El Juzgado de Letras de Temuco acogió la demanda laboral presentada por el abogado Sergio Arévalo, quien trabajaba para el Ministerio del Interior desde 2018. Se suma a una serie de controversias en la División Jurídica de esa cartera.
Macrozona Sur. El abogado Sergio Arévalo Waddington ganó la demanda contra el Ministerio del Interior por despido injustificado. El profesional fue desvinculado tras la llegada de la ministra Izkia Siches, y el despido fue procesado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
- El Juzgado de Letras de Temuco dio por acreditado que había una relación laboral por una continuidad de contratos fijos desde 2018. Por lo tanto, calificó el despido como injustificado. Condenó al Ministerio del Interior al pago de $23.580.755 entre sumas por indemnización por años de servicio y vacaciones proporcionales, a lo que deberá sumar pagos de cotizaciones previsionales pendientes por todos los años en que trabajó para esa cartera.
- Arévalo trabajaba en los litigios del Ministerio del Interior en Temuco, donde se cursa una serie de querellas en el marco de la violencia en la Macrozona Sur.
- El profesional está en una lista de otra serie de abogados desvinculados por la ministra Siches, entre ellos varios especialistas que habían trabajado durante varios gobiernos y que habían respaldado las acciones judiciales de los gobiernos en un sinnúmero de causas en la Macrozona Sur.
La resolución. La jueza titular del Juzgado de Letras de Temuco, Marta Álvarez Basáez, resolvió que la desvinculación ejecutada por el subsecretario Monsalve fue irregular -pues determinó que existía una relación laboral- y condenó al gobierno a una serie de pagos indemnizatorios a favor del abogado demandante.
- “Existió una relación de carácter laboral que se prolongó desde mayo de 2018 al 1 de abril de 2022”, dice la resolución judicial. Por eso, “se acoge la demanda de despido injustificado y en consecuencia se condena a la demandada al pago de las siguientes prestaciones: a) Indemnización por 4 años de servicio, con tope de base de cálculo de 90 U.F., la suma $11.590.808.- b) Incremento 50% por artículo 168 letra b) del Código del Trabajo, la suma de $5.795.404.-c) Indemnización sustitutiva de aviso previo con tope 90 U.F., por la suma de $2.897.702.- d) Feriado proporcional la suma de $3.296.841”. Además, continúa la jueza Álvarez, “se condena a la demandada al pago de las cotizaciones previsionales y de salud del actor de desde 1 de mayo del año 2018 a 1 de abril del año 2022, a razón de las siguientes remuneraciones: y sujetas a los topes imponibles: 2018: $3.888.888 2019: $4.024.999 hasta 30 de junio de 2019 y $4.555.555 desde 1 de julio a 31 de diciembre de 2019 2020: $4.619.333 2021: $4.656.288 2022 hasta 1 de abril de 2022: $5.137.935”.
- El caso. En su presentación, el abogado despedido narra que su especialidad con las materias penales y que el 1 de mayo de 2018 “fue contratado por la Subsecretaria del Interior, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a fin de prestar servicios para la División Jurídica de la Subsecretaria del Interior, como asesor jurídico de las causas criminales en que el Ministerio del Interior y Seguridad Publica fuera parte. Dichas labores las ejerció desde el 1 de mayo de 2018, hasta el 1 de abril de 2022”.
- En más de 40 páginas, se describe cómo hubo asiduidad en las labores del abogado Arévalo en las distintas causas tramitadas por el ministerio en Temuco y otras comunas. Hay testimonios de testigos de esa relación laboral.
- Su responsabilidad era “la representación judicial y ejecución de estrategias procesales en la labor litigiosa penal que realizaban los abogados del Ministerio de Interior en las regiones de la Araucanía, el Bío-Bío y en la región de los Ríos, todo ello conforme las instrucciones y directrices emanadas desde el nivel central, las que me eran entregadas por el Coordinador Judicial Nacional de la División Jurídica del Ministerio de Interior”, dice la demanda acogida.
- “Cabe hacer presente, que en virtud de este vínculo laboral, suscribió en primer término un contrato que señalaba que sus labores se prestarían desde el 1 de mayo de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Antes del vencimiento de dicha fecha, se le informó que su contrato sería renovado, y es así que suscribió un nuevo documento que indicaba un plazo de vigencia desde el 1 de enero de 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019. A mediados del año 2019, hubo un cambio en el monto de los ingresos por los cuales había sido contratado, razón por la cual suscribió un nuevo contrato que indicaba una vigencia desde 1 de julio de 2019 a 31 de diciembre de 2019. Posteriormente, su vínculo fue nuevamente renovado, suscribiendo ahora un contrato desde el 1 de enero de 2020, hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
- A continuación, se renovó nuevamente su contrato, suscribiéndose un contrato con vigencia entre el 1 de enero de 2021, y hasta el 31 de diciembre de 2021, el que se renovó luego para el periodo desde el 1 de enero de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2022. Con fecha 1 de abril de 2022, durante el desarrollo de sus labores habituales y en dependencias de la oficina donde desempeñaba sus labores, fue notificado mediante una carta entregada por mano por funcionarias de la Unidad de Recursos Humanos de la Delegación Presidencial de La Araucanía, en la que se le informaba que con esa misma fecha se había decidido poner término a su relación laboral, señalándose en la referida carta lo siguiente: ‘Informo que con fecha 01 de abril de 2022 se ha decidido prescindir de sus servicios como asesor jurídico de la División Jurídica de la Subsecretaria de Interior, el cual ha sido autorizado mediante Decreto Exento RA N° 280/501/2022’. Esta carta venía fechada el 28 de marzo de 2022, y suscrita por el Subsecretario de Interior don Manuel Zacarías Monsalve Benavides”, dice parte del escrito.
