Mayo 15, 2025

Orrego se defiende sin autocrítica: “Somos víctimas de un delito y se pretende establecer que somos cómplices”

Ex-Ante

En una sesión extraordinaria del Consejo Regional Metropolitano, el gobernador Claudio Orrego defendió el programa Quédate de Prevención del Suicidio que suscribió en 2022 con la Fundación ProCultura de Alberto Larraín, señalando que el trato directo y el pago en una sola cuota de $1.600 millones se hizo de acuerdo a la Ley. Afirmó desconocer que Larraín recibía remuneración por el proyecto y que invirtió el dinero en un fondo mutuo bancario.


Qué observar. Durante una hora y 30 minutos expuso la tarde de este jueves el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en una sesión extraordinaria citada por el Consejo Regional Metropolitano para abordar los alcances del Caso ProCultura y el convenio de $1.683 millones que suscribió en 2022 el Gobierno Regional con la fundación del psiquiatra Alberto Larraín, para un programa de prevención del suicidio, de los cuáles sólo rindió $600 millones.

  • “Me han preguntado si yo puedo dormir tranquilo, duermo tranquilo todas las noches porque se que he actuado correctamente con apego a la Ley (…) Somos víctimas de un delito y hoy día se pretende establecer que nosotros somos cómplices del delito y no víctimas”, afirmó.
  • Orrego, quien declaró como imputado en la causa el 17 de diciembre, tenía cercanía personal y política con Alberto Larraín a quien contrató para el Centro de Salud Mental de Peñalolén. Luego patrocinó su ingreso a la DC y en 2013 Larraín lo apoyó en su candidatura en las primarias presidenciales.
  • En 8 junio de 2022, días antes que se suscribiera el millonario convenio para el programa Quédate de Prevención del Suicidio, Orrego designó a Larraín director de la Corporación Regional de Santiago, a la que tuvo que renunciar tras el estallido del caso.

Ampliación de querella. En su intervención, donde respondió preguntas de los consejeros regionales, Orrego afirmó que no tenía conocimiento de que Larraín se pagaba un sueldo con fondos del proyecto. Según la investigación de Fiscalía, el psiquiatra recibía de la fundación una remuneración de $6 millones, de los cuales $1,5 millón provenían de los ingresos del programa Quédate.

  • También dijo que no tenía antecedentes -y que recién se enteró ahora, tras la revelación del piezas del expediente- que Larraín tras recibir el depósito de $1.600 millones los invirtió en un fondo del banco Santander para generar rentabilidad.
  • Ambos aspectos -el sueldo y la inversión- estaban prohibidos en el convenio por lo que Orrego dijo que pidió a sus abogados ampliar la querella la gobernación presentó en 2024, meses después de que estallara el Caso Convenios y tras detectar que los fondos no estaban en las cuentas de ProCultura.
  • El gobernador afirmó que nadie ha criticado el contenido del proyecto de salud mental y que el pago en una sola cuota así como la adjudicación de forma directa sin concursos, están permitidos por la legislación para traspasos a fundaciones sin fines de lucro.
  • Asimismo reiteró que el proyecto fue votado de forma unánime por el Consejo Regional representado por todos los partidos políticos y se contó con la aprobación de la Subdere, la Dipres y la toma de razón de Contraloría. Además que participaron 19 funcionarios del Gore en la tramitación, dijo.

Preguntas y respuestas. Al inicio de la sesión los consejeros Álvaro Bellolio (UDI) y Víctor Valdes (Partido Republicano) formularon una serie de interrogantes abiertas sobre el cuestionado convenio. A continuación algunas de las preguntas y respuestas entregadas por Orrego.

1. Origen del convenio y diseño exprés del proyecto. Los consejeros señalaron que integrantes de ProCultura declararon en la causa que el proyecto se elaboró en sólo seis días y que la asignación fue sin licitación. “¿Quién propuso originalmente que fuera ProCultura la entidad ejecutora? ¿Existieron otras alternativas? ¿Cómo es posible que un proyecto de esta magnitud haya sido diseñado en menos de una semana?”, preguntaron.

  • Orrego señaló que la prevención del suicidio era parte de su programa como candidato a gobernador y que en 2021 se constituyó una mesa de trabajo al respecto. Pidió a las fundaciones interesadas que se elaborara un sólo proyecto y como exigencia que la fundación que los encabezara tuviera capital para respaldar el 100% de los recursos asignados y esa era ProCultura. Afirmó que la Fundación tenía experiencia de 10 años y Alberto Larraín experiencia en el tema.
  • Dijo que al no tratarse de una empresa no rige la Ley de Compras Públicas por lo que no era necesario hacer concursos públicos y se acostumbraba a pagar en una cuota y luego ir recibiendo rendiciones y no pagar a contraprestación.
  • Sobre los plazos afirmó que la tramitación total duró 5 meses.

2. Inserción de funcionarios privados en el GORE. Según consta en declaraciones judiciales un funcionario pagado por ProCultura, el psicólogo Gabriel Prado, trabajó directamente dentro del GORE Metropolitano, en comisión de servicio. “¿Por qué se permitió esa figura en la que una persona ajena a la administración pública operaba desde el interior del GORE, con acceso a recursos, sistemas y decisiones institucionales?”, le preguntaron más tarde a Orrego.

  • El gobernador dijo que no conocía a Gabriel Prado. “No conozco a esta persona, mal pude haber pedido que se le contratara”.

3. Presiones políticas y vínculos de campaña. Consultado si hubo gestiones del exsubsecretario y ex jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi, para viabilizar este convenio, así como de otros políticos del FA, el gobernador afirmó que “nunca recibí una presión, ni siquiera un llamado y jamás lo habría aceptado. En este programa nosotros mismos estábamos interesados que se llevara a cabo”.

  • Negó también que hubiese financiamiento de ProCultura en sus campañas electorales.

4. Conflicto de interés y pagos irregulares. Fue consultado sobre el nombramiento de Alberto Larraín como director de la Corporación de Desarrollo Regional del GORE solo tres meses antes de que ProCultura firmara el convenio.

  • Orrego afirmó que él propuso el nombre de Larraín, al igual que el de Carolina Tohá y Mónica Zalaquett para la corporación y que el nombramiento lo aprobó el consejo.
  • “Nunca he negado que conocía a Larraín, pero nunca he puesto un vínculo personal por sobre la Ley”, añadió.
  • Afirmó que el psiquiatra firmó una carta comprometiéndose que no recibiría sueldo del proyecto y al contrario, él donaría fondos. Cosa que no ocurrió.

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