Agradezco la invitación para participar en esta sesión. Creo que el mandato recibido por esta comisión tiene enorme trascendencia para el futuro de nuestro país, en particular para la posibilidad de reafirmar el pacto de civilización que es el régimen democrático.
Chile sufrió dolorosas laceraciones como consecuencia de los odios políticos en el siglo XX. Fue muy difícil recuperar la idea matriz de que somos parte de una misma nación. Afortunadamente, la convergencia de diversas fuerzas regeneradoras creó condiciones, a las alturas de 1988, para avanzar hacia la paz, la libertad y el derecho. En las décadas siguientes, las libertades echaron raíces firmes y Chile progresó económica, social e institucionalmente.
Corresponde reconocer que el éxito de la transición fue posible porque la mayoría de las fuerzas políticas actuó con realismo y sentido nacional, pero en particular porque se produjo un empeño constructivo común de civiles y militares. Durante 37 años, hemos renovado ininterrumpidamente las autoridades en elecciones libres. La estabilidad institucional ha sido la base del progreso
Así las cosas, cuesta explicar las traumáticas convulsiones vividas por nuestro país hace 7 años, y son muchas las preguntas que siguen sin respuesta, debido sobre todo a la falta de acuerdo sobre la naturaleza y el origen de aquellos hechos. El Estado no ha cumplido con su deber de investigar a fondo lo que nos pasó. El llamado estallido social dejó mucho miedo en la sociedad, y ese ha sido probablemente el mayor factor inhibitorio del esfuerzo por hacer la luz. Sin embargo, no podemos vivir con miedo. Necesitamos encarar los hechos y extraer enseñanzas.
El 18 de octubre de 2019 no se parece a nada vivido por Chile antes. Existe una historia larga de manifestaciones, huelgas, protestas callejeras, algunas incluso con expresiones de violencia, pero no hay memoria de algo siquiera comparable a la ofensiva de violencia, destrucción y pillaje en gran escala que se desató entonces. El movimiento sindical nunca estuvo asociado al vandalismo ni al terrorismo. Tampoco el movimiento estudiantil u otras organizaciones gremiales.
Esta vez fue evidente la existencia de un plan de devastación, cuyo primer paso era romper la legalidad en las calles, crear una situación de caos, para lo cual había que golpear directamente a Carabineros y neutralizar su capacidad de asegurar el orden público. Las fuerzas policiales eran, sin duda, el enemigo a derrotar. Era, podría decirse, el sueño anarquista.
El 18 de octubre no tiene una explicación social, sino política. No fue un estallido del malestar del pueblo, como dice el relato indulgente, sino un ataque a mansalva contra nuestra convivencia llevado adelante por una coalición de fuerzas político-delictivas. Chile no estaba en crisis: fue llevado a la crisis. El objetivo fue provocar una situación de ingobernabilidad y enseguida un quiebre institucional.
La mano de obra de la destrucción y el pillaje fueron muchos delincuentes contratados, elementos del lumpen, militantes de las tribus anarquistas y sectores de izquierda que se entusiasmaron con la posibilidad de asaltar el poder. Tal confluencia no surgió por generación espontánea. Los desmanes requirieron mando, coordinación y mucho dinero. El ataque al Metro -que dañó 77 de las 139 estaciones operativas entonces-, no fue azaroso, sino la concreción de un plan que buscó quebrar la columna vertebral de la capital, y cuya materialización exigió la participación de expertos en sabotaje.
Hay quienes han destacado las manifestaciones pacíficas como el verdadero signo del 18/O, pero la destrucción de bienes públicos y privados, la caída de la economía, la desestabilización institucional, la sicosis de la población, dicen otra cosa. La violencia no fue lateral, sino central.
A fines de noviembre de 2019, el ministerio de Hacienda estimó en 1.000 millones de dólares solo los daños en infraestructura pública. Miles de personas que en septiembre tenían un puesto de trabajo lo perdieron en octubre, se derrumbaron muchas pequeñas empresas, se frenó la inversión, hubo una fuerte fuga de capitales, en fin. No es posible seguir sosteniendo el carácter supuestamente social de lo ocurrido a la luz de las calamidades que se nos vinieron encima.
