El sistema de educación superior chileno se ha desarrollado con fuerza en las últimas décadas considerando aspectos como la cobertura, la rentabilidad de los títulos universitarios y la calidad de su oferta. Al comparar nuestro país con los demás miembros de la OCDE, vemos como nuestro sistema tiene una cobertura mayor al promedio y ofrece el mayor premio salarial (273%) de todos los países miembros de dicha organización.
Si bien el avance es generalizado, este progreso ha impactado especialmente a los jóvenes de familias de menores ingresos que se han beneficiado de la movilidad social que la educación ofrece y, por esa vía, han accedido a mayores oportunidades. En efecto, mientras la cobertura neta entre 1990 y 2022 pasó en términos absolutos de un 12,7% a un 41,1%, para el caso de los jóvenes provenientes de familias del primer quintil de ingresos el avance fue desde un 4% a un 37,7% en el mismo periodo.
Este desarrollo ha sido posible gracias a la combinación virtuosa de principios fundamentales que le sirven de base, con el impulso creador de quienes decidieron fundar proyectos educacionales y políticas públicas adecuadas para facilitar su acceso y asegurar la calidad de los mismos. La libertad de enseñanza, la autonomía y la consecuente diversidad de proyectos educativos han sido elementos esenciales sobre los cuales se sostiene el sistema y cuya importancia recae tanto en su coherencia con una sociedad libre, como en la calidad de la oferta disponible.
La autonomía universitaria, que comprende aspectos académicos, administrativos y financieros, requiere una especial protección en orden a asegurar que las instituciones puedan cumplir su misión sin intervención del poder político. Su resguardo pasa por la seguridad jurídica que implica su reconocimiento y también por aspectos estructurales que libren a las universidades de amenazas respecto de su limitación.
La experiencia internacional demuestra que no basta con declarar la autonomía universitaria: cuando el financiamiento depende casi exclusivamente del Estado, el riesgo de intervención se vuelve estructural, más allá del color político del gobierno de turno. En tal sentido, es interesante analizar la situación de intervención que viven las universidades en Estados Unidos y cómo implica una voz de alerta que en Chile debemos escuchar con atención.
El sistema universitario norteamericano es uno de los más prestigiosos del mundo, tanto por la posición que tiene en los rankings internacionales como por la alta preferencia de estudiantes de diversos países y su amplia producción científica. Se desarrolló al alero de amplias libertades y autonomía para impulsar, desde el Estado y el sector privado, proyectos diversos y de excelencia.
Con todo, la cada vez más alta dependencia financiera de las universidades a los fondos federales se ha transformado en una herramienta de control, cuya expresión más reciente se está dando durante la actual administración de Donald Trump, quien no ha dudado en restringir su asignación o condicionar su entrega a la revisión de programas internos de cada institución.
Lo que está ocurriendo en EE.UU. muestra que la garantía nominal a la autonomía no es suficiente, así como tampoco la confianza que en esta materia pueda dar el ideario político de quien dirige el país, considerando que el Partido Republicano ha sido un tradicional defensor de la libertad de enseñanza; se requiere además que las condiciones estructurales del sistema impidan todo tipo de exceso e intervención.
Nadie duda que la situación de las universidades norteamericanas es preocupante y su seguimiento es, por sí solo, de particular interés. Con todo, el asunto cobra también relevancia en Chile y su análisis es necesario y útil para abordar el debate que tiene curso en el Congreso Nacional en el marco del proyecto de ley del gobierno que crea un nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES).
Dicha iniciativa termina con el sistema de créditos actualmente vigente en Chile (Crédito con Aval del Estado y Fondo Solidario del Crédito Universitario) y lo reemplaza por un nuevo sistema en el que los destinatarios del financiamiento público ya no son los alumnos, sino que las instituciones, quedando los egresados obligados por un periodo de hasta 20 años al pago de un impuesto (que el proyecto denomina contribución).
De acuerdo a la iniciativa en trámite, los aportes fiscales pasarán a ser la principal vía de financiamiento de las instituciones de educación superior, a través de un mecanismo de fijación de los aranceles.
Esta fórmula, basada en fijación de precios y vacantes, afecta la calidad de la oferta, obliga a la homogenización de los proyectos educacionales, limita la diversidad del sistema y amenaza seriamente la autonomía universitaria.
No basta entonces que los precursores del proyecto de ley aseguren la autonomía de las instituciones; al igual que en EE.UU., la alta dependencia fiscal de las universidades es amenaza suficiente. Si Chile adopta un modelo en que el financiamiento institucional se canaliza casi exclusivamente a través del Estado, arriesga desmantelar el pluralismo y la autonomía que han sido pilar del desarrollo educacional de las últimas décadas.
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