Por qué importa. El oficio enviado este viernes al ministro del Interior Álvaro Elizalde pidiendo revocar la pensión de gracia de Juan Francisco Villalobos Prado, mostró la creciente presión parlamentaria en uno de los beneficios más controversiales entregados tras el 18-O.
Más de $5 mil millones. Este monto forma parte de los $5.434.446.015 recibidos hasta mayo por 405 de los 418 pensionados de gracia del estallido social —270 beneficiados durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric y 148 en la administración del expresidente Sebastián Piñera.
Por qué fue pensionado. El caso de Villalobos Prado se remonta al 21 de agosto del 2020, cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella en contra quiénes fueran responsables de tortura con abuso sexual calificado, en el Décimo Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.
La causa por estafa. El 5 de julio de 2019 —tres meses antes del estallido social— el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago había abierto una causa su contra como presunto autor de una estafa cometida en marzo de ese año.
El cierre de su causa como víctima. El 17 de enero de este año, el juez Patricio Souza del Décimo Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago encabezó la audiencia de cierre del caso, luego de que la fiscalía comunicara su decisión de no perseverar en la causa, en que no había acusados.
Lea el oficio:
Publicaciones relacionadas
El actual temporal es parte de un patrón —sequía prolongada y lluvias cada vez más extremas — que la ciencia climática prevee que se intensifique, y que exige a Chile pasar de una gestión de emergencia reactiva a una infraestructura pensada para la variabilidad extrema como nueva normalidad.
Hasta dos años de cárcel puede acarrear el daño a la propiedad privada en Alemania, país donde los grafitis están autorizados en áreas específicas, como el Mauerpark de Berlín. En Reino Unido, estos rayados pueden ser penados con hasta siete años de cárcel si contienen mensajes de odio o que inciten a la violencia. En […]
La exedil disponía de una celda individual, acceso a gimnasio y canchas de deporte, cursos de capacitación, trabajo remunerado, posibilidad de arrendar o comprar una radio o televisor, entre otras comodidades. Ahora que fue extraditada, busca evitar cumplir pena en una cárcel chilena.
En Chile, los proyectos de cierta altura deben contar con revisión del cálculo estructural y quienes participan son corresponsables de que la normativa se cumpla. Una ley escrita en un documento no sostiene un edificio. Lo sostiene la existencia de una institucionalidad capaz de hacerla cumplir.
Julio Lillo -quien fue asesor de la senadora cuando ella era diputada- declaró que ésta le planteó desde un principio que le reembolsara parte de su sueldo de $2 millones brutos. El dinero, dijo, se lo entregaba “en efectivo”.