gobierno ha llevado adelante una agenda de modernización de la arquitectura normativa del urbanismo y la construcción, orientada a responder de mejor manera a los desafíos actuales del desarrollo urbano, la inversión y la emergencia habitacional. Esta agenda se ha materializado en hitos concretos como la ley de agilización de permisos de construcción, la ley de fortalecimiento de la planificación territorial y más de 8 actualizaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, entre ellas la como las que comenta la columna publicada recientemente en este medio.
Lejos de constituir un proceso de “desregulación”, esta agenda ha tenido como propósito actualizar y mejorar el funcionamiento del marco regulatorio, de modo que el Estado y lo público cuenten con reglas más claras para gestionar el desarrollo urbano con mayor certeza. Se trata de un esfuerzo por hacer que la regulación cumpla efectivamente su rol.
El diagnóstico que ha guiado este proceso es claro: el problema central no ha sido la existencia de regulación urbana o ambiental, cuyo sentido es resguardar el interés público, sino las dificultades para gestionarla adecuadamente. Históricamente, la fragmentación institucional, la superposición de competencias y la falta de criterios suficientemente claros y homogéneos han generado problemas de gestión que queremos superar.
No creemos que la regulación sea un obstáculo en sí mismo. Al contrario, la regulación urbana es una herramienta fundamental de la democracia: permite canalizar acuerdos sociales, establecer principios compartidos sobre cómo se construyen y transforman las ciudades, y resguardar objetivos de equidad territorial, seguridad, sustentabilidad y calidad de vida. Modificar las normas no implica renunciar a esos principios, sino adecuarlas para que funcionen mejor y más rápido: la eficacia no es patrimonio de un sector político, es un elemento esencial de nuestra democracia.
En el ámbito urbano, los permisos no son simples trámites administrativos. Constituyen el punto de convergencia entre planificación territorial, estándares de habitabilidad, seguridad, integración urbana y, en muchos casos, inversión pública significativa. Reducirlos a una lógica de “barrera” o “costo” invisibiliza su función estructurante del desarrollo urbano y del interés público que el Estado tiene el deber de resguardar.
En el contexto de la emergencia habitacional, esta distinción es especialmente relevante. No se trata de construir más rápido a cualquier costo, sino de asegurar que la vivienda social y los proyectos urbanos estratégicos se desarrollen con certeza normativa, calidad urbana y responsabilidad territorial. En ese espíritu, en las próximas semanas se publicarán nuevas modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que continúan esta misma lógica: mejorar la calidad regulatoria y la capacidad de gestión del Estado.
El desafío, en definitiva, no es optar entre regulación o crecimiento, sino contar con una regulación moderna y con un Estado capaz de gestionarla adecuadamente. Esa es, creemos, la principal diferencia entre desregular y modernizar: no hacer menos reglas, sino mejores reglas, mejor aplicadas, al servicio de ciudades más justas, bien planificadas y sostenibles.
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