Se inició en el Senado la discusión del Proyecto de Reconstrucción, y la discusión sobre la “redistribución” está más vigente que nunca. Así se pudo observar durante el debate en la Cámara de Diputados, donde volvió a emerger una confusión que Chile arrastra desde hace años: hablamos de redistribución como si solo existiera cuando la realiza el Estado. La crítica de la oposición fue conocida: el proyecto favorecería a grandes empresas y reduciría recursos para gasto social. Pero ese argumento descansa en un supuesto discutible: que los recursos que el Estado deja de recaudar se pierden para la sociedad.
Los recursos no se pierden. Permanecen en manos de personas, familias, empresas y comunidades que toman decisiones todos los días. Algunas serán mejores, otras peores. Pero son decisiones reales. El problema es que nuestra discusión pública tiende a verlas como si no existieran. Llamamos redistribución a lo que pasa por el presupuesto público, y dejamos fuera todo lo demás.
Antes de que el Estado redistribuya un peso, ya hay una distribución social en marcha. Una empresa que contrata a un joven sin experiencia distribuye oportunidades. Una pyme que sostiene empleos en un período difícil comparte riesgos. Una familia que cuida a un adulto mayor redistribuye tiempo e ingresos. Una fundación que acompaña a niños vulnerables entrega presencia y futuro. Nada de eso aparece con la solemnidad de una glosa presupuestaria, pero también cambia vidas.
La pregunta relevante no es simplemente si redistribuir o no. Toda sociedad redistribuye, de muchas maneras. La verdadera pregunta es quién decide, con qué información, desde qué cercanía y a qué costo.
Cuando se propone ampliar la redistribución estatal, la comparación no debiera ser con un vacío. Debiera ser con lo que habría ocurrido si esos recursos hubieran permanecido en manos de quienes los generaron: la educación de un hijo, la contratación de un trabajador, la expansión de una pyme, el apoyo a un familiar, la donación a una organización social. A veces el Estado podrá hacerlo mejor. Pero no siempre. Y el debate chileno suele dar por resuelta esa pregunta antes de hacerla.
La sociedad civil tiene una ventaja que la asignación central no puede replicar del todo: conoce información dispersa, local y personal. Una familia conoce sus urgencias. Una empresa conoce sus oportunidades. Una comunidad conoce sus dolores concretos. Un ministerio puede diseñar categorías y programas; incluso puede hacerlo bien. Pero inevitablemente opera desde cierta distancia. Esa distancia importa.
Cuando el Estado aumenta su control sobre los recursos, no solo recauda dinero. También traslada capacidad de decisión desde muchas personas hacia una autoridad central. Cada peso adicional que se asigna políticamente es una decisión menos en manos de una familia, una empresa o una comunidad. Naturalmente, existe riesgo de captura política de quienes reasignan recursos, y sesgos políticos e ideológicos de quienes tienen el poder de redistribuir. Esos costos no aparecen en la discusión.
Chile ha recorrido ese camino por acumulación. El gasto público pasó de cerca del 20% del PIB a comienzos de los 2000 a más del 25% en años recientes, según cifras de la propia DIPRES. Esa evolución puede justificarse por nuevas demandas sociales. Pero también debiera obligarnos a preguntar si cada nueva expansión estatal fortalece o debilita la capacidad de las personas para decidir sobre su vida.
Esto no significa que todo impuesto sea injusto ni que toda redistribución pública sea innecesaria. Sería una caricatura. Hay bienes públicos y vulnerabilidades reales que requieren acción estatal. El punto es más preciso: redistribuir recursos también es redistribuir poder. Y muchas veces, en nombre de mover recursos hacia abajo, se concentra poder hacia arriba.
Nuestra política suele atribuir valor moral automático a la redistribución estatal, como si el solo hecho de pasar por el Estado la hiciera más justa. Bajo ese supuesto, la solidaridad que ocurre fuera del aparato público queda invisibilizada. No se valora suficientemente al empleador que capacita, a la familia que cuida, a la fundación que acompaña o al emprendedor que arriesga.
Una política social bien diseñada debería fortalecer esa capacidad de decisión, no reemplazarla. Debiera preguntarse cuándo el Estado debe intervenir directamente, cuándo debe financiar, cuándo debe regular y cuándo simplemente debe dejar espacio para que personas y comunidades actúen.
La pregunta relevante, entonces, no es solo cuánto redistribuir. Es desde dónde, quién decide, con qué información y a qué costo institucional. Mientras esas preguntas sigan ausentes, quedará fuera lo más importante: la enorme redistribución invisible que todos los días ocurre en la sociedad antes de que el Estado llegue.
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