El difícil inicio de Trinidad Steinert en el Ministerio de Seguridad -marcado por las acusaciones en su contra a raíz del caso de la salida de la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña– llevó a La Moneda a reclutar a un equipo encargado de reforzar su gestión, sobre todo en el terreno político.
Ese grupo -formado hace un par semanas por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella- lo integran el exdiputado Darío Paya (UDI); Marcelo Rojas, ingeniero comercial y exdirigente de la Juventud UDI; y el abogado republicano Emiliano García, actual jefe de la División de Relaciones Políticas de la Segpres.
En el área de seguridad, se fichó como jefe jurídico y legislativo al abogado Mauricio Fernández Montalbán, quien se desempeñó en el ministerio público durante 20 años, en los cuales integró la unidad especializada en lavado de dinero, delitos económicos, delitos medioambientales y crimen organizado.
Tanto los integrantes del equipo político como Fernández tienen como misión desplegarse en el Congreso, conversando con diputados y senadores para ayudar a impulsar los proyectos de la cartera, además de asesorar directamente a la ministra, que asumió sin ninguna experiencia política previa.
Fernández Montalbán también se encarga de elaborar las minutas técnicas de los proyectos y enviársela a los parlamentarios. Una de ellas, sobre el sistema de inteligencia financiera, circuló el lunes entre asesores de los legisladores.
El desempeño de Steinert en la crisis con la PDI -en la cual fue acusada de presionar por la salida de la subdirectora de Inteligencia por motivo de antiguos conflictos- fue mal evaluado por el gobierno. Si bien finalmente fue mantenida en el cargo, a raíz del apoyo del presidente Kast y del testimonio del director de la PDI, Eduardo Cerna, en la opinión pública se instaló que ella sí había presionado por la salida de la funcionaria por motivos personales.
Según la encuesta Pulso Ciudadano, la ministra tiene un 34% de evaluación positiva, frente a un 39,6% de evaluación negativa. La cifra representa un fuerte desplome comparada con su respaldo inicial, que marcaba un 63% de evaluación positiva.
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