Avanzar hacia ciudades para el bienestar implica articular vivienda, movilidad, seguridad, espacio público y comunidad desde una política urbana ambiciosa, con visión de largo plazo y sentido de urgencia.
En su última Cuenta Pública, el Presidente Boric habló poco de vivienda y casi nada de ciudad. Después de años de intenciones profundas y transformadoras, esperábamos una reflexión más clara sobre lo urbano como espacio de relaciones humanas, acceso a servicios, construcción de comunidad y bienestar cotidiano.
El Plan de Emergencia Habitacional ha avanzado —nadie duda de los esfuerzos reales—, pero seguimos anclados en una lógica de subsidios que ya no basta. Resulta igualmente llamativa la ausencia de una mención a los campamentos, expresión más aguda del déficit habitacional, así como la escasa referencia al cambio climático y la resiliencia urbana, en un país atravesado por desastres como los recientes incendios de Valparaíso.
El desafío es enorme, pero hoy se requiere articular respuestas público-privadas que diversifiquen tanto la oferta como los mecanismos de financiamiento, generando nuevas condiciones para la inversión y adaptando estrategias a distintas realidades territoriales. Al mismo tiempo, es necesario dar un nuevo impulso a los programas de mejoramiento de vivienda, fundamentales para enfrentar el deterioro de los hogares existentes, que también deben ser protegidos, actualizados y valorizados como parte del tejido urbano.
La Cuenta Pública repasó avances concretos en materia de movilidad: la expansión del sistema ferroviario hacia el centro y sur del país, junto con la incorporación de electromovilidad en regiones, que marcan una señal de continuidad en políticas de transporte relevantes para la conectividad nacional.
Se anunció también la extensión del Metro hacia el aeropuerto, que apunta a modernizar la infraestructura y facilitar el acceso para trabajadores, turistas y habitantes de comunas periféricas que hoy viven el aeropuerto como algo ajeno. Sin embargo, y aunque la idea de conectar el aeropuerto con la red de Metro es sin duda valiosa, su viabilidad todavía presenta incertidumbres. Con una tarifa proyectada de $3.000 por tramo, habrá que evaluar si habrá suficiente demanda para sostener el servicio sin subsidios, especialmente considerando que se trata de un modelo autofinanciado. ¿Será un viaje cómodo y eficiente para quienes lo usen con frecuencia, en horas punta o con equipaje? ¿Está bien resuelta su integración con el resto del sistema, o requiere inversiones complementarias que aún no han sido consideradas?
Volviendo a los anuncios de la Cuenta Pública, es importante recordar que mejorar la movilidad no basta si no se articula con vivienda, servicios, espacio público y seguridad. Mirando hacia delante, quedan pendientes medidas concretas para potenciar las capitales regionales y la generación de subcentros barriales con servicios públicos, comercio local y espacios públicos de calidad que permitan fortalecer el tejido comunitario y la escala local.
Las próximas Cuentas Públicas debieran ser capaces de ambicionar ciudades en toda su complejidad: no solo como contenedor de viviendas o plataforma de servicios, sino como espacio donde se juega la calidad de vida, la equidad territorial y el futuro democrático del país. Avanzar hacia ciudades para el bienestar implica articular vivienda, movilidad, seguridad, espacio público y comunidad desde una política urbana ambiciosa, con visión de largo plazo y sentido de urgencia.
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