-¿Qué evaluación tienes del informe que presentó el Ministerio de Educación sobre los deudores del CAE?
-Es importante distinguir dos cosas. Es valioso que el ministerio haya tomado la decisión de sistematizar evidencia para el diseño de sus políticas. Hasta ahora las políticas asociadas al CAE no venían aparejadas de ningún tipo de evidencia y eso es fundamental para evaluarlas adecuadamente. Dicho eso, el informe presentado adolece de serios errores y, por lo tanto, una buena iniciativa, que es poner evidencia a disposición de la ciudadanía, se transforma en un espacio de incertidumbre que es contraproducente.
Por lo que hemos podido analizar hay problemas metodológicos serios a la luz de los resultados y es importante que se transparente cómo se hizo el trabajo y que se ponga a disposición del mundo académico y de la opinión pública las bases de datos para poder despejar las dudas con prontitud.
-¿Cuáles son tus dudas?
-La información que se entrega no coincide con todo el resto de la información que se ha recogido en Chile sobre la realidad de los profesionales. Específicamente que se diga que un 38% de los deudores del CAE ganen menos de 250 mil pesos y que el promedio sería de 45 mil pesos para ese grupo es algo que no coincide. Esto significa que un grupo importantísimo de profesionales estarían, de acuerdo a esa información, bajo la línea de la extrema pobreza. Eso ciertamente no coincide con los datos que otros instrumentos serios que maneja el país como por ejemplo la encuesta Casen. Piensa que la Casen de 2017 señala que un 6,3% de los profesionales ganaba en ese tiempo menos de 250 mil pesos.
-No calza con la distribución del ingreso en Chile.
-No tiene sustento decir que el grueso de las personas bajo la línea de la extrema pobreza son profesionales titulados. Y la explicación es que se le asignó remuneración igual a 0 pesos a las personas que el ministerio no tiene información sobre sus ingresos. Al asumir, que por no tener información, ganan 0 pesos se genera una distorsión en la información que se entrega que no se condice con la realidad.
-¿La inconsistencia la circunscribes a un asunto metodológico o también a motivos políticos?
-Hay quienes han señalado que acá hubo un esfuerzo por amplificar el universo de deudores con bajos ingresos. Yo no me atrevo a hacer esa aseveración y prefiero no juzgar intenciones. Es importante despejar las dudas. Esta información se va a utilizar para diseñar un proyecto anunciado por el gobierno que es el de la condonación del CAE y es importante que ese proyecto se diseñe sobre la base de información fidedigna y no de resultados alterados. Desde ese punto de vista es clave que se pongan a disposición los antecedentes que sirvieron de base para hacer el estudio.
En la misma línea, hay que considerar que el anuncio de condonación de las deudas del CAE tiene que materializarse pronto en un proyecto de ley que dé cuenta de los detalles de esa política. Mantener en vilo cuál es ese diseño es un desincentivo al pago de las deudas y eso obviamente va en perjuicio de una sana política de administración de los créditos universitarios. En un contexto en que la condonación universal, que fue la promesa original del Presidente Boric, cuesta alrededor de US$ 10 mil millones, urge tener claridad del diseño de la política y de los datos que sirven de base y se tiene que hacer rápido para evitar que se generen desincentivos al pago.
-¿Cómo evalúas la gestión del Ministro de Educación?
-Las prioridades del sistema educativo deben estar en la recuperación de los efectos de la pandemia y lo que hemos visto es un conjunto de iniciativas y anuncios que están disociados de esa prioridad. Por ejemplo, el principal anuncio es la condonación de las deudas del CAE y no hay claridad si será universal o focalizado. La agenda legislativa se ha concentrado en obedecer a intereses gremiales como por ejemplo la suspensión de la evaluación docente y eso no dice relación con los desafíos que el país debe asumir en materia de educación.
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