Desde el primer minuto la Convención Constitucional ha demostrado ser en una caja de resonancia, un instrumento político al servicio de las posturas de la extrema izquierda, pasando a llevar las normas constitucionales que la rigen. Su mesa directiva la ha proclamado “un nuevo poder del estado” idea absurda que no resiste el menor análisis jurídico.
Un campanazo de alerta. El primer pronunciamiento oficial de la Convención solicitando indulto para quienes han cometido delitos graves durante el estallido social y actos terroristas en La Araucanía (presos políticos según ellos) es total y absolutamente ilegal. No forma parte de sus atribuciones, que están circunscritas a redactar una nueva constitución.
Las señales de la inauguración. Fuimos testigos de los luctuosos hechos ocurridos el domingo pasado, que terminaron en la suspensión de la sesión entre gritos e insultos y el vejamen a los jóvenes que fueron abucheados e impedidos de tocar el himno nacional. Todo fruto de una provocación planificada y ejecutada por el Partido Comunista y el Frente Amplio que llamó a rodear la convención marchando desde distintos puntos de Santiago.
Lo que hay detrás. Nada es casualidad. La decisión de mantener la tensión al máximo tiene que ver con algo mucho más de fondo: hacer del quorum de los dos tercios para aprobar y votar las normas de la nueva constitución un instrumento de la campaña presidencial y parlamentaria, con la intención de que el nuevo congreso que asumirá en marzo 2022 cambie las reglas de la convención.
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