La semana pasada, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) presentó su estudio sobre economías ilícitas en Chile. Las cifras dimensionan un fenómeno que durante demasiado tiempo hemos observado como una suma de delitos: narcotráfico, contrabando, comercio ilegal, extorsión, robo organizado.
Según el informe, estas actividades movilizarían más de US$5.700 millones al año –equivalentes a 1,5% del PIB– y provocarían pérdidas de recaudación fiscal superiores a US$1.500 millones anuales. Pero quizá su aporte más importante sea otro: obliga a preguntarnos si estamos entendiendo correctamente la naturaleza económica del crimen organizado.
Durante años lo hemos mirado con los ojos de la seguridad pública. Contamos homicidios, secuestros, decomisos y pérdidas fiscales. Todo eso importa. Pero su costo más profundo podría estar ocurriendo en una zona menos visible: los mercados que desaparecen, las empresas que nunca entran, la inversión que no se realiza y la productividad que se pierde.
Porque el crimen organizado no es simplemente una actividad ilegal dentro de una economía. Es una forma extrema de monopolio.
La teoría económica conoce bien el daño del poder monopólico. Un monopolista restringe la competencia, protege sus rentas, levanta barreras de entrada y reduce los incentivos a innovar. Pero el crimen organizado lleva esa lógica mucho más lejos. No necesita comprar a un rival ni superar tecnológicamente a un competidor. Puede amenazarlo, expulsarlo o impedirle entrar. Puede controlar un territorio, disciplinar proveedores, imponer precios y decidir quién opera.
El monopolista tradicional intenta dominar el mercado. El crimen organizado intenta convertirse en el mercado.
Vista desde esa perspectiva, la violencia adquiere un significado económico adicional. No es solo brutalidad. Es una barrera de entrada. La extorsión no es únicamente un delito patrimonial, sino que puede convertirse en un impuesto privado sobre la producción. El control territorial no es solo ocupación física: puede ser una concesión exclusiva impuesta por la fuerza. Y la protección criminal es una regulación paralela que determina quién participa y bajo qué condiciones.
La evidencia internacional es inquietante. La OCDE ha advertido que el crimen organizado genera costos económicos de enorme magnitud. Pero Italia ofrece quizás el laboratorio más revelador para comprender el mecanismo.
Paolo Pinotti, titular de la Cátedra de Análisis Económico del Crimen de la Universidad Bocconi, estudió la expansión de la mafia hacia regiones del sur italiano y estimó qué habría ocurrido en ausencia de esa penetración criminal. Su resultado es difícil de ignorar: la presencia mafiosa habría reducido el PIB per cápita en torno a 16% respecto de su trayectoria contrafactual. El crimen, por tanto, no se limita a redistribuir riqueza desde actores legales hacia ilegales. Puede destruir capacidad de crecimiento.
El trabajo de la doctora en Economía Alessandra Fenizia, observa el fenómeno desde el ángulo inverso. Al estudiar municipios italianos intervenidos tras detectarse infiltración mafiosa, encuentra que, cuando la captura retrocede, aumentan el empleo, el número de empresas y la actividad económica, especialmente en sectores previamente expuestos al poder criminal.
La lectura conjunta es poderosa: cuando entra la mafia, cae el desarrollo. Cuando retrocede la captura, reaparecen empresas.
¿Por qué ocurre esto? Porque el monopolio criminal altera el mecanismo fundamental mediante el cual una economía asigna recursos.
En un mercado competitivo, al menos en principio, una empresa crece porque produce mejor, innova, reduce costos o identifica una necesidad. Bajo captura criminal, puede sobrevivir la que paga, la que pertenece a la red, la que obtiene protección o la que acepta las condiciones impuestas. La productividad deja de decidir. Decide el poder.
Aquí la discusión conecta con una tradición intelectual más amplia. Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, comprendió que los propios comerciantes podían conspirar contra la competencia. El Nobel de Economía Douglass North, mostró que el desarrollo depende de instituciones capaces de estructurar incentivos y reducir incertidumbre. Los economistas y politólogos Daron Acemoglu y James A. Robinson, en tanto, distinguieron entre instituciones inclusivas, que amplían oportunidades; y extractivas, que concentran poder y rentas.
El crimen organizado puede leerse como una forma extrema de institucionalidad extractiva. Cobra, autoriza, protege, sanciona y decide quién participa. En otras palabras, comienza a ejercer funciones cuasi estatales sin legitimidad, sin control democrático y sin obligación de universalidad.
Pero el problema adquiere una dimensión todavía más grave cuando el monopolio criminal deja de operar frente al Estado y comienza a operar a través de él.
Cuando una red captura una municipalidad, una fiscalización, un permiso, una contratación pública o una cadena de protección, ya no necesita amenazar individualmente a cada competidor. Puede utilizar fragmentos del aparato público para producir el mismo resultado: restringir la entrada, seleccionar ganadores y cerrar mercados. El propio informe de la CPC identifica el terreno donde esto ocurre: vacíos y asimetrías regulatorias, debilidades de fiscalización y capacidad operativa del Estado, y problemas de coordinación institucional.
Ese es el punto en que crimen organizado y captura institucional se encuentran.
No porque el Estado y el crimen sean equivalentes. No lo son. Sino porque un Estado capturado puede transformarse en la tecnología más eficiente de un monopolio criminal. La coerción privada obtiene permisos públicos. La exclusión violenta adquiere apariencia administrativa. La red deja de operar solamente en la clandestinidad y aprende a utilizar las instituciones que deberían contenerla.
Por eso el verdadero costo del crimen organizado no aparece completo en las estadísticas policiales. También está en la inversión que nunca se realizó, en la empresa que decidió no entrar, en el competidor que abandonó un territorio, en el crédito que se encareció y en la productividad que no aumentó.
Una economía puede seguir funcionando mientras este proceso avanza. Los comercios abren, las empresas venden. El PIB incluso puede crecer. Pero bajo la superficie cambia el mecanismo de asignación: competir importa menos que pertenecer; innovar, menos que acceder; producir, menos que capturar.
Quizás esa sea la advertencia más profunda que deja el estudio de la CPC. Las economías ilícitas no constituyen una economía separada de la nuestra. Compiten con ella, la infiltran y, cuando pueden, la monopolizan.
Chile todavía está a tiempo de comprender algo que Italia aprendió pagando un costo enorme: combatir el crimen organizado no es únicamente una política de seguridad. Es también una política de competencia, productividad y crecimiento.
Un ejercicio del Bci ilustra la magnitud de lo que está en juego: si la delincuencia se hubiera contenido a los niveles de 2016, el crecimiento promedio de la última década habría sido de 2,6% en vez del 2,0% efectivamente registrado. La distancia entre ambas cifras –modesta en apariencia–, acumulada durante diez años, permite dimensionar cuánto desarrollo puede perder una economía cuando el crimen deja de ser un fenómeno periférico y comienza a alterar sus incentivos.
Porque la violencia es el instrumento. El monopolio es el modelo de negocios. La captura institucional es el mecanismo de expansión. Y el estancamiento puede ser su herencia más duradera.
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Seguridad: una agenda necesaria para el crecimiento de largo plazo. Por Roberto Cases.https://t.co/67Zwp9kgqm
— Ex-Ante (@exantecl) July 2, 2026
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