El contraste entre la mano blanda del CDE con ProCultura y la mano dura con Democracia Viva

El CDE se querelló en 2023 contra los dos protagonistas a la fecha del escándalo de Democracia Viva. En enero de este año lo hizo además contra la desaforada diputada Catalina Pérez, marcando una dura posición la causa madre del caso Convenios. En el caso ProCultura, en cambio, no se querelló contra su fundador, Alberto Larraín, ni contra el gobernador Claudio Orrego, imputados por la Fiscalía. La Fiscalía solicitó al CDE los antecedentes que había recopilado de éste último caso y la respuesta fue negativa.

Por qué importa. Las declaraciones del presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Raúl Letelier anunciando que el organismo responsable de cuidar las platas del fisco resolvió no emprender acciones legales en contra del gobernador Claudio Orrego (ex DC), sorprendió por la mano dura que aplicó en el caso Democracia Viva, que dio origen al caso Convenios, versus la que ha tenido en el caso ProCultura.

• “El Consejo de Defensa del Estado ha decidido no interponer querella contra el gobernador Claudio Orrego por considerar que, con los antecedentes disponibles al día de hoy, no se observan conductas constitutivas de delito”, dijo a El Mercurio.
• Orrego está imputado (aunque no formalizado) por fraude al fisco, por el traspaso en 2022 de $1.690.388.000 del Gobierno Regional (Gore) a ProCultura —en su gran mayoría del programa para prevenir suicidios Quédate—, pese a que la fundación carecía de experiencia en el área.
• A esto se suma que los traspasos ocurrieron luego de que el Consejo Regional aprobara la propuesta de Orrego de nombrar a su ahijado político y cofundador de ProCultura Alberto Larraín, director ad honorem de la Corporación de Desarrollo presidida por el mismo gobernador.
• Orrego declaró como imputado en la causa, se levantó su secreto bancario y la fiscalía presentó una solicitud para quitarle su fuero.
• Paralelamente enfrenta un proceso de remoción en el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), tras una petición de consejeros de oposición.
• Esta semana tuvo un triunfo legal al lograr que su arista de la causa fuera trasladada desde Antofagasta al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que en junio de 2024 rechazó que se allanara el Gore que dirige.
• Estas diligencias sí fueron autorizadas por otros tribunales en los Gore de Antofagasta, Valparaíso, el Ñuble, Biobío y Magallanes, en el mismo caso ProCultura.
• Orrego ha asegurado ser inocente de todas las acusaciones realizadas en su contra.

El criterio con Democracia Viva. El presidente del CDE —quien fue nombrado en abril de 2023 por el Presidente Gabriel Boric— inició su gestión con una dura posición en el caso Democracia Viva, destapado en junio de ese año.

• En agosto de 2023, el consejo anunció que se querellaría por fraude al fisco en contra del ya exsecretario regional ministerial (seremi) de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y del presidente de la fundación, Daniel Andrade.
• En 2022 Contreras había suscrito con Andrade tres convenios por $426 millones para realizar programas en campamentos de Antofagasta, pese a que la fundación carecía de experiencia en el área.
• Contreras había sido jefe de gabinete de la hoy desaforada diputada Catalina Pérez, quien era pareja de Andrade. Todos eran militantes de Revolución Democrática, que luego se incorporó al partido oficialista Frente Amplio (FA).
• Este criterio fue reforzado en enero de este año, cuando se querellaron contra Pérez. “Todas las directrices que instruyó, así como la coordinación con los imputados Contreras y Andrade, confirman su colaboración en todas las etapas relacionadas con los convenios motivada por el constante deseo de posicionar y establecer a su pareja”, dijo el escrito.

El criterio en ProCultura. En febrero de 2024 el CDE anunció la presentación de una querella en contra de la representante legal de ProCultura Constanza Gómez, por apropiación indebida, por una de las aristas de Antofagasta de la investigación.

• Ésta consistió en la suscripción de convenios por $545 millones con la Seremi de Vivienda y el Serviu de Antofagasta.
• Entonces llamó la atención que la acción penal no estuviera dirigida también contra Larraín, quien, de acuerdo a múltiples testimonios de funcionarios y directores contenidos en la carpeta de investigación, era quien tomaba las decisiones.
• Larraín es un ex DC que posteriormente se acercó al FA y a quien el Presidente Boric incluso pensó nombrar ministro de Desarrollo Social cuando llegó a La Moneda.
• A este criterio respecto de Larraín se sumó esta semana la decisión de no querellarse contra Orrego, el primer político a quien la fiscalía busca formalizar en el caso ProCultura.
• La decisión, atribuida técnicamente al comité penal del CDE, fue anunciada por Letelier.

Quién es Letelier. “La tradición del CDE está llena de políticos”, dijo cuando la Presidenta Michelle Bachelet lo nombró consejero, en 2017.

• Letelier era profesor de la U. de Chile, donde generó lazos con el hoy exconvencional Fernando Atria (FA).
• Su aterrizaje en la presidencia del Consejo ocurrió tras defender al Presidente Boric en el Tribunal Constitucional, del requerimiento contra los indultos a los presos del 18-O.
• En su gestión, ha actuado en sintonía con La Moneda. Por ejemplo, el CDE se querelló contra el director de la PDI Sergio Muñoz por traspasar información al abogado Luis Hermosilla, pero no contra el entonces general director de Carabineros Ricardo Yáñez, quien era respaldado por Palacio.

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