Acusación contra Tohá: Ajuste de cuentas por la caída del general Yáñez. Por Jorge Schaulsohn

Ex-Ante

En materia de acusaciones constitucionales oportunistas e infundadas nadie puede tirar la primera piedra. En el gobierno de Piñera hubo diez contra ministros y dos en contra del propio presidente, sin ningún fundamento. La oposición cree —no sin razones— que los cargos contra Yáñez son rebuscados y tienen tinte político. Que se busca reponer el tema de abusos a los DDHH en la víspera del 5º aniversario del 18-0 y de una elección. Pero nadie puede decir, de buena fe, que la ministra Tohá haya sido negligente en el desempeño de su cargo.


Una herramienta con historia. Chile tiene una larga tradición de acusaciones constitucionales contra ministros de Estado carentes de todo fundamento jurídico-constitucional.

  • En realidad se ha transformado, con el paso del tiempo, en la forma más expedita y eficaz que tiene la oposición para descarrilar a un gobierno que no le gusta, cambiar la agenda o provocar una crisis de gabinete.
  • La caída de un ministro descoloca al presidente, obligándolo a rebarajar el naipe, a mover las piezas cuidadosamente puestas en el tablero tras prolongadas y complejas negociaciones. En las cuales nunca quedan todos los partidos bien servidos por lo que aprovechan la caída para volver a intentar instalar sus fichas.
  • El “ápex” de las acusaciones se alcanzó durante el gobierno del presidente Allende, donde la oposición destituía ministros todas las semanas con los más diversos pretextos.
  • En aquella época, en que regía la Constitución de 1925 los ministros destituidos no quedaban inhabilitados para ejercer cargos públicos, como ocurre ahora, por cinco años.
  • Entonces, Allende procedía a hacer un enroque entre ministros nombrando al destituido en otra cartera, con lo que la acusación perdía su eficacia. Además, no liquidaba la carrera política o profesional del acusado.
  • En este caso, el Partido Republicano, autor intelectual e impulsor de la acusación, busca transformarse en la fuerza hegemónica de la derecha e imponer a José Antonio Kast como el candidato del sector.

El personaje ideal. En un año electoral las prioridades cambian. Posicionarse como implacables en el combate a la delincuencia es su objetivo. “Cortarle la cabeza” a la ministra Tohá por la salida del exgeneral Yáñez es parte de su estrategia.

  • La acusación contra Tohá se da en medio de escándalos, como el caso audios y el sueldo de Marcela Cubillos; que han afectado gravemente la credibilidad de la oposición y su unidad interna.
  • En los últimos días hemos visto como se le dan y quitan apoyos a candidatos del sector, decretando libertad de acción, recriminándose por las defensas corporativas, con directivas comunales que han terminado en el tribunal supremo.
  • En este contexto Tohá emerge como el perfecto “chivo expiatorio”, el personaje ideal para desviar la atención de los problemas propios, lo que explica la adhesión de casi toda la derecha a la acusación.
  • Al ex senador de RN Sergio Onofre Jarpa se le atribuye haber defendido, en el seno de su partido, una acusación espuria, diciendo que “cuando tu caballo va perdiendo, hay que tirar barro a la pista”.
  • También es un “ajuste de cuentas” por la salida del director de Carabineros, a raíz de su formalización por el Ministerio Público, algo que la oposición trató de evitar por todos los medios.

El caso contra Yáñez. La oposición cree -no sin fundamento- que los cargos que se le imputan a Yáñez son rebuscados y que su procesamiento tiene un tinte político. Que busca reponer el tema de los abusos a los DDHH en la víspera del 5º aniversario del estallido social, aportas de una elección.

