Noviembre 21, 2025

Cuando la reputación pone en riesgo la institucionalidad. Por Carmen Luz Assadi

Socia en e-press Comunicaciones

El desafío del sector eléctrico es no repetir la historia del previsional: actuar antes de que la narrativa del descrédito obligue a reformar lo que, en realidad, solo necesitaba ser explicado. Eso implica transparencia proactiva, mayor visibilidad y legitimidad a voces académicas y expertos independientes que contrasten el debate.


Como consultora de comunicaciones estratégicas de compañías en industrias reguladas, me ha tocado ver cómo ciertos sectores son atacados y capturados por relatos que tienen por propósito desestabilizar y deslegitimar industrias completas. En sectores claves para el desarrollo del país, la confianza pública es el cemento invisible que permite que las reglas funcionen. Cuando esa confianza se quiebra, el riesgo pasa a ser institucional.

El último caso más icónico y sorprendente que probablemente tenemos todos en la retina, es el del sistema de pensiones. Más allá de sus méritos técnicos o de sus falencias reales, éste fue perdiendo legitimidad social a través de un relato sistemático que lo redujo a una caricatura: “las AFP se enriquecen con el dinero de los trabajadores”. El relato, demasiado sexy, logró seducir a los medios y dominar la conversación.

Frente a esto, ni las autoridades ni la industria reaccionaron a tiempo defendiendo su rol con datos y empatía. El resultado fue un punto de no retorno: la política terminó legislando sobre percepciones y emociones, no sobre evidencia. Se intentó “solucionar” un problema reputacional con medidas estructurales que alteraron la esencia del sistema sin necesariamente resolver sus deficiencias reales.

Hoy, el sistema eléctrico enfrenta un riesgo reputacional similar al que en su momento afectó al previsional. Después de haber soportado alzas históricas en las cuentas de la luz, producto del descongelamiento de tarifas en junio de 2024 -que habían sido mantenidas artificialmente bajas por decisión política en tiempos de inestabilidad social, la ciudadanía se entera -casi dos años después- que la Comisión Nacional de Energía (CNE) cometió un error en el último cálculo de reajuste inflacionario de la deuda contraída con las generadoras durante el período de congelamiento.

La equivocación generó un exceso de US$115 millones, de los cuales US$113 millones (más del 98%) fueron a engrosar la deuda con las eléctricas. Mientras que solo US$2 millones -dato clave que casi no ha sido comunicado con el debido énfasis- han sido efectivamente cobrados a los clientes mediante una mayor tarifa (y que ya se discute un Proyecto de Ley para ser devueltos).

No obstante, el error ha calado hondo en una opinión pública que aún tiene muy presente las alzas en las cuentas de la luz que ha tenido que pagar tras el descongelamiento del año pasado. Inevitablemente, con algo de voluntarismo, la gente ha encontrado la excusa perfecta para “culpar” a este error, de las alzas post descongelamiento, dándoles así el carácter de injustificadas y abusivas. Y al escuchar que la devolución del error de la CNE será apenas $2 mil pesos por cliente, la incredulidad ha pasado a ser indignación.

Sobre esta nueva percepción, los políticos y candidatos no han vacilado en aprovecharla. De manera irresponsable, se postula derechamente reformular los contratos vigentes, cambiar las bases del sistema generando consumos vitales, o incluso avanzar con empresas eléctricas estatales.

A diferencia del caso de las pensiones, donde los efectos de una mala decisión se sienten recién 40 años después, manosear políticamente nuestro sistema eléctrico, tiene, por el contrario, efectos inmediatos.En este sector, la confianza es un activo sensible y cualquier señal de inestabilidad pone freno a proyectos en un mercado que necesita más inversión que nunca, sobre todo para hacer frente a los requerimientos energéticos de la economía del futuro.

El desafío del sector eléctrico es no repetir la historia del previsional: actuar antes de que la narrativa del descrédito obligue a reformar lo que, en realidad, solo necesitaba ser explicado. Eso implica transparencia proactiva, mayor visibilidad y legitimidad a voces académicas y expertos independientes que contrasten el debate; y espacios que acerquen datos y decisiones a la ciudadanía sin esperar a que la indignación irrumpa primero.

Porque, así como alguna vez pareció descabellado poner atención a la consigna de que “las AFP se habían robado la plata”, hoy sabemos cuánto costó ese error narrativo.

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