Despidos. El equipo jurídico del Ministerio del Interior ha sido uno de los focos de mayor controversia de la gestión de Izkia Siches.
Actualmente, la penalista Luppy Aguirre es la directora jurídica. Reemplazó en ese puesto a Camila Barros, que era además asesora de confianza de la médica cuando llegó a Interior.
Los problemas obedecen sobre todo a la controversia en La Moneda por el manejo del Caso Huracán, luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco confirmara la exclusión del gobierno de la causa respectiva. Allí ocho personas —entre ellas Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)— fueron imputadas en 2017 como supuestos partícipes de una asociación ilícita terrorista para perpetrar atentados en el sur, pero con pruebas falsas presentadas por Carabineros.
- La exclusión del Gobierno se debió a que Interior no corrigió un error formal, cuyo origen previo está el ex abogado del ministerio Luis Martínez. El profesional aseguró a su entorno que consultó por email a su jefatura si retiraba ese delito de la acusación, pero que las abogadas Camila Barros y Javiera Corvalán no le contestaron. Martínez ya había dejado de prestar servicios a la cartera luego de quedarse dormido y no presentarse a una audiencia por el homicidio del sargento Francisco Benavides, asesinado con un tiro en mayo de 2021 en La Araucanía.
- Las desprolijidades en el área jurídica del Ministerio del Interior han generado impacto político, sobre todo en la antesala del Plebiscito de Salida del 4 de septiembre. La instrucción de Palacio al Ministerio de Interior y sus abogados ha sido de mantener una asistencia completa a las audiencias y a las solicitudes de documentación de los tribunales.
Demanda. Cuando llegó el nuevo Gobierno, el Ministerio del Interior desvinculó a seis abogados de su División Jurídica, algunos de quienes estuvieron en las dos administraciones previas de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
- Esos seis abogados presentaron una demanda laboral dirigida contra el Consejo de Defensa del Estado. “El día viernes 11 de marzo del año 2022 tuvo lugar el cambio de Gobierno, asumiendo en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, la nueva ministra, doña Izkia Siches, el nuevo Subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve, y, con ellos, la nueva Jefa de la División Jurídica, doña Camila Barros”, dice el escrito.
- “La aludida doña Camila Barros, en una primera y única reunión presencial a que fue convocada para el mismo día la totalidad de la División Jurídica, junto con invitarnos a trabajar en conjunto, nos informó que sería ella quien asumiría personalmente la coordinación de las áreas judicial y administrativa, y nos instruyó a dar cumplimiento, como primera medida, al inmediato retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado”.
- “Para tales efectos, la totalidad de los abogados del área judicial permanecimos en las oficinas hasta cerca de la medianoche, de manera de dar cumplimiento a las instrucciones de la jefatura, lo que se realizó oportuna y debidamente, el mismo día”, continúa la demanda.
- La decisión del gobierno de dejar de aplicar esta figura penal se mantuvo hasta fines de abril, cuando distintas organizaciones de camioneros realizaron bloqueos de rutas en protesta por la violencia en el sur. El Gobierno les dio un ultimátum, que, al no lograr el despeje de vías buscado, derivó en la presentación de querellas por este tipo penal. “Como jefe de Estado no puedo permitir que se impida el libre tránsito a los habitantes de nuestro país”, dijo Boric el 27 de ese mes. A fines de mayo las extendieron a los delitos de violencia rural en el sur.
- “Los días siguientes estuvieron marcados por la distancia con la nueva jefatura, de quien no recibimos ni instrucciones directas, sino por intermedio del WhatsApp de Ignacio García, quien llegó a trabajar junto a ella, ni saludos, ni asignación de nuevos trabajos”, dice la demanda.
- De los abogados desvinculados, el caso más conocido es el de Carlos Flores Larraín, quien trabajaba en Interior desde 2004 y era respetado por su alto grado de especialización en materias penales. Flores Larraín es uno de los testigos que presentó Sergio Arévalo en la demanda laboral que acaba de ganar en Temuco.
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