Un informe reservado de Contraloría mostró que sólo 10 de las 79 cárceles del país tienen inhibidores de señales celulares y que, donde existen, los presos igual han logrado hablar con el exterior, pese a una licitación de $5.654 millones para evitarlo. Detalló que Gendarmería, dirigida por Sebastián Urra, no cursó multas por $27 millones.
Por qué importa. El informe reservado número 642 de Contraloría reveló lo vulnerable que son las cárceles chilenas a las comunicaciones de los presos con el exterior, pese a las millonarias inversiones en inhibidores de señales celulares, y cómo Gendarmería, dirigida por Sebastián Urra, ha fallado en supervisar el problema.
- La presencia de inhibidores en sólo 10 de las 79 cárceles de Chile, y las fallas detectadas en los penales donde estos existen, permite que los internos puedan cometer estafas telefónicas desde estos recintos y coordinar la comisión de delitos con el exterior, lo que es especialmente sensible en el caso del crimen organizado.
- En el documento, Contraloría anunció que realizará un examen de cuentas para verificar la correcta gestión de la licitación por $5.654.880.000 asignada por Gendarmería a la “unión temporal de proveedores conformada por las empresas ‘Informática Tier1 SpA’ y ‘Septier Communication LTE’, (por un) servicio que comenzó a operar el 8 de abril de 2024, por un periodo de 36 meses”.
- Esto, ya que uno de los cuestionamientos consistió en que Gendarmería