En estas elecciones presidenciales, quizás como en ninguna otra, existe un consenso transversal en afrontar la fragilidad de nuestras finanzas públicas. No debería extrañarnos, ya que la situación es crítica: la deuda pública avanza aceleradamente hacia el límite de 45%; el déficit fiscal de la última década (sin contar la pandemia) promedió un -1,4% del PIB; y los ahorros públicos han caído al mínimo. La falla es estructural: el Estado de Chile gasta más que sus ingresos, lo que no es sostenible en el largo plazo.
Tan grave es la crisis que incluso la candidata de izquierda -sector que históricamente ha sido menos sensible a este tema- habla en su programa de “mesura para mantener el déficit fiscal bajo control” y “optimizar programas mal ejecutados”.
En la derecha, los números ya están sobre la mesa. Mientras la candidatura de Evelyn Matthei ha propuesto un ajuste de US$2.000 millones por año (US$8.000 millones en todo el período), la de José Antonio Kast ha planteado un ahorro cuatro veces mayor: US$8.000 millones brutos en solo 18 meses (US$2.000 millones de reasignación y US$6.000 millones de recorte neto).
El desafío para retomar el equilibrio fiscal es gigante y, ante eso, hay dos alternativas: hacerlo de manera responsable o caer en promesas que pueden ser efectivas en lo electoral, pero que arriesgan estrellarse contra el muro de la realidad política y del funcionamiento del Estado. Bajo esta lupa, la propuesta de Evelyn Matthei corre con ventaja.
Primero, un recorte de la magnitud que propone Kast (más del 2% del PIB) requiere ajustes en las principales partidas presupuestarias, es decir, programas grandes cuyos beneficios están fijados por ley. Esto necesariamente requiere negociar y alcanzar acuerdos en el Congreso, a lo que el candidato Republicano no se ha mostrado muy abierto. Segundo, en el actual escenario de bajo crecimiento, una contracción fiscal de esta magnitud podría generar efectos recesivos, justo cuando el país necesita todo lo contrario. El daño que generó el ajuste fiscal en Grecia —post crisis 2009— debería servir como ejemplo (IMF, 2017).
Podría surgir la pregunta: si en Argentina lo lograron, ¿por qué acá no podemos? Si bien debemos apuntar en la misma dirección, las órdenes de magnitud del despilfarro fiscal al otro lado de la cordillera son mucho mayores. Aunque Milei logró reducir el gasto fiscal en 6 puntos, el nivel de gasto fiscal en Argentina sigue siendo 4 puntos mayor que el de Chile (31% vs. 27% del PIB, Gráfico 1), y el gasto en funcionarios públicos, 2 puntos mayor (9% vs. 7% del PIB). La pregunta que cabe hacerse es por qué Milei, un libertario anti-Estado, no fue más allá. ¿Será porque gran parte de este gasto está fijado y la economía política no permite avanzar más?
En concreto, la experiencia nos indica que por ajustes de gastos operacionales (personal y bienes y servicios) podríamos ahorrar en torno a US$ 500 millones (USS 2025); por licencias médicas fraudulentas, US$ 600 millones (Horizontal 2025; OCEC UDP 2025); y por compras públicas ineficientes, US$ 250 millones (FNE 2020). A esto debemos agregar la titánica tarea de eliminar programas mal evaluados o duplicados.
A modo de ejemplo, si se lograra la hazaña política de cerrar los 423 programas de menos de US$ 5 millones (60% del total), se generaría un ahorro fiscal de apenas US$ 680 millones. En total, si sumamos todos estos esfuerzos, hablamos de un ajuste total entre US$ 1.800 y 2.000 millones anuales (0,6% del PIB).
Un buen ajuste fiscal debe tener como norte gastar mejor. No se trata de cortar por cortar. El problema de nuestro Estado no es un tamaño desproporcionado (Gráfico 1), sino un excesivo gasto ineficiente en áreas que afectan la entrega de bienes y servicios de calidad a los chilenos. Esto, en última instancia, impacta en la legitimidad democrática de los gobiernos (Fukuyama et al. 2025). De ahí la importancia de abordar este tema con fuerza y, al mismo tiempo, con responsabilidad. Este es el balance que debiera servir para evaluar las propuestas que hoy están sobre la mesa.
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