Mientras Chile sigue discutiendo cómo habilitar el desarrollo de su industria del litio, Estados Unidos acaba de anunciar nuevos hallazgos en Arkansas y los Apalaches —estos últimos equivalentes a 328 años de sus actuales importaciones, según el USGS. Argentina cerró 2025 con una producción de 117 mil toneladas LCE y proyecta cerca de 580 mil al 2035, apoyada en proyectos nuevos e incentivos a la inversión. En la reciente Lithium World Conference, organizada por CRU y CESCO, las autoridades argentinas insistieron en un punto que aquí seguimos sin internalizar: reducir tiempos de habilitación es condición clave para atraer capital.
Chile, en cambio, acumula intentos fallidos. Primero fue la licitación de 2012. Luego, los esfuerzos impulsados desde 2018 no lograron continuidad. Y finalmente la licitación de 2021. Cada ciclo ha abierto la misma pregunta, ¿existe un camino que combine rapidez y certeza jurídica? La respuesta, insatisfactoria, es que ningún mecanismo garantiza ambas cosas al mismo tiempo.
Las tres alternativas sobre la mesa —licitaciones, cambios legales y tratos directos— implican trade-offs que conviene mirar sin ilusiones.
La licitación se presenta como el mecanismo más institucional y competitivo, pero arrastra riesgos de diseño difíciles de ignorar. Exigir propiedad minera como condición de entrada abre flancos en libre competencia, eventualmente bajo escrutinio de la Fiscalía Nacional Económica. A ello se suma la superposición de derechos entre concesiones mineras y CEOL, que ya ha generado controversias como la de ERAMET. Lo más peligroso que una licitación pueda nacer judicializada.
Modificar el marco legal —hacer concesible el litio o dictar una ley especial para los CEOL— ofrece, en teoría, la solución más sólida. Pero su debilidad es el tiempo. En un contexto político fragmentado, ¿cuántos años tomaría alcanzar un acuerdo? Para la inversión, ese plazo no es neutro, es muchas veces la diferencia entre ejecutar o abandonar un proyecto.
Quedan entonces los tratos directos. Recientes representaciones de la Contraloría General de la República han elevado el estándar de control sobre este tipo de mecanismos, y eso es legítimo. Pero conviene precisar algo que el debate público suele omitir: estos procesos no han sido discrecionales.
Han operado con criterios objetivos —tenencia de propiedad minera, capacidad financiera, experiencia técnica de los oferentes— que resguardan estándares mínimos de competencia y transparencia. Sin embargo, cuando están bien estructurados, los tratos directos parecieran ser la única vía realista para destrabar proyectos en plazos compatibles con la dinámica de la industria.
El equilibrio es incómodo. El mecanismo más sólido es el más lento; el más rápido, el más cuestionado; el más competitivo, el más expuesto a conflictos legales. Esa es la realidad regulatoria de un país que sigue tratando al litio como si el tiempo no contara.
Y el tiempo es, justamente, lo único que no tenemos. La industria del litio no espera. Los capitales se están asignando; las cadenas de suministro se están configurando; y las posiciones competitivas se están definiendo. Cada año que Chile dedica a buscar el mecanismo regulatorio impecable es un año que otros usan para producir, exportar y consolidar contratos de largo plazo.
Postergar en nombre de la perfección regulatoria podría dejarnos fuera de un mercado que ayudamos a crear y que hoy crece sin nosotros.
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La renegociación no es un perdonazo. Por Cristóbal Huneeus.https://t.co/QnhLH5TpIu
— Ex-Ante (@exantecl) May 6, 2026
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