Hay consenso en que el propuesto “crédito tributario para la protección de los empleos formales” tiene un costo fiscal que conviene reducir. También se reconoce su valor para frenar y revertir el aumento en la tasa de desempleo. Esta columna argumenta que este incentivo también es un motor de crecimiento económico a mediano plazo.
En Chile, el empleo existe en tres modalidades: el informal (que opera al margen de la ley), el formal exento de cotizar (independientes cuyos clientes no piden boleta de honorarios) y el empleo dependiente formal. Este último está sujeto a una alta carga de seguridad social, que subirá hasta casi 30% del sueldo bruto. Aquí nace una distorsión de base.
La evidencia indica que el trabajador representativo valora los beneficios asociados a sus cotizaciones en solo la mitad del desembolso que ellas significan. Esto transforma a la seguridad social, a ojos del trabajador representativo, en un gravamen neto, cercano al 15% de su sueldo. A ese gravamen percibido se suman los frenos al empleo dependiente formal creados por la ley de 40 horas y las alzas de salario mínimo legal sin respaldo de productividad.
Dadas estas distorsiones, el crédito fiscal no debe leerse como un “subsidio distorsionador”, sino como una herramienta rectificadora que compensa el gravamen percibido y los frenos citados, que han empujado a miles a la informalidad y al cuentapropismo sin cobertura de seguros ni pensiones.
También hay una externalidad: la literatura económica identifica a la experiencia laboral como una de las principales fuentes del crecimiento económico. Un estudio de Hsu y Leyton (2025) marca un hito al demostrar que en Chile la velocidad de aprendizaje es el doble de rápida en empleos dependientes formales que en empleos informales o exentos. Tras dos décadas de carrera, quien trabajó en el sector cubierto elevó su capital humano y salario real en un 41%, mientras que en la informalidad el aumento apenas fue 21%. El empleo dependiente formal genera una externalidad positiva de mediano plazo.
Los mecanismos tras esta externalidad son muchos: las organizaciones que emplean trabajadores formalmente tienden a ser más estandarizadas y optimizadas, por lo que favorecen el aprendizaje. También tienen mayores incentivos para invertir en entrenar, sea explícitamente o no, a sus trabajadores.
Por el contrario, el empleo en unidades productivas pequeñas y estancadas tiende a ser informal o exento. Independientemente de los mecanismos, la lección de los datos es nítida: en este crédito fiscal se juega una palanca que impulsa hacia una economía más productiva en el mediano plazo.
Las limitaciones de información que enfrenta el Estado dificultan focalizar el crédito fiscal. En Chile la rotación de contratos laborales llega a 37% anual (más que duplicando el 12-18% europeo). En los segmentos de menores ingresos, la rotación llega a superar 50%. Por esto, a la vuelta de 3 años casi todos los contratos son nuevos en el segmento de mayor interés.
Proponemos otorgar el crédito fiscal a los empleos dependientes formales a partir del séptimo mes contado desde el nacimiento del contrato, durando hasta que éste cumpla 4 años. No se justifica mantener el apoyo si en 4 años un trabajador no ha aumentado su productividad lo suficiente para salir del rango de remuneraciones apoyadas. También el crédito debería abarcar empleos dependientes formales con menos de 30 horas por semana, preferidos por muchas mujeres. El sistema debería ser evaluado y ajustado cada dos años, con una prioridad: crecimiento.
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Chile puede crecer al 4%. Por Carlos Cruz.https://t.co/3CZC1MeWPj
— Ex-Ante (@exantecl) June 17, 2026
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