En Chile cuando hablamos de pensiones, muchas personas hablan de AFP. Pero en nuestro sistema mixto de pensiones, el que prevalecía ya antes de la reforma, coexisten distintos pilares y actores. Las AFP son clave y con la reforma se amplía el rol del Estado, pero para seguir fortaleciendo nuestro sistema de pensiones chileno, 8º en el mundo entre más de 50 países, no podemos olvidar que las pensiones son producto del trabajo conjunto de diversos participantes. Acá quiero destacar el rol que tienen, o que debieran reforzar, empresas e instituciones de educación superior, y hacer una reflexión sobre el Estado como empleador.
Recordemos que un sistema previsional multipilar como el chileno, se basa en un elemento básico: el empleo formal. Sin esto, no hay ahorro, ni rentabilidad, ni posibilidad real de una buena pensión sostenible. La formalidad no solo lleva a una mayor pensión autofinanciada, sino que es clave también para los otros pilares que componen una pensión total en Chile hoy: los beneficios del nuevo Seguro Social (que es básicamente “reparto”, financiándose con cotizaciones de los trabajadores formales actuales) y la PGU, porque sin formalidad no hay crecimiento, pago de impuestos, ingresos para el Estado, etc.
Sin embargo, hoy en Chile, más de 2,4 millones de personas están en la informalidad según la encuesta del INE. En realidad, muchas más si miramos distintas medidas. Pero uno de los aspectos más sorprendentes, es que más de 1.000.000 de personas tiene empleador y no cotiza. Sí, cerca de uno de cada diez ocupados. Estos son trabajadores que tienen una relación laboral con su empleador, pero no se les pagan sus cotizaciones y no tienen previsión.
A esa informalidad se suma otra cifra preocupante en Chile: la Encuesta de Conocimiento Financiero muestra que, 1 de cada 3 encuestados declara saber poco o nada sobre temas financieros, mientras que, de acuerdo con un estudio de PwC, a nivel global, el 52% de los trabajadores se encuentra financieramente estresado.
Por otra parte, programas como el APV Colectivo existen hace más de una década en nuestro país, pero su adopción ha sido mínima. De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Pensiones, a agosto 2025 había 1.210 cuentas individuales de APVC con 506 empleadores participantes.
En cambio, en países con esquemas más centrados en el empleador como en EE.UU., Reino Unido, Australia, Canadá (o “employer centric” como lo denominan los mismos americanos), el empleador tiene un rol fiduciario clave: no solo paga la cotización, sino que fomenta el ahorro adicional, se involucra en la construcción del bienestar futuro de sus trabajadores, y educa en decisiones financieras.
Otro desafío para los empleadores es la relación empleo y longevidad. Según el Observatorio del Envejecimiento, el porcentaje de personas mayores desempleadas se duplicó en 2024 respecto al 2010, pasando de 2,1% a 4%, superando los niveles pre pandemia. Además, el tiempo de búsqueda de empleo ha aumentado con la edad, llegando a casi 12 meses para el grupo de 65 a 69 años. Por eso es tan importante el rol de instituciones como Sello Mayor.
Algo similar ocurre con los jóvenes y sus lugares de estudio. Una encuesta reciente de Trabajando.com muestra que la mitad de los estudiantes y egresados considera que su institución de educación superior no los prepara adecuadamente para enfrentar el mercado laboral. Es un dato inquietante, porque revela desconexión entre la formación académica y las habilidades que exige el trabajo formal: empleabilidad, educación financiera, derechos laborales y previsión social.
Acá hacemos un trabajo dedicado desde la Asociación de AFP, con los distintos cursos ofrecidos bajo nuestro programa Previsionarios AFP. Es que incentivar el empleo formal desde la universidad es crucial: quienes comienzan su vida laboral en un trabajo formal tienen un 83% de probabilidad de mantenerse dentro de la formalidad, mientras que la posibilidad de salir de la informalidad a lo largo de la vida laboral es menor al 50%.
Finalmente, el Estado también tiene tareas pendientes. No solo como supervisor, regulador o proveedor, sino como empleador. Según cifras del INE, más de 150 mil trabajadores públicos son informales: prestan servicios a municipalidades u organismos descentralizados sin contrato ni cotizaciones. Además, hemos visto como el Estado ya lleva tres meses de atraso en los recursos necesarios para pagar las cotizaciones de trabajadores (profesores y funcionarios) de colegios; cotización adicional de una reforma impulsada por este mismo gobierno.
Por eso, cuando hablamos de pensiones, debemos ampliar el foco. La reforma previsional ya es ley, pero su éxito dependerá no solo de su implementación, sino que de la evolución del mercado laboral. Mejorar las pensiones no será posible sin empleos formales, sin empresas que se involucren, sin universidades que preparen mejor a los jóvenes y sin un Estado que cumpla su propio rol.
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— Ex-Ante (@exantecl) October 30, 2025
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