En la coyuntura crítica del estallido social de 2019 y los años que le siguieron vimos cómo la centroizquierda capitulaba frente al avance entonces irrefrenable del Frente Amplio en alianza con el Partido Comunista. No son 30 pesos, son 30 años, fue aceptado por quienes habían protagonizado la experiencia de gobierno continuo más prolongado y exitoso de la historia chilena contemporánea.
Vimos con estupor a actores relevantes de la transición y de las dos décadas continuadas de gobiernos concertacionistas renegando de sus obras y abandonando sus principios y conceptos para subirse a la ola empujada por una generación política que venía a reemplazar a sus liderazgos y a sus partidos para refundar el país o, al menos, rehacer la política progresista desde cero.
Así fue como la izquierda y el centro concertacionista, empujados por el temor, asediados por las redes sociales y acosados por el discurso tonitruante de la alianza PC-FA, terminó haciendo suyas iniciativas que le eran completamente ajenas, como los retiros de fondos previsionales, las acusaciones constitucionales indiscriminadas, la condescendencia frente a la violencia en las calles, la desconfianza radical del mercado y la empresa privada, el fundamentalismo ecologista y la focalización en las minorías en desmedro de la preocupación por las grandes mayorías trabajadoras.
El desiderátum de esta capitulación se expresó en la ausencia de protagonismo en la Convención Constitucional y en el respaldo de todos los partidos de centroizquierda a una propuesta de nueva constitución muy ajena a sus tradiciones e ideología.
La centroizquierda sufre todavía de ese periodo en que perdió el orgullo de su condición y de su historia, y aunque más tarde fue llamada como salvavidas del naufragio del gobierno hijo del octubrismo y se convirtió prácticamente en su columna vertebral, está por verse todavía si consigue recuperar su identidad y su diferencia para ofrecer al país nuevamente una alternativa de gobernabilidad y cambio suficientemente creíble.
La pregunta que nos hacemos es si los partidos de centroderecha agrupados hasta hace poco en Chile Vamos, que lograron ganar el gobierno en 2009 y luego en 2018, correrán la misma suerte a manos de Republicanos y su extensión en Nacional Libertarios.
Lo ocurrido con la acusación constitucional en la Cámara y en el Senado nos ilustra que en el caso de la derecha el partido está todavía por jugarse y recién estamos en los prolegómenos. Es cierto que el candidato presidencial Republicano ganó por lejos a Chile Vamos la primaria opositora en la que se convirtió la segunda vuelta presidencial y que el Partido Republicano eligió el mismo número de diputados que la UDI y RN juntos, pero también es cierto que tiene sólo 5 de los 26 senadores alineados del centro a la derecha y que Renovación Nacional tiene la bancada más numerosa del Senado actual.
Republicanos optó por empujar una acusación constitucional contra el exministro Grau a sólo horas de conocerse el Informe de Finanzas Públicas, sin esperar al análisis de la existencia de ilícitos constitucionales o legales, y lo hizo sin diálogo previo con las demás fuerzas oficialistas, peor aun, optó por concertarse para la presentación del libelo con un partido definido por su líder como de “oposición amigable”.
Lo hizo sin análisis previo ni diálogo con el gobierno liderado por uno de los suyos, sin consideración a la oportunidad de introducir en el escenario un elemento de tanta polarización política y de distracción del foco comunicacional cuando la aprobación de la ley más importante para el gobierno buscaba infructuosamente respaldos más allá de los propios y requería concentrar la atención de los medios para convencer a la opinión pública de su necesidad para recuperar el crecimiento económico, que es una de sus tres principales promesas.
Tampoco consideró el riesgo de introducir una cuña divisoria en la derecha ni evaluó la escasa posibilidad de éxito de la acusación, generándole una derrota completamente innecesaria al oficialismo.
