En Chile las malas noticias presupuestarias suelen llegar en noviembre: se ajustan los pagos, se posterga algún compromiso, y se espera la nueva Ley de Presupuesto. Pero este año la alarma sonó en mayo. Una señal tan temprana como inédita que desnuda la magnitud del desorden financiero en una de las carteras más sensibles.
La Asociación de Desarrolladores de Vivienda Social puso sobre la mesa que el SERVIU Metropolitano arrastraría un déficit cercano a 300 mil millones de pesos, cálculo que viene de la propia ejecución presupuestaria publicada por la DIPRES; el gobierno intenta relativizarlo. El Estado no tendría una parte de los recursos hoy y se estaría apalancando con el BancoEstado para no admitir que su caja está vacía.
El ex ministro MINVU, Rodrigo Pérez Mackenna, en una carta reciente, indica que uno de los orígenes sería el descalce entre subsidios entregados y presupuesto asignado. Así, comparando el período 2022-2024 con al anterior, hay un aumento de 50% de subsidios mientras que la caja presupuestaria del MINVU solo creció en el 20%. Las cuentas no cuadran, como ya hemos visto antes. Así de simple y duro.
La gravedad política
Este no es solo un problema contable. Es un problema de confianza. El Estado chileno entregó a miles de familias un subsidio, que acredita su derecho a vivienda. Pero esa palabra empeñada se está incumpliendo, poniendo en duda el acuerdo más fundamental de funcionamiento del sistema de acceso a la vivienda.
Además, golpea donde duele: en las pymes constructoras que levantan buena parte de la vivienda social del país. Empresas con poco capital de trabajo que dependen de los anticipos para iniciar faenas. Sin esos pagos, se paralizan proyectos, se pierden empleos y se amenaza la viabilidad de un sector ya castigado por la pandemia y la inflación.
No es la primera vez, pero sí la más peligrosa
Los déficits de caja en vivienda no son novedad. En gobiernos anteriores también hubo atrasos y compromisos trasladados al año siguiente. Pero siempre se trató de episodios acotados, propios del cierre anual.
Lo particular —y peligroso— de esta crisis es que apareció a mitad de año y que afecta no solo a nuevas obras, sino también a proyectos en plena ejecución y a subsidios ya otorgados. Nunca antes el sistema había mostrado tal nivel de fragilidad, tan temprano.
La herencia contaminada
Si esto no se aclara, el próximo gobierno recibirá un problema mayor: un plan de 260 mil viviendas en jaque, un agujero presupuestario sin sincerar y un clima de desconfianza en torno al MINVU. Difícil imaginar una política pública más delicada para inaugurar una administración que heredar un ministerio sin fondos y con promesas incumplidas.
Lo que el MINVU debe explicar
Se sabe ya que los proyectos nuevos no reciben anticipos, aun cuando las familias ya fueron seleccionadas y los subsidios están otorgados pero no pagados. Que hay terrenos comprados y escriturados, con familias detrás, que no cuentan con los fondos comprometidos.
El ministerio no puede seguir respondiendo con frases evasivas. Debe aclarar, con cifras sobre la mesa:
La crisis del MINVU muestra cómo una política social, que históricamente ha sido efectiva, puede llegar a transformarse en un problema de credibilidad política y financiera. El déficit habitacional es suficientemente dramático como para agregarle ahora un déficit de confianza en el Estado.
El silencio y las explicaciones enredadas solo agravan la falta. Lo único que cabe es transparencia total: sincerar la magnitud del problema y proponer soluciones. Todo lo demás son parches retóricos. Y en vivienda, con parches nunca se han construido hogares dignos.
La ofensiva de Dorothy Pérez y el rol del diseño en la política social. Por Julio Guzmán Cox.https://t.co/RJYdcF6ROa
— Ex-Ante (@exantecl) October 4, 2025
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