En aquellos días, las iglesias quemadas fueron una prueba dramática de que Chile, casi de un día para otro, había sido arrastrado al lugar sin límites. Vimos entonces muchas miserias políticas disfrazadas de lucha contra la desigualdad.
El balance en materia de DDHH representó una dolorosa herida para nuestra sociedad. Numerosos compatriotas sufrieron directamente los dramáticos efectos de la violencia, y por supuesto que no podemos discriminar entre las víctimas. Todas cuentan, todos los sufrimientos nos importan, tantos los de los manifestantes como los de los efectivos de Carabineros. Precisamente por eso, es imperativo erradicar la violencia como método político, y defender el orden democrático, que es el soporte de los DDHH.
Sostengo que el factor determinante fue la intervención extranjera, pero no en el sentido de un eventual apoyo externo a una protesta nacional, sino exactamente al revés, o sea, una agresión gestada en el exterior que consiguió el apoyo de colaboradores nacionales, ya fuera por razones políticas o simplemente mercantiles.
La envergadura del ataque, el grado de coordinación para golpear muchos objetivos en Santiago, Valparaíso, Concepción y otras ciudades, además del evidente propósito de descomponer la vida del país, estaban fuera de las capacidades de un partido o un conjunto de partidos. ¿Se podría pensar, entonces, que las bandas del narcotráfico y otras organizaciones criminales fueron la punta de lanza de un plan sedicioso?
Ya no hay dudas, al respecto. Pero esas bandas, con los incentivos correspondientes, se pusieron al servicio de una fuerza mayor. ¿Y qué fuerza mayor pudo ser esa? Otro Estado, naturalmente, y tenía que ser uno que dispusiera de inmensos recursos y estuviera controlado por forajidos. Sostengo que el golpe principal contra Chile vino desde Venezuela.
En febrero de 2024, Diosdado Cabello, uno de los cabecillas del régimen chavista, dijo en la TV: “Cuando el presidente de Chile para la época, Piñera, vino a la frontera para invadir Venezuela, estaba autorizando cualquier cosa de nosotros en Chile”. Poco después, el 15 de abril de 2024, Nicolás Maduro sostuvo: “¿Quién fue a Cúcuta a invadir Venezuela? El recientemente fallecido, que en paz descanse, expresidente Piñera. La derecha chilena vino a apoyar una invasión a Venezuela el 23 de febrero de 2019”.
¿Qué pasó realmente aquel día? Que la población de Venezuela vivía una situación de carencias extremas y varios países de la región organizaron una campaña para acopiar alimentos y medicamentos.
Fue entonces que el presidente Piñera viajó a la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, para reunirse con Iván Duque, entonces presidente de Colombia, y con Juan Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Presionaron para que se abriera la frontera y pudiera entregarse la ayuda reunida, pero la frontera no se abrió, por lo que todo se redujo a un acto por la libertad de Venezuela.
La frase de Diosdado Cabello de que aquella fantasmal invasión implicó autorizar “cualquier cosa de nosotros en Chile” fue toda una confesión. Estamos, pues, obligados a conectar febrero de 2019 (Cúcuta) con octubre de 2019 (Santiago). Muchos delincuentes fueron liberados de las cárceles venezolanas con la condición de que vinieran a Chile.
Quienes definieron los puntos que iban a ser atacados en Santiago y otras ciudades buscaron dejar malherido a nuestro país y hundirlo en el caos al precio que fuera necesario. Se buscó provocar la caída del gobierno legítimo y causar un retroceso económico e institucional del que Chile no pudiera recuperarse en mucho tiempo. Era la “brisa bolivariana”, a la que aludió Diosdado Cabello cuando estalló la violencia.
El hecho de que entonces mucha gente haya salido a las calles en forma pacífica y reclamando por diversas causas, no anula el sello antisocial y antidemocrático de lo ocurrido. Esa gente ignoraba lógicamente quiénes eran los que movían los hilos en las sombras.