Pese a todo lo anterior, la condición de mayoría indiscutible de la derecha en la Cámara (Republicanos, Socialcristianos y Nacional Libertarios suman 42 diputados), con Chile Vamos aún en reflexión sobre su vigencia y con sus partidos todavía buscando su espacio y protagonismo en el gobierno, le permitió a Republicanos conseguir alinear a la UDI y buena parte de RN detrás de una acusación considerada transversalmente como expresión paradigmática del abuso de ese instrumento constitucional que sufrió el país en las dos legislaturas anteriores.
Victoria pírrica, lograda reviviendo el acoso a la “derechita cobarde” y la división oficialista, y otorgándole nuevamente el rol de fiel de la balanza al Partido de la Gente liderado en la Cámara por la diputada Pamela Jiles.
Pero en el Senado, como era previsible, no consiguió los 26 votos que exigía su aprobación y en verdad estuvo muy lejos de lograrlo. Si en la Cámara de Diputados sólo hubo 5 valientes (4 RN y 1 Evopoli) para resistir la presión de Republicanos, en la Cámara Alta no concurrieron a aprobarla 10 de los 26 senadores oficialistas e incluso uno de sus capítulos recibió sólo 10 votos favorables, sólo 3 de los 5 senadores del partido que presentó el libelo.
Un severo raspacachos al atolondramiento de la bancada republicana de la Cámara, a su comportamiento como fuerza opositora minoritaria y no como el principal partido de gobierno en el que se convirtieron, a su decisión de revivir la deleznable práctica de abusar de las acusaciones constitucionales para marcar una posición política y, por último, un paralé a su propensión a revivir el conflicto en la derecha ahora que deben convivir y articularse en el gobierno.
Resistieron la presión de Republicanos el senador de Evopoli Luciano Cruz-Coke, también Matías Walker, Miguel Ángel Calisto y Enrique Lee, de la misma bancada, la presidenta del Senado Paulina Núñez, que votó derechamente en contra de todos los capítulos de la acusación, la presidenta de Renovación Nacional Andrea Balladares, los senadores RN Manuel José Ossandón y Andrés Longton, el vicepresidente del Senado Iván Moreira (UDI) y el senador Rojo Edwards, ex militante de Republicanos.
Este revés del Partido Republicano tendrá sus efectos, no cabe duda, particularmente en el reforzamiento de la resistencia en RN y también en la UDI a someterse a los dictados hegemónicos del partido del presidente de la República. Los principales liderazgos públicos de Renovación Nacional -Paulina Núñez, Manuel José y Ximena Ossandón, Diego Shalper, Andrés Longton y Andrea Balladares- sacaron la voz para defender con vigor que la valentía no está en la comodidad de mantenerse radical e intransigente para que te aplauda tu barra brava, sino al revés, en salir de las trincheras para buscar entendimientos beneficiosos para el país.
Y aunque en la UDI, como es habitual, privilegiaron un comportamiento uniforme, el acuerdo que se está fraguando con Jorge Alessandri y Pablo Longueira para dirigir el partido en la etapa que viene, presagia la recuperación de la iniciativa partidaria y de su aspiración consuetudinaria a liderar a la derecha.
Bien harían Renovación y la UDI en mirar la experiencia de los partidos de centroizquierda para no repetirla avanzando en la ruta hacia la irrelevancia, así como la del Partido Popular de España, que al tomar el discurso de Vox no hizo otra cosa que permitir su crecimiento, proceso que se invirtió sólo cuando retomó su lugar de derecha central hablándole a las mayorías y volvió a disputar el centro de las preocupaciones ciudadanas.
En Chile, después de dos experiencias radicales en las antípodas una de otra, es probable que resurja una demanda mayoritaria de partidos que se sitúen más cerca del sentido común y de liderazgos que privilegien los acuerdos nacionales. Es una oportunidad para el resurgimiento tanto de la centroizquierda como de la centroderecha, y por qué no, quizás también una oportunidad para la colaboración de ambas.
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