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Abril 26, 2026

Agenda de seguridad: las fuertes medidas que Kast anunciará en este aniversario de Carabineros

Ex-Ante

Para mostrar un fuerte respaldo a las policías, el Presidente anunciará mejoras económicas para funcionarios y el envío al Congreso de un proyecto para que las causas que involucren a efectivos en servicio activo vuelvan a la justicia militar. Este último promete desatar fuerte polémica. El aniversario de Carabineros es la próxima semana.


Lo nuevo. Altas fuentes de Gobierno señalaron a Ex-Ante que el Presidente José Antonio Kast prepara para la próxima semana, donde se conmemorará el aniversario 99° de Carabineros, un anuncio que apunta a mejorar las condiciones de trabajo de las policías. Se trata de una batería de propuestas que complementará la agenda de seguridad de su administración.

  • En La Moneda sostienen que Kast tiene previsto presentar dos medidas. A nivel laboral, se anunciarán bonificaciones en las remuneraciones de los efectivos policiales. A nivel jurídico, el retorno a la justicia militar de las causas judiciales que involucren a funcionarios de Carabineros o la PDI en actos de servicio.

Promesa de campaña. En su campaña electoral, el mandatario presentó el plan Fuerza Nacional, donde señalaba: “nuestros carabineros y policías arriesgan la vida todos los días en las calles, enfrentando al crimen organizado, al narcotráfico y a la violencia sin tregua. No podemos seguir tratándolos como unos funcionarios más: ellos son la primera línea en la defensa de Chile”.

  • “Subiremos la asignación de riesgo para quienes patrullan, persiguen delincuentes y ponen el cuerpo para que los demás podamos vivir en paz, y como no los dejaremos solos crearemos un sistema de asesoría y defensa legal inmediata para funcionarios enfrentados a procesos judiciales derivados del cumplimiento del deber”.
  • Mientras, el plan Desafío 90, que compilaba acciones para los primeros tres meses del mandato, afirmaba entre sus prioridades: “Presentación de un proyecto de ley o corregir el existente para encontrar mecanismos de respaldo judicial al uso legítimo de la fuerza por parte de funcionarios de las FF.AA. y de Orden y Seguridad en actos de servicio (justicia militar)”.
  • El traspaso a la justicia militar de las causas que involucren a efectivos en servicio activo implicaría dejar fuera de los procesos al Ministerio Público y que los casos se tramiten en un sistema jurisdiccional especial, regulado por el Código de Justicia Militar y la Ley Orgánica de Tribunales Militares.
  • Los casos pueden iniciarse por denuncias, detenciones en flagrancia o de oficio por los fiscales militares. Durante el proceso, los funcionarios policiales pueden declarar por escrito o a través de sus abogados, lo que les permite mantenerse en servicio activo sin afectar la dotación.
  • Se trata de un proyecto que desatará fuerte polémica y probablemente será muy resistid0 por la oposición.

Respaldo político. El gesto, señalan en el Gobierno, estará acompañado por un fuerte despliegue de ministros y subsecretarios con efectivos policiales, como señal del respaldo político masivo a las instituciones. La idea, dicen las mismas fuentes, es recuperar el sentido de autoridad y mostrar que el Estado tiene el control de la seguridad, eje clave de la administración Kast.

  • La idea, señalan en La Moneda, es dotar de épica y mística al trabajo policial.
  • Ambas iniciativas se suman a los intentos de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, de afianzar sus vínculos con Carabineros, la PDI y la Fiscalía, instituciones que operan articuladas en el combate contra el crimen organizado.
  • Según La Tercera, Steinert almorzó este viernes con el general director de Carabineros, Marcelo Araya, el director de la PDI, Eduardo Cerna, y el fiscal nacional, Ángel Valencia.
  • Además, la ministra -que ha enfrentado un difícil debut tras la salida de la subdirectora de Inteligencia de Investigaciones, Consuelo Peña- lanzó el plan Escudo en Ruta, que contempla controles carreteros, y ha supervisado operativos y redadas en distintas regiones.

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Además, solo un 21% está de acuerdo con el proyecto y un 25% no tiene una postura definida. Respecto a los efectos esperados del proyecto de ley de Reconstrucción, un 36% considera que serán positivos para el país, mientras que la percepción negativa es de 37%.