Se acata, pero no se cumple. Por Natalia González

La regulación actual sobre licencias médicas y el estatuto sobre el empleo público están generando incentivos perversos. Los colegisladores deben reaccionar ya para corregirlos, cuestión que lamentablemente no parece estar ocurriendo.

Nuestro marco jurídico establece que el Estado está al servicio de las personas y que su finalidad es promover el bien común. También, que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad que consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular. Al mismo tiempo, señala que la función pública se ejerce con transparencia.

No obstante, a partir de los miles de casos de vacaciones internacionales de funcionarios con licencias médicas, destapados por la Contraloría General de la República, va quedando claro que estos mandatos se acatan, pero no se cumplen.

No cabe duda de que se trata de un escándalo que, sin embargo, no nos sorprende. Sucede que el mal uso de licencias médicas o su emisión fraudulenta ocurre hace años, así como muchos otros casos en que se infringe la ley y respecto de los cuales se hace poco.

Basta recordar las decenas de veces que funcionarios públicos, de distintos servicios de salud, educación, registro civil u otros convocan a paros, dejando sin atención y sin poder realizar trámites relevantes a miles de personas, en circunstancias que lo tienen prohibido por la Constitución y las leyes.

Se acata, pero no se cumple.

En el contexto de la pandemia, por un error, se pagó indebidamente el bono clase media a miles de funcionarios públicos que no cumplían los requisitos para ser beneficiarios, muchos de los cuales lo devolvieron, pero muchos otros, no. El ente fiscalizador no hizo nada y todos hicieron, también, como si nada.

Se acata, pero no se cumple.

Personas o jefaturas que denuncian éstos y otros abusos, o que retienen los sueldos de los funcionarios que ilegalmente van a paro, para luego terminar, en este mundo al revés, siendo amenazadas, apartadas, perseguidas o denunciadas por los abusadores, de manera que la partida la terminan ganando los que defraudan.

Se acata, pero no se cumple.

¿Y, por qué? Porque reina la sensación de que incumplir la ley no tiene consecuencias. Prácticamente se ha instalado que quien inste y llame a cumplirla estaría prácticamente ejerciendo una actividad heroica o de alto riesgo.

Se obra sobre la base de que no pasará nada, pues una y otra vez, lamentablemente, no pasa nada.

Salvo que esta vez, sí está pasando, de la mano de la Contraloría y de un nuevo ambiente que ronda, en buena hora.

Esta vez, ha quedado en evidencia manifiesta que las autoridades sectoriales, llamadas a fiscalizar y velar por el cumplimiento de la ley (que regula el otorgamiento y uso de licencias médicas), no estaban haciendo la pega o, al menos, no con la velocidad y profundidad que se requiere, como demostró otro fiscalizador.

La Constitución y las leyes mandatan a los órganos del Estado, dentro del marco de sus competencias, a garantizar el orden institucional de la República, de manera que si, por ejemplo, la Superintendencia de Seguridad Social y el COMPIN no ejercen sus atribuciones, contribuyen con ello a debilitar el imperio de la ley, fortaleciendo a los infractores. Con su relajo, el Estado compromete las libertades y los derechos fundamentales de todas las personas, además de descuidar la custodia de los recursos que todos aportamos al sistema, con el enorme costo de oportunidad que implica, además, el mal uso de esos recursos.

Así, los unos (de vacaciones en el extranjero, debiendo guardar reposo) y los otros (de vacaciones de sus atribuciones), han faltado al estado de derecho, comportándose como si el éste no fuese necesario o, peor aún, como si fuera prescindible en una democracia constitucional.

Con los jefes de servicio pasa otro tanto. Parece que han dejado de prestar atención, en circunstancias que son garantes de los recursos públicos y tienen la obligación de ejercer un control interno permanente. Temerosos, tal vez, de las posibles represalias que puedan emprender grupos organizados de funcionarios públicos, los jefes están “dejando ser”. Sabido es que los gremios se organizan, ante el parlamento o ante la misma jefatura, para presionar y para que la disciplina no prospere, a tal punto que el Estado parece servir a estos grupos de interés y no a las personas (grupos que, por lo demás perjudican también a los funcionarios honestos, que ejercen su labor con compromiso y rectitud).

Los jefes de servicio tienen entonces ahora una oportunidad, y deben empoderarse y contar con el respaldo político para actuar, demostrando que es posible desarrollar culturas de cumplimiento en el sector público. Al sector privado se la ha exigido mucho en este ámbito, y al sector público ¿Cuándo? A estas alturas tal vez sea bueno recordar que el estado de derecho y el imperio de la ley no existen por capricho, ni su cumplimiento puede quedar sujeto al arbitrio o voluntad de las personas. Existe para proteger nuestros derechos y libertades. De ahí que sea esencial que se respete y que así lo exijamos.

Por cierto, nada de lo anterior niega el hecho de que la regulación actual sobre licencias médicas y el estatuto sobre el empleo público están generando incentivos perversos, y que los colegisladores deben reaccionar ya para corregirlos, cuestión que lamentablemente no parece estar ocurriendo. Tampoco se percibe que estén muy urgidos por sacar adelante la agenda de probidad y transparencia que hace años desfila por el Congreso, la que, por lo mismo, va quedando rezagada y desactualizada respecto de la magnitud de los problemas, debiendo ser robustecida y modernizada previo a aprobarse.

Pero en el intertanto, el estado de derecho no solo debe acatarse, sino que cumplirse.

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