Sabemos de sobra que, con las mejores intenciones, podemos actuar de un modo que puede provocar efectos no previstos, incluso daños que ni se nos pasaron por la mente. Es el antiguo problema de los remedios, supuestamente beneficiosos, que resultan peores que la enfermedad. Con las políticas públicas puede pasar algo semejante, pero multiplicado por mil debido a la irradiación que puede alcanzar la acción del Estado.
Por eso, es indispensable que los gobernantes y los legisladores reflexionen siempre sobre las implicancias morales que pueden tener las leyes. Si queremos que la sociedad mejore, es indispensable debatir con rigor acerca de las eventuales vías de mejoramiento moral y cultural, sin dejarnos llevar por aquello que, en un momento, luce más llamativo o consigue aprobación en las encuestas.
Es el caso del “registro de vándalos e incivilidades”, propuesto por el gobierno como una forma de inhibir las acciones que dañan los bienes públicos. El objetivo de combatir los actos antisociales es enteramente justo, además de compartido por la inmensa mayoría de la población, sobre todo después de las consecuencias del estallido falsamente social, que alentó el vandalismo en gran escala.
Sin embargo, no deberíamos hacer nada que segregue de manera irrevocable a quienes han cometido ilegalidades, como si los condenáramos definitivamente, sin ofrecerles ninguna posibilidad de regeneración. En el caso del vandalismo, estamos hablando sobre todo de jóvenes que, por diversas razones, se han extraviado y hasta carecen de brújula familiar. ¿Podría convertirse su participación en esos actos en el primer paso hacia una vida al margen de la ley? Claro que sí. El reto es, entonces, cómo impedirlo, cómo bloquear la posibilidad de que deriven hacia la delincuencia.
La sociedad tiene que castigar los delitos, pero no condenar irremisiblemente a quienes los hayan cometido. Nadie deja de ser persona, con capacidad de aprender y rectificar. Estigmatizar como ‘vándalos’ a quienes han participado en desmanes o dañado la propiedad pública o privada es como adjudicarles una caracterización esencial de la que no podrán zafarse. Mal camino.
La profesora Ana María Stuven llamó la atención en una reciente columna (El Mercurio, 27 de junio) acerca de la visión del Papa León XIV sobre la dignidad de toda persona. Recordó que en su visita a la cárcel Brians 1, en Barcelona, dijo ante cientos de mujeres y hombres privados de libertad que “los errores de la vida no determinan la identidad de una persona”. Ser cristiano, les dijo el Pontífice, no consiste en no equivocarse, y ningún pasado debe condenar el futuro.
“Ningún pasado”, dice León XIV. Vale la pena reflexionar sobre ello. En Chile, se conecta con la noción de justicia con clemencia que, por desgracia, no ha sido acogida por quienes, en el Congreso, deberían favorecer una fórmula humanitaria para que los presos viejos y enfermos vayan a sus casas, incluidos naturalmente los militares y policías condenados en casos de DD.HH. El razonamiento de que estos últimos cargan con una identidad que no admite clemencia es, precisamente, el obstáculo a remover para que la sociedad sea mejor. Se trata de no reducir a un ser humano a su crimen.
Edgar Morin sostiene: “La idea arcaica de la justicia por el talión y el castigo está profundamente arraigada en nosotros. La siento como cualquier otro, pero también siento la inanidad de la venganza y sé que el mal cometido es irreparable; precisamente por ello debemos hacer cualquier cosa, no solo para impedir que la injusticia y el mal triunfen, sino también para intentar impedir el contagio del mal en nosotros mismos” (Mis demonios, Kairós, 1995).
Tenemos que sostener el orden democrático y aplicar las leyes, pero no perder de vista la necesidad de humanizar la sociedad. ¿Aceptamos la posibilidad de cambio y reinserción de quienes cometieron un delito? ¿Existen el arrepentimiento y el deseo de redención? Si es así, será mejor entonces no crear categorías de personas intrínsecamente culpables.
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