En rigor, Chile enfrentó un proyecto golpista de última generación, con apariencia de rebeldía social, que combinó el vandalismo en gran escala con las acusaciones constitucionales en el Congreso. Llegará el momento en que se habrán acumulado las pruebas sobre quienes actuaron contra nuestro país.
En febrero de 2024, fue secuestrado desde su hogar en Santiago el exteniente venezolano Ronald Ojeda por sicarios que vestían falsos uniformes de la PDI. Ojeda era un firme opositor a la dictadura chavista y había obtenido refugio en Chile. Fue asesinado en las horas siguientes y enterrado en una zona de Maipú.
En abril de 2025, la fiscalía ya tenía la certeza de que el asesinato fue organizado desde Caracas. El 2 de octubre de ese año, el fiscal Héctor Barros afirmó que los antecedentes de la investigación permitían afirmar que quien pagó al Tren de Aragua por este crimen fue Diosdado Cabello. Ese horroroso crimen mostró la confianza con que actuaban los agentes del chavismo en nuestro país, y ha proyectado una potente luz retrospectiva sobre el 18/O.
Ya hay 19 imputados del Tren de Aragua, acusados del crimen de Ojeda y también del asesinato del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez, ocurrido en abril de 2024. Hace una semana, el presidente de Colombia autorizó el traslado desde Colombia a Chile de Larry Amaury Álvarez Núñez, venezolano, uno de los fundadores de la organización criminal Tren de Aragua. Este será juzgado en nuestro país por asociación ilícita, secuestro, terrorismo, financiamiento del terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión agravada y lavado de dinero.
En los días posteriores a los terremotos en Venezuela, el periodista venezolano Casto Ocando, informó en su podcast de YouTube que la DEA, la agencia de control de drogas de EE.UU., tiene antecedentes de que operadores vinculados a Diosdado Cabello ocupaban apartamentos en una amplia zona metropolitana de Caracas y el litoral central para ocultar grandes cantidades de dinero, que se usaban para financiar campañas electorales y diversas operaciones políticas en varias naciones latinoamericanas. Agregó que “parte de ese dinero sucio fue utilizado para financiar revueltas en países como Colombia y Chile”.
La más dura lección de lo ocurrido hace 7 años y de las secuelas que vinieron es que la democracia puede debilitarse al extremo y quedar en riesgo de sucumbir si se extienden diversas formas de deslealtad con ella, como ocurrió en el ámbito de los partidos. Al amparo de las libertades, hubo quienes buscaron socavar sus bases, frente a lo cual quedaron al descubierto las flaquezas institucionales. El Estado fue sorprendido sin defensas adecuadas.
La Agencia Nacional de Inteligencia estaba muy lejos de cumplir con las exigencias de un organismo con real capacidad de resguardar la seguridad nacional. Es evidente que las FFAA y las instituciones policiales no estaban preparadas para enfrentar la amenaza conjunta del crimen organizado y el extremismo político, cuyos intereses fueron convergentes en 2019.
Hace muy bien la Cámara de Diputados al intentar establecer la verdad sobre 2019. Ello no será fácil, porque hay intereses creados y algunos quisieran echar tierra a este asunto, pero es indispensable avanzar hacia la verdad. El país no puede resignarse, y mucho menos contarse un cuento a sí mismo. En el esclarecimiento de los hechos se juega la dignidad nacional.
¿Qué deberíamos haber aprendido? Que las libertades pueden ser usadas para socavar la democracia. Que se paga muy cara la condescendencia con quienes sostienen que el fin justifica los medios. Que es una actitud moralmente torcida proclamar la defensa de los DD.HH. y, al mismo tiempo, propiciar el hundimiento del orden legal que les da sustento.
Tendríamos que haber aprendido que cuando las libertades están amenazadas, y cualquiera que sea el origen de esa amenaza, lo único coherente es resistir. Tendríamos que haber aprendido también que necesitamos estar alertas frente a los discursos que, en nombre de la justicia, validan el atropello, la barbarie y el quiebre de la legalidad que nos protege a todos.
Finalmente, tendríamos que haber aprendido que la democracia no se defiende sola. Siempre necesita defensores.
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