Si el Estado relativiza la ley, otro riesgo para el directorio. Por Pepe Barroilhet

La Ley no distingue entre quién se toma una propiedad ni cuántos son: ocupar un bien ajeno es delito. Sin embargo, en la práctica, el Estado sí distingue. En un caso ha primado la lógica de “no inmiscuirse” en un problema de infraestructura crítica y protección de la inversión; en el otro, la de hacer un tremendo esfuerzo, pagar el costo político y buscar la solución.

Dos ocupaciones ilegales. Dos respuestas del Gobierno. Y una señal inquietante para quienes gobiernan empresas en Chile: la ley existe, pero su aplicación depende del contexto.

Manto Verde de Capstone, está en un conflicto sindical que incluyó la toma de su planta desalinizadora que abastece toda la operación. A pesar de las acciones ante la ley para revertir esa situación, recursos judiciales y una reacción rápida para asegurar continuidad operacional y proteger empleos la Autoridad no se ha manifestado. El mensaje levanta un viejo fantasma que no queremos volver a ver: que se tolere la toma de infraestructura crítica como herramienta válida de presión en negociación.

En San Antonio, el cuadro fue distinto. Una megatoma de más de diez mil personas ocupa desde hace años terrenos privados, con órdenes de desalojo confirmadas por la Corte Suprema. Frente a ello, el Ejecutivo optó por una salida: expropiar parte del predio, pagar a los propietarios y transformar la ocupación ilegal en un proyecto habitacional.

La Ley no distingue entre quién se toma una propiedad ni cuántos son: ocupar un bien ajeno es delito. Sin embargo, en la práctica, el Estado sí distingue. En un caso ha primado la lógica de “no inmiscuirse” en un problema de infraestructura crítica y protección de la inversión; en el otro, la de hacer un tremendo esfuerzo, pagar el costo político y buscar la solución.

Aquí es donde el tema deja de ser solo legal y entra de lleno al gobierno corporativo. Los directorios en Chile ya no pueden mirar únicamente los riesgos financieros. Deben gestionar, además, la presión de comunidades, autoridades y reguladores que, muchas veces, aplican la misma ley de forma distinta según el contexto. El riesgo no está solo en la norma, sino en su elasticidad práctica. Para un directorio responsable, esto no es un dato sociológico: es un factor crítico de riesgo estratégico.

Cuando el Estado empieza a validar —aunque sea de manera excepcional— la ocupación ilegal como mecanismo para forzar soluciones, la señal al mercado es clara: las reglas existen, pero no siempre rigen. Y sin reglas que rijan de forma consistente, no hay buen gobierno corporativo posible ni inversión sostenible en el tiempo.