Ley Lafkenche: Gremio salmonero acusa irregularidades en entrega de información del Estado por espacio costero

El Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) Mañihueico-Huinay fue aprobado en 2018 y abarca más de 83 mil hectáreas. Desde SalmonChile acusaron irregularidades en la entrega de información desde el Estado y que no se respetó un acuerdo previo que tenían con las comunidades indígenas.

Qué observar. Una de las principales preocupaciones en el sector salmonero en las últimas semanas ha sido la aprobación del plan de administración del ECMPO Mañihueico-Huinay, en la región de Los Lagos. Este, volvió a tensar las relaciones entre el sector productivo y el público por los alcances que puede tener la Ley Lafkenche.

• El ECMPO fue ingresado en 2010 por la Asociación de Comunidades Indígenas de Hualaihuei.
• Fue aprobado en la Comisión Regional para el Uso de Borde Costero (CRUBC) de Los Lagos en 2018 considerando 83.831 hectáreas, convirtiéndose en el ECMPO más grande del país.
• Pero antes, las comunidades solicitantes firmaron un acuerdo formal con empresas salmoneras y pescadores artesanales que garantizaba la coexistencia de actividades productivas en la zona.
• Este acuerdo fue determinante para que diversos gremios productivos apoyaran la ECMPO en la votación de la CRUBC.
• Pese a esos acuerdos previos, desde SalmonChile alegan que en el plan de administración, aprobado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) en diciembre de 2025, “no reconoce a la salmonicultura” y que se les excluyó deliberadamente de la última etapa del proceso.
• El gremio salmonero detalló que se genera una “enorme incertidumbre jurídica”, porque el plan define los métodos de resolución de conflictos y las reglas específicas para actuar dentro del espacio.
• “Quedamos con muchas dudas sobre cómo se podrán desarrollar a futuro diferentes tramitaciones, como concesiones marítimas, relocalizaciones y aspectos operacionales básicos para nuestra actividad”, explicaron desde SalmonChile.

Irregularidades. En 2024 las comunidades indígenas presentaron el plan de administración a Subpesca. Desde SalmonChile señalaron que fue en este punto cuando detectaron la exclusión de la salmonicultura.

• En septiembre de dicho año, ingresaron formalmente una solicitud a la Subsecretaría para acceder a la información del plan, pero esta fue denegada por la entidad pública,
• Tras esto, SalmonChile recurrió al Consejo de Transparencia, quienes en 2025 acogen el amparo y ordena a Subpesca entregar la información, pero el organismo público judicializa la decisión y presenta un reclamo de ilegalidad en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
• El Tribunal rechazó el reclamo de la Subsecretaría y ordenó entregar la información.
• Luego de esto, en octubre del 2025, Subpesca entregó el plan de administración y reconoce a las empresas como “terceros interesados”, pero otorgó tan solo 5 días para formular observaciones al plan.
• En conversación con Ex-Ante, Tomás Monge, gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile, señaló que “Subpesca ha transgredido principios básicos de transparencia, ignorando incluso los fallos del Consejo para la Transparencia y la Corte de Apelaciones de Valparaíso”.
• Agregó que “este quiebre de confianza no solo afecta al sector salmonicultor, sino que genera incertidumbre jurídica para toda inversión en la macrozona sur”.
• Fuentes ligadas a la industria detallaron que la exclusión del sector del plan de administración sugiere una predisposición a restringir “nuestra actividad generando nuevas barreras, nuevos requisitos, y una paralización de la actividad económica regional por décadas”.

Impacto de Ley Lafkenche. Tomás Espinosa, analista de políticas públicas de Pivotes, detalló que tanto la omisión por parte de las comunidades como el actuar de las autoridades fueron percibidas por la industria como una señal de falta de diálogo y de garantías mínimas de participación, erosionando la confianza que se habían construido con dichos actores.

• Agregó que esto es una manifestación de que la Ley Lafkenche puede “transformarse en una herramienta de imposición unilateral, en lugar de un marco de gobernanza compartida que promueva el desarrollo de la región armonizando los intereses de todos aquellos que dependen del uso del borde costero”.
• Espinosa explicó que si bien el Plan de Administración no afecta a las concesiones ya otorgadas, por tratarse de derechos adquiridos, cualquier modificación futura destinada a viabilizar u optimizar su operación —tales como la obtención de una concesión marítima, un aumento de biomasa o una relocalización— quedará sujeta a las disposiciones de dicho instrumento.
• “En la práctica, esto puede dificultar de manera significativa la implementación de los ajustes necesarios para el adecuado funcionamiento de las concesiones acuícolas actualmente vigentes”, señaló