A propósito de la noticia publicada por Ex-Ante el pasado 30 de junio de 2026, respecto del proyecto “Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores (CL) – Río Diamante (AR)”, que habría recibido 15.993 observaciones ciudadanas en el marco de su evaluación ambiental, surge una reflexión necesaria sobre la forma en que se están desarrollando los procesos de participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Se trata de un proyecto de inversión privada, ubicado en la Región del Maule, cuyo proceso de Participación Ciudadana ya culminó, pero cuyo expediente de evaluación aún se encuentra en análisis. Más allá del caso particular, el volumen de observaciones recibidas permite abrir una discusión de fondo: cómo lograr que la participación ciudadana sea efectivamente un instrumento para mejorar los proyectos, anticipar conflictos y fortalecer la evaluación ambiental, y no solo una instancia de acumulación masiva de antecedentes difíciles de procesar.
La participación ciudadana es indispensable. Permite incorporar la mirada de los territorios, recoger inquietudes legítimas de las comunidades y advertir aspectos que muchas veces no son plenamente visibles desde una aproximación exclusivamente técnica. En ese sentido, constituye una herramienta crucial para dotar de mayor legitimidad a los proyectos y para avanzar hacia iniciativas más compatibles con las actividades, costumbres y formas de vida de los grupos humanos presentes en el territorio.
Sin embargo, la participación ciudadana no debiera medirse únicamente por el número de observaciones recibidas, sino por su capacidad real de incidir en la evaluación ambiental. Una participación efectiva requiere observaciones fundadas, vinculadas con los impactos ambientales del proyecto, comprensibles, trazables y capaces de contribuir al análisis técnico. De lo contrario, el proceso corre el riesgo de transformarse en una expresión masiva de posiciones, inquietudes o rechazos, pero con una menor capacidad de aportar a la calidad de la evaluación.
El problema, por tanto, no es la cantidad de observaciones en sí misma. Por ello, el desafío está en contar con mecanismos que permitan distinguir adecuadamente entre observaciones ambientales fundadas, inquietudes territoriales legítimas, observaciones repetidas, manifestaciones genéricas de oposición o planteamientos que, aun siendo relevantes desde el punto de vista social, requieren ser encauzados de mejor manera dentro del procedimiento ambiental.
Nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental no restringe la cantidad de observaciones ciudadanas que pueden ser ingresadas en un expediente. Y ello es razonable, porque limitar artificialmente la participación podría afectar la legitimidad del proceso. No obstante, casos de esta magnitud evidencian que el sistema requiere mejores herramientas para ordenar, consolidar, responder y dar trazabilidad a las observaciones ciudadanas, sin afectar el derecho de las personas a participar.
En este punto, el rol del Servicio de Evaluación Ambiental es clave. Como administrador del SEIA, debe orientar el proceso, entregar criterios claros y promover que la participación ciudadana se desarrolle de manera informada y pertinente. Un volumen excepcional de observaciones tensiona inevitablemente la gestión del órgano evaluador, de los organismos con competencia ambiental y también de los titulares de proyectos, generando mayores cargas de revisión, eventuales suspensiones de plazo y una extensión de los tiempos de evaluación.
Por ello, parece necesario avanzar en una revisión del proceso, no para debilitar la participación ciudadana, sino precisamente para fortalecerla. Se requiere promover instancias de participación temprana, mejorar las guías disponibles, facilitar la comprensión de los proyectos, establecer mecanismos de consolidación de observaciones similares y reforzar la articulación entre planificación territorial, políticas públicas y evaluación ambiental.
Asimismo, resulta fundamental que el Estado asuma un rol más activo en la promoción de proyectos compatibles con los territorios, especialmente cuando se trata de iniciativas que dialogan con necesidades estratégicas del país. La adecuada convergencia entre políticas públicas, inversión privada, protección ambiental y participación ciudadana ha sido históricamente una fórmula relevante para materializar proyectos necesarios para el desarrollo.
Cuando esa articulación no ocurre, los proyectos ingresan al sistema en un escenario de mayor incertidumbre, con conflictos no resueltos, comunidades que sienten que participan tarde y titulares que enfrentan procesos cada vez más extensos y complejos. El resultado no beneficia a nadie: ni a las comunidades, ni a los proyectos, ni a la institucionalidad ambiental.
La participación ciudadana debe servir para mejorar los proyectos, no para transformar la evaluación ambiental en un campo de disputa sin salida. Por eso, más que preguntarnos si hay demasiada participación, la pregunta correcta parece ser otra: cómo hacemos para que esa participación sea más temprana, más informada, más incidente y más eficaz.
Ese es el desafío pendiente.
Para más columnas en Ex-Ante, clic aquí.
Ver esta publicación en Instagram
Publicaciones relacionadas
El ecosistema no está esperando su próximo unicornio: está aprendiendo a construir negocios que alguien quiera comprar o en los que quiera invertir a largo plazo.
El fútbol es y será siempre cuestión de colectivos, por supuesto, pero en un escenario tan equilibrado como el actual, son las figuras individuales las que hacen la diferencia. Ahí está Messi en Argentina, Mbappé y Olise en Francia, Halland y Ødegaard en Noruega, Hakimi y Bellingham en Inglaterra, Hakimi y Ounahi en Marruecos, Trossard […]
La reforma silenciosa que Chile necesita puede partir por ahí: menos reacción y más seguimiento; menos acumulación normativa y más información útil; menos anuncios y una pregunta más exigente: qué ocurrió, cómo ocurrió y qué se necesita para actuar, por fin, a tiempo.
La risa sobre los políticos experimenta un curioso revival, esta vez impulsado por las redes sociales. Es una piñata de dinero que muchos intentan golpear para reventarla en forma de reproducciones en TikTok e Instagram. Atrás quedó la sátira política tipo The Clinic, CQC y las Piñericosas.
La discusión sobre el CAE puede interpretarse como un intento de resolver mediante deuda un problema que es esencialmente de solidaridad. La solidaridad, a su vez, no consiste en que nadie pague. Consiste en que nadie vea hipotecadas sus posibilidades de acceder a ciertos mínimos que como sociedad consideramos esenciales.
