Existe hoy una creencia cada vez más extendida y profundamente arraigada de que la economía no es más que una ideología hábilmente disfrazada de ciencia. Se argumenta con frecuencia que sus conclusiones no son el resultado de un análisis riguroso de la realidad, sino que reflejan meras preferencias políticas o sesgos de quienes la practican. Bajo esta óptica, el economista es percibido, en el fondo, como un defensor encubierto de la economía de mercado o el capitalismo en sus diferentes versones, un técnico cuya labor principal es justificar sus resultados.
Esta percepción es, hasta cierto punto, comprensible: la economía, por su propia naturaleza, llega a menudo a conclusiones incómodas para todo el espectro político, desafiando tanto las utopías de la izquierda como los dogmas de la derecha. Sin embargo, a pesar de su popularidad, esta creencia está fundamentalmente equivocada y se basa en un desconocimiento de qué estudia la economía y de cómo lo estudia
La ciencia económica es el estudio sistemático de cómo los individuos y las organizaciones toman decisiones bajo restricciones, asumiendo que dichas decisiones se toman con el fin de maximizar el bienestar individual o global según sea el problema estudiado. Su método es el de cualquier ciencia: observar fenómenos, formular hipótesis/modelos formales, contrastarlos con datos y revisar las conclusiones. Por ende, lo que realmente distingue a la economía de la simple opinión informada o del comentario político es que sus proposiciones son falsificables.
Sus herramientas no son solo teóricas; se apoyan en la econometría avanzada, la psicología conductual, la ciencia política y los experimentos naturales y aleatorios. Un hito crucial ocurrió entre los años 60 y 70, cuando la disciplina expandió su horizonte: ya no solo se consideraron las restricciones de recursos físicos, sino que también se integraron las restricciones de incentivos. Este avance permitió entender la relación “principal-agente”, en la que un principal (el Estado, un gerente o un padre) enfrenta limitaciones estructurales para inducir el comportamiento deseado en otros agentes (ciudadanos, empleados o hijos), dado que las preferencias y objetivos de ambos no suelen estar alineados.
¿Por qué es vital defender este carácter científico? Porque las decisiones de política económica tienen consecuencias reales, tangibles y duraderas para la gran mayoría de los ciudadanos. No es un accidente estadístico ni un simple acto de buena voluntad que el 67% de los chilenos viviera por debajo de la línea de pobreza en 1990 y que hoy esa cifra se haya reducido al 8%. Este progreso histórico es el resultado directo de políticas públicas que la ciencia económica ayudó a diseñar, sostener y corregir a lo largo del tiempo.
La economía no es una disciplina que prometa soluciones simples ni mágicas; al contrario, su mayor contribución consiste en demostrar que los problemas sociales son extremadamente complejos. Tomemos como ejemplo la innovación tecnológica. A primera vista, el sentido común dictaría que a mayor competencia, mayor innovación.
Sin embargo, la ciencia económica ha demostrado que la relación tiene, en realidad, una forma de “U invertida”: tanto la competencia excesiva (que elimina las rentas necesarias para invertir) como la competencia insuficiente (que genera complacencia) inhiben el progreso. El análisis muestra que los factores determinantes incluyen el acceso al financiamiento, la tolerancia al fracaso y la estructura de los derechos de propiedad. Reducir este análisis a una simple correlación solo puede derivar en la implementación de políticas erróneas que asfixiarán el motor del crecimiento.
El campo de los impuestos ofrece otro ejemplo. Es una tentación política pensar que subir las tasas impositivas implica automáticamente una redistribución de la riqueza y que bajarlas favorece exclusivamente a los más ricos. No obstante, la teoría y la evidencia empírica muestran una realidad mucho más sutil y compleja.
Lo que verdaderamente importa, dentro de márgenes razonables, no es la tasa nominal, sino la base tributaria, el diseño de la estructura y los incentivos que esta genera en los contribuyentes. Un impuesto al ingreso con una base demasiado estrecha —como ocurre hoy en Chile, donde cerca del 80% de los trabajadores están exentos— recauda poco, debilita el contrato social de corresponsabilidad y obliga al Estado a sobrecargar el IVA, un impuesto regresivo en el corto plazo.
Asimismo, impuestos al patrimonio mal diseñados suelen ahuyentar la inversión de largo plazo sin lograr recaudar lo previsto, como lo demuestra la experiencia de los pocos países que aún los aplican. Diseñar un sistema tributario que sea justo y eficiente requiere conocer estas regularidades empíricas; las buenas intenciones, por sí solas, no recaudan ni redistribuyen.
Lo mismo sucede en el mercado laboral, en la educación superior o en la política de competencia. En cada dominio, la economía ofrece una distinción que el debate no experto suele ignorar: la diferencia entre lo deseado y lo posible, entre consecuencias previstas e imprevistas, entre creencias y hechos. El caso de la gratuidad universitaria en Chile es ilustrativo. Aunque fue diseñada con la noble intención de ampliar el acceso y reducir la segregación, la evidencia muestra que ha terminado por desfinanciar a instituciones clave y no ha logrado sus objetivos.
Finalmente, es imperativo reconocer que, en economía, las conclusiones dependen de supuestos sobre el funcionamiento del mundo que deben ser cuestionados y adaptados. Por ejemplo, importar modelos de países nórdicos sin considerar las diferencias en las normas sociales, el grado de desarrollo relativo y la calidad de las instituciones locales es un error metodológico grave. Como han demostrado autores de la talla de Acemoglu, Robinson o Lucas, las instituciones —las reglas del juego que estructuran los incentivos— son tan determinantes para el desarrollo como el capital físico.
¿Para qué sirve, entonces, la ciencia económica? No para legitimar un modelo social dado, sino para formular mejores preguntas, distinguir la causalidad de la correlación y anticipar efectos de segundo orden que el sentido común suele ignorar. Los costos que implica ignorar la opinión de los economistas bien entrenados no son abstracciones teóricas; son consecuencias concretas para las personas, quienes merecen que sus líderes tomen decisiones basadas en la evidencia, la racionalidad económica y el contexto cultural.
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El “Inbox” Escolar y el Gran Acertijo de los Derechos ARCOP. Por Soledad Alonso.https://t.co/Ic3LIZQ1Bz
— Ex-Ante (@exantecl) June 23, 2026
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