Uno de los efectos previsibles de las distintas formas de modernización es que los antiguos privilegios se devalúan. Cuando eso ocurre, suelen aparecer voces que muestran el escenario con exageración para subrayar la gravedad de su denuncia. Desde esa posición, critican cómo se destruye la vida de los demás.
Pablo Ortúzar lo sugiere en su comentado texto Sueños de cartón (2024), a propósito de la masificación de los títulos universitarios. Con una tesis similar a la de Peter Turchin en Final de partida: élites, contraélites y el camino a la desintegración política (2023), el antropólogo impugna mecanismos como el CAE. De hecho, sostuvo textualmente que dicho crédito es “una de las políticas más destructivas de nuestra historia”. El debate reapareció la semana pasada en un intercambio de opiniones y la tesis sería, más o menos, así: la universalización de los títulos habría traído consigo una creciente insatisfacción entre los nuevos profesionales. Estos últimos, retratados casi como personas sin agencia, serían carne fresca para los tiburones del Frente Amplio.
Quienes se preocupan por la masificación universitaria tienen buenas intenciones, pese a querer presentar algo esperable como un descubrimiento. Aciertan al señalar que existen campos laborales saturados y que algunos grupos de egresados (aunque no todos) aumentan las cifras del desempleo. Pero, ¿no es la falta de trabajo un desafío nacional más amplio, en el que confluyen más factores? Por otro lado, cabe preguntarse: ¿puede un alumno que careció de una educación de élite abrirse paso como profesional tras egresar de una universidad no selectiva, en un mercado presionado?
El problema podría ser el siguiente: esta discusión terminó reducida al análisis de un enfoque economicista (según el cual, a mayor generación de bienes, menor es su valor) y, por lo mismo, a una explicación monocausal. El diagnóstico concebido de esa manera es insuficiente, pues la educación superior cumple funciones que exceden con mucho el ingreso futuro de quienes la cursan.
Loreto Cox respalda lo anterior con datos. Sus investigaciones muestran que las clases con mayor disposición a restringir los estudios superiores son precisamente las altas. En otro escrito, además, da en el clavo con respecto a las remuneraciones: la crítica de quienes se percataron de que existe masificación es casi obvia, pues “es ingenuo pensar que en un sistema que se quintuplicó desde 1990 podría haber mantenido sus exorbitantes retornos”. El hecho es que los sueldos, con sus problemas, siguen siendo positivos.
Pero si los retornos económicos del título no son como antes (era imposible que se mantuvieran tan altos), debemos preguntarnos por qué la demanda por educación superior no ha cedido en la misma proporción. ¿Por qué las familias siguen considerando la universidad como un objetivo prioritario?
La respuesta probablemente se encuentre en algo que un sociólogo intuyó hace más de un siglo. Thorstein Veblen, en su libro Teoría de la clase ociosa (1899), advirtió que el espíritu humano alberga una tendencia a igualar los rangos y otra a distinguirse dentro de una base social semejante. A ese proceso lo denominó “emulación”. Veblen sostuvo que las clases de menores ingresos imitan el estilo de vida de los grupos que están en peldaños más arriba.
Seguimos viendo esa tendencia hasta el día de hoy: la imagen típica sería el profesional que quiere especializarse con un magíster. En otras palabras, la educación superior sigue siendo demandada por sus ingresos y porque modifica la posición simbólica que las personas ocupan dentro de la sociedad.
Con los títulos ocurrió precisamente eso. Incluso cuando dejaron de ser un bien escaso, continuaron funcionando como credenciales de pertenencia. El abogado o, en su caso, el ingeniero comercial, comparte un mismo lenguaje y gremio, sea de la universidad que sea. Del mismo modo, no se puede dejar de mencionar que la formación universitaria otorga nuevas herramientas para analizar el mundo en una de sus dimensiones.
Por eso es fácil cuestionar, en retrospectiva, mecanismos que generaron estas condiciones, entre ellos, el CAE. Sin embargo, lo complejo es preguntarse qué se les responde a las familias que organizaron buena parte de sus esfuerzos y sacrificios en torno a un objetivo noble: que sus hijos fueran los primeros profesionales del hogar, en la universidad que estuviera a su alcance.
Durante años, ese sistema contribuyó a dotar de cierta legitimidad al capitalismo chileno (frágil, por cierto), quitó las piedras que pateaban los jóvenes después de los doce juegos y propició una dosis de igualdad relacional. En el Chile de los años noventa, un titulado era tratado casi como una persona superior. Hoy, las mismas personas que admiraron a estos sujetos tienen un orgullo: hijos y nietos profesionales.
Las preguntas planteadas en esta columna pueden sonar simplistas. Y a riesgo de sonar caricaturesco, es probable que más de algún profesional de la Católica o de la Chile se haya inquietado en su momento al ver una gran masa de clases medias y bajas compitiendo por su puesto de trabajo. Esa situación era impensada cuando la educación dependía solo del bolsillo de los padres, de los ahorros o de créditos de consumo. Dichos temores debieron incrementarse cuando se percataron de que, a veces, habilidades como la prudencia, la inteligencia o la capacidad para rendir bajo presión pueden formar trabajadores competentes.
Desde luego, falta mucho por hacer. Hay que sancionar y perseguir a los pillos que han hecho un negocio de la mala educación. Se deben mejorar los sistemas informativos (como mifuturo.cl) y, seguramente, pensar en algunos cambios estructurales, aunque, sobre todo, conviene dejar el tono categórico. Puede servir como gancho mediático, pero es insuficiente para reflexionar sobre este asunto complejo y multicausal.
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