Pusilánimes, negacionistas. Por Kenneth Bunker

Ex-Ante
Alberto Carlos Mejía, el sicario que se encuentra prófugo.

Es todo excusa, es todo oportunismo. Desde la jueza que evade y elude su responsabilidad al diputado que huye de su posición histórica solo porque le conviene. Son pusilánimes y negacionistas. Ocupan los cargos más importantes de la nación, pero actúan como si gobernar fuera un ejercicio simbólico, como si no tuvieran ninguna capacidad ni voluntad real de hacerse cargo de los problemas de fondo. Las crisis no las enfrentan: las niegan, las comentan, o las administran con comunicados de prensa y entrevistas televisivas. Todo mientras el país se hunde en el miedo y en la rabia.


Esta semana ocurrió uno de los hechos más nefastos que han ocurrido en los últimos años, cuando una jueza de la República dejó en libertad a un sicario. Más allá de la responsabilidad de la titular del tribunal, que ciertamente existe, el hecho constata la escalofriante realidad de un país que no sabe o no puede responder a una profunda y extendida crisis de seguridad que tiene a la ciudadanía dispuesta a preferir soluciones rápidas, incluso si estas impliquen autoritarismo.

Desde el gobierno, que debería ser el primero en interesarse por hacerse cargo de asuntos como estos, no ha habido ni una sola respuesta convincente. Pero con justa razón, porque en realidad nunca le ha interesado de verdad. ¿Y cómo lo va a estar si, desde el comienzo, solo ha sido capaz de dar excusas y explicaciones para justificar sus errores, escondiendo el fondo del asunto detrás de su propia incapacidad?

Desde que el Presidente Gabriel Boric sostuvo que la crisis de seguridad era una exageración mediática —un caso de cherry-picking— ya era evidente que nada se iba a hacer. Si hasta su subsecretario a cargo del asunto, el cuestionado Manuel Monsalve, declaró que el Tren de Aragua no presentaba ningún riesgo para el país, es porque nunca hubo ni siquiera la más mínima intención de hacer algo en materia de prevención.

Y si las señales políticas no son evidencia suficiente de aquello, habría que mirar los hechos. Cuando el Presidente se dio el lujo de indultar a al menos una docena de presos condenados por la justicia —y a un terrorista—, se extinguió toda posibilidad de pensar que la solución podría venir por conducto regular.

De hecho, nunca se ha aceptado institucionalmente, desde el gobierno de Chile, lo que se ha comprobado por todos los medios imparciales disponibles, y es que hay una relación directa e innegable entre la laxitud de la forma en que se ha manejado la frontera, la cantidad de criminales de alto riesgo que han entrado sin papeles al país, y el aumento sostenido de la delincuencia.

Justificándose en su planta de sociólogos cualitativos que sostienen que, en realidad, Chile no está peor que antes, que la inmigración ilegal no existe en rigor, y que lo único que ha aumentado es la “sensación de miedo” de las personas, el gobierno ha tomado de forma sostenida y deliberada una posición pasiva para hacerse cargo del asunto. Buscando las particularidades de cada evento significativo, ha rechazado constantemente hacer lo que tiene por deber hacer, alimentando de esa manera la crisis que cualquier hijo de vecino ya sabe que existe y que se agrava cada día.

Chile no es el país que fue hace tan solo un par de años. El estallido social quebró la represa, y este gobierno dejó que entrara el agua. Todo lo que se pudo haber hecho, ya no se hizo, y ahora, las raíces de la violencia no solo están llegando a las napas subterráneas, sino que sus árboles ya están dando frutos, como bien se vio en la arista que plausiblemente sugería que el crimen organizado podría haber estado detrás de la liberación del sicario.

Lamentablemente, pareciera que no existen representantes del oficialismo con la valentía necesaria para decir que las fronteras del país se deben cerrar, que se debe empadronar a todos los extranjeros que delinquen de forma sistemática y expulsarlos de forma expedita e irreversible, sin importar las condiciones ni el contexto en que se lleve a cabo.

Lejos de eso, pareciera haber coherencia ideológica con la “solución” que da la candidata presidencial del sector, Jeannette Jara, quien inmediatamente tras la liberación del sicario sugirió que el asunto se resuelve—nada menos—que transparentando cuentas bancarias, como si los narcos, los traficantes de personas, los sicarios y los criminales a sueldo depositaran sus haberes en cuentas corrientes.

Claro, habrá sociólogos que apunten a evidencia internacional y a derechos humanos, justificando la elegancia de la solución propuesta, pero para los demás, quienes observan sin voz ni voto, es obvio que es una burla, y que la verdad es que no se quiere, por una razón u otra, resolver el asunto de fondo.

Si ha habido algún tipo de reproche a la crisis de seguridad, ha venido empaquetado en vergüenza ajena. Son las palabras de lugar común de los diputados Daniel Manoucheri y Daniela Ciccardini, que parecen saltar de escándalo en escándalo dando “soluciones” y “recetas” usando palabras clave como “Arepa” o “Ron”, diseñadas más bien para cautivar a la prensa amarilla que para fundamentar el diseño de alguna política pública seria que se pueda implementar a largo plazo.

En su intervención más reciente el diputado incluso revive el concepto de “Chilezuela”, una idea que hace no tanto se usaba para burlarse de los sectores conservadores que advertían que, si no se controlaba la frontera y se endurecía la prevención y persecución de los criminales, el país terminaría exactamente como está ahora: desbordado y vulnerable.

Por lo demás, es evidente que su propuesta de querer regular el voto de extranjeros, siendo que fue su propio sector el que les abrió las puertas y los invitó al país en el primer lugar, es una estrategia electoral, ahora que las grandes capas del medio se están dando cuenta que haber bajado la barrera para entrar al país no fue más que un guiño para pretender superioridad moral, ganar elecciones y, de ser sorprendidos, ser percibidos como inútiles antes que autoritarios.

En fin. Es todo excusa, es todo oportunismo. Desde la jueza que evade y elude su responsabilidad al diputado que huye de su posición histórica solo porque le conviene.

Son pusilánimes y negacionistas. Ocupan los cargos más importantes de la nación, pero actúan como si gobernar fuera un ejercicio simbólico, como si no tuvieran ninguna capacidad ni voluntad real de hacerse cargo de los problemas de fondo. Las crisis no las enfrentan: las niegan, las comentan, o las administran con comunicados de prensa y entrevistas televisivas. Todo mientras el país se hunde en el miedo y en la rabia.

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