Dos ocupaciones ilegales. Dos respuestas del Gobierno. Y una señal inquietante para quienes gobiernan empresas en Chile: la ley existe, pero su aplicación depende del contexto.
Manto Verde de Capstone, está en un conflicto sindical que incluyó la toma de su planta desalinizadora que abastece toda la operación. A pesar de las acciones ante la ley para revertir esa situación, recursos judiciales y una reacción rápida para asegurar continuidad operacional y proteger empleos la Autoridad no se ha manifestado. El mensaje levanta un viejo fantasma que no queremos volver a ver: que se tolere la toma de infraestructura crítica como herramienta válida de presión en negociación.
En San Antonio, el cuadro fue distinto. Una megatoma de más de diez mil personas ocupa desde hace años terrenos privados, con órdenes de desalojo confirmadas por la Corte Suprema. Frente a ello, el Ejecutivo optó por una salida: expropiar parte del predio, pagar a los propietarios y transformar la ocupación ilegal en un proyecto habitacional.
La Ley no distingue entre quién se toma una propiedad ni cuántos son: ocupar un bien ajeno es delito. Sin embargo, en la práctica, el Estado sí distingue. En un caso ha primado la lógica de “no inmiscuirse” en un problema de infraestructura crítica y protección de la inversión; en el otro, la de hacer un tremendo esfuerzo, pagar el costo político y buscar la solución.
Aquí es donde el tema deja de ser solo legal y entra de lleno al gobierno corporativo. Los directorios en Chile ya no pueden mirar únicamente los riesgos financieros. Deben gestionar, además, la presión de comunidades, autoridades y reguladores que, muchas veces, aplican la misma ley de forma distinta según el contexto. El riesgo no está solo en la norma, sino en su elasticidad práctica. Para un directorio responsable, esto no es un dato sociológico: es un factor crítico de riesgo estratégico.
Cuando el Estado empieza a validar —aunque sea de manera excepcional— la ocupación ilegal como mecanismo para forzar soluciones, la señal al mercado es clara: las reglas existen, pero no siempre rigen. Y sin reglas que rijan de forma consistente, no hay buen gobierno corporativo posible ni inversión sostenible en el tiempo.
Publicaciones relacionadas
La política chilena no está al borde del abismo. Aún predominan los colectivos por sobre los individualismos, la disposición al acuerdo productivo sobre el atrincheramiento sin resultados prácticos, la fortaleza de las instituciones sobre la anomia y la ley de la selva, la resolución pacífica de los conflictos sobre la validación de la violencia, en […]
Ante todo, no debemos olvidar que el problema de fondo es que no podemos seguir gastando más que nuestros ingresos, cuya solución inevitablemente requiere un plan que equilibre generar mayores ingresos con racionalizar gastos.
Hace siete meses, el megaproyecto enfrentó 364 exigencias de los organismos públicos. Ahora, recibió tan solo 20, en una señal del avance en su evaluación ambiental. Las observaciones se dan en un contexto donde el Gobierno de Kast ha planteado como prioridad acelerar la tramitación de grandes proyectos. La inversión contempla la construcción de una […]
En medio de la estrechísima elección entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, a quienes hoy los separan menos de 20 mil votos, el presidente del directorio de la Cámara Chileno Peruana de Comercio, Jaime de Orbegoso, señala que existe preocupación por el discurso antisistema de Sánchez, el candidato de izquierda. Aquí el análisis del abogado […]
Chile no necesita escoger entre seguridad y libertad. La Operación Tokio demostró que es posible combatir eficazmente el crimen organizado sin renunciar a las garantías propias de un Estado de Derecho.
