Para sorpresa de nadie, esta semana no prosperó en el Senado la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Y a pesar de que la principal razón del rechazo fue la falta de apoyo de senadores independientes, la noticia fue la división que se produjo en la bancada oficialista. Mientras que un sector votó por acoger el libelo, otro votó por rechazarlo. El resultado dejó a la vista una foto incómoda para el gobierno de Kast, que sugiere que a la cabeza del país hay una coalición que no logra alinearse en un ejercicio que ella misma había impulsado.
De algún modo, esto se puede leer como la primera fractura importante del bloque, que además anticipa un problema mayor en la disciplina, que tendrá efectos sobre votaciones más exigentes. En esa versión, el fracaso de la AC contra Grau funciona como el primer indicio de una tendencia de errores no forzados, encontrones, y desavenencias que vendrán en los próximos años.
La pregunta relevante, entonces, es si la AC es efectivamente el indicador correcto para medir la cohesión de una coalición de gobierno.
La respuesta es que no. Las acusaciones constitucionales rara vez prosperan, y su desenlace suele estar decidido antes de la votación misma. Producen ruido político, titulares y episodios de tensión visible, pero no cambian las trayectorias de los gobiernos que las apoyan ni la de los proyectos que impulsan. Por lo mismo, los resultados de las AC, en general, son esencialmente simbólicos en el paisaje político, con consecuencias personales para los acusados pero no para las coaliciones que las promueven. Naturalmente, entregan poca información sobre la capacidad real de gobiernos para empujar agendas estructurales más amplias.
La megarreforma es el ejemplo más claro de lo compartimentalizado que son las AC, y su limitada utilidad para sacar conclusiones mayores. Ese proyecto pasó en general tanto en la Cámara como en el Senado, en este último caso por 26 votos contra 23, con la derecha votando unida. Es decir, el mismo bloque que se dividió en la AC contra Grau votó junto en el proyecto que busca reordenar la institucionalidad económica del país.
Por lo demás, el resultado del proyecto de ley es significativamente más importante que la AC. Es, por ejemplo, lo que la ciudadanía va a leer en su boleta de la luz, pagar en su arriendo o colegiatura o ver en la tasa de desempleo. La AC contra Grau, en cambio, quedará como una nota al pie de lo que hizo esta administración. En el mejor de los casos será leído como continuidad a la seguidilla de ACs que se están impulsando desde el estallido social.
La distinción importante, entonces, es entre forma y fondo. Una coalición se prueba por su capacidad de producir resultados legislativos concretos, y no por la uniformidad de sus gestos en cada votación. Que las dos tradiciones que componen el bloque coincidan en lo estructural y difieran en lo simbólico refleja más una división funcional del trabajo que una fractura política. En la AC, la diferencia de posturas expresa discrepancias estratégicas ante una decisión de impacto transitorio. En la megarreforma, la convergencia expresa un diagnóstico compartido para decisiones de mediano y largo plazo.
El mejor contraargumento, quizás, es que la visibilidad de la división tiene costos. La idea es que votar de forma dividida le da titulares a la oposición, alimenta la narrativa de descontrol, y erosiona la imagen de conducción del Ejecutivo. La crítica es legítima, en tanto un gobierno que parece fracturado tiene mayor posibilidad de perder capital político que uno que parece unido, y eso sí tiene un efecto negativo sobre la agenda legislativa de fondo.
Ahora bien, una coalición que vota igual en todo (en temas de forma como la AC y en asuntos de fondo como la megarreforma) termina obligando a sus miembros a endosar ideas que no son suyas. Y esa aparente disciplina se paga en identidad.
Basta mirar lo que pasó bajo el gobierno anterior para constatar el punto. La centroizquierda tradicional, compuesta por el PS, el PPD y la DC, operó exactamente bajo la lógica opuesta a la que hoy exhibe la centroderecha (RN, UDI, Evópoli). En vez de resistirse y ofrecer una vía del medio, se unió al ejecutivo del momento, endosando cuanto proyecto o AC mandara al Congreso. Así, el eje conformado por el Frente Amplio y el Partido Comunista absorbió al socialismo democrático y lo relegó a vagón de cola por cuatro años, a pesar de que varios de sus parlamentarios tenían diferencias reales con el proyecto oficialista.
El resultado fue desastroso. Perdieron identidad política, perdieron capacidad de negociación y perdieron elecciones. La disciplina absoluta de la centroizquierda con el gobierno de Boric los terminó transformando en irrelevantes. Los cuatro años de sumisión les costaron la posibilidad de proyectarse como alternativa de gobierno.
La centroderecha está en la posición inversa. Si bien también hay dos tradiciones distinguibles dentro de un marco común, las diferencias se expresan según el tipo de votación. Hasta ahora, se diferencian en lo simbólico y convergen en lo estructural. La configuración es funcional mientras se mantenga esa separación. Si votaran igual en todo empezaría a repetirse el patrón que dejó al gobierno anterior sin proyecto, sin votos y sin identidad.
La grieta que esta semana se puede leer como problema es, también, una señal de que el bloque conserva algo que la coalición anterior perdió, la capacidad de discrepar en la forma sin ceder en el fondo.
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