  • Una maniobra electoral de la que los acusadores responsabilizan a la mal denominada “doctrina Tohá”, algo que no se condice en lo absoluto con la verdad.
  • Desde el regreso de la democracia en 1990, todo funcionario público formalizado, civil o uniformado, debe dejar su cargo. Por esa razón el presidente Frei Ruiz-Tagle le pidió la renuncia al General director de Carabineros Rodolfo Estange cuando fue procesado por la justicia penal. Ello, pese a no tener, en ese momento, las atribuciones constitucionales para hacerlo, lo que permitió que el afectado desafiara la solicitud del presidente.
  • Las acusaciones constitucionales están muy desprestigiadas. En materia de las acusaciones frívolas, oportunistas o infundadas nadie puede tirar la primera piedra.
  • Durante el gobierno de Sebastian Piñera hubo diez acusaciones constitucionales contra ministros de Estado y dos en contra del propio presidente.  Al exministro Chadwick lo acusaron meses después que había dejado el cargo, con el único propósito de inhabilitarlo políticamente. Se destituyó al ministro de educación Harald Beyer sin ningún fundamento.
  • Carolina Tohá, es una de las cartas presidenciales del oficialismo y de prosperar la acusación, quedaría impedida de ser candidata puesto que solo faltan dos años para la elección.
  • De modo que la oposición estaría matando varios pájaros de un tiro, porque además de tapar el tema de la corrupción, retomar el control de la agenda y provocar una crisis en el gobierno, sacaría del juego a una potencial contendora en la carrera presidencial.

Medidas implementadas. Más allá del lenguaje y la terminología jurídica de rigor que se esgrime siempre en estos casos, el libelo se basa en su presunta responsabilidad política por el manejo de la seguridad pública. Sostienen que la ministra no ha sido capaz de controlar el aumento de la violencia y la criminalidad.

  • El problema es que las medidas adoptadas, que son muchas, han contado con el respaldo entusiasta de la oposición o han sido visadas por el Congreso Nacional en el que el oficialismo está en franca minoría.
  • Se aumentó el presupuesto para orden y seguridad (lo que se repite en el del 2025) se han aprobado 45 leyes, entre ellas la Naím Retamal que amplió la legítima defensa, se aumentó la dotación de carabineros en más de mil efectivos, se compraron más de mil vehículos policiales nuevos, se han construido cuarteles y comisarias, se ha movilizado a las FFAA en las fronteras del norte y decretado estados de excepción constitucional en el sur. Se están aumentando las remuneraciones de carabineros y se acaba de aprobar una asignación extraordinaria anual por desempeño.
  • Está en trámite la nueva ley antiterrorista que establece la figura del “lobo solitario”, que permite procesar a su amparo a un solo individuo. Ley que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, con los votos en contra del Partido Comunista y el Frente Amplio, en cuya tramitación la ministra Tohá, en representación del gobierno, jugo un rol clave.
  • Los acusadores tampoco señalan cuales serían las medidas que consideran adecuadas y urgentes, que se deberían haber implementado de no mediar la negligencia de la acusada; o las que ellos han propuesto y que fueron rechazadas o ignoradas por la ministra del interior.

Tohá no ha sido negligente. La verdad es que, aún en un clima de polarización extrema, las medidas para combatir la delincuencia y el crimen organizado en nuestro país han sido en su abrumadora mayoría, consensuadas entre el gobierno y la oposición.

  • Lo que implicó para las izquierdas gobernantes abandonar la mayoría de sus posturas ideológicas con las que llegaron al poder. Al punto de que en muchas materias los sectores mas radicales, como el Partido Comunista y el Frente Amplio han votado en contra.
  • Ha sido la ministra Tohá quien ha tenido que enfrentarlos para sacar adelante, junto a la oposición, las iniciativas, como por ejemplo la nueva ley antiterrorista.
  • Todos sabemos que no hay una solución única o rápida, ya que la delincuencia está arraigada en múltiples dimensiones de la sociedad. Estudios internacionales muestran que para observar mejoras sustanciales se requiere de cinco a diez años, dependiendo del contexto y de la gravedad de la situación.
  • Se puede discrepar y ser muy crítico del desempeño del gobierno en materia de seguridad; pero nadie puede decir, de buena fe, que la ministra Tohá haya sido negligente en el desempeño de su cargo, que haya dejado de hacer cumplir las leyes o puesto   en riesgo la seguridad nacional.

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