Qué sucedió. El Gobierno busca ampliar de cinco a diez años la garantía para defectos en las instalaciones en viviendas sociales. El proyecto de ley, que el Ministerio de Vivienda espera ingresar durante el segundo semestre, surge en medio de la preocupación por los altos costos que, según plantean las autoridades, ha debido asumir el Estado para reparar proyectos con fallas constructivas.
Qué ha dicho Poduje. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, señaló a El Mercurio que “las fallas constructivas corresponden a problemas de habitabilidad que afectan a viviendas financiadas por el Minvu poco tiempo después de su entrega, incluso dentro del periodo de garantía legal”.
Las razones. En el Ejecutivo sostienen que el eventual encarecimiento de los proyectos debe contrastarse con el costo que hoy asumen los contribuyentes para reparar viviendas con fallas constructivas.
Las cifras del Minvu. Detrás de la ofensiva de Poduje existen antecedentes recopilados por el Minvu, donde solo este año el Estado podría desembolsar cerca de 3 millones de UF —equivalentes a unos $120 mil millones— para reparar deficiencias de construcción detectadas en proyectos habitacionales desarrollados en años anteriores.
Qué dice la Cámara Chilena de la Construcción. Representantes de la industria advierten que una extensión de las garantías podría traducirse en mayores costos para el desarrollo de nuevos proyectos habitacionales.
Mesa técnica. Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), explica que la posventa es “una fase muy relevante para la industria” y que existe un trabajo permanente para “mejorar sus niveles de satisfacción”.
Efecto económico. Claudia Sepúlveda, gerente inmobiliario de GPS Property, señala que “extender de cinco a diez años la responsabilidad por defectos en elementos constructivos e instalaciones apunta a fortalecer la protección de las familias y elevar los estándares de calidad de las viviendas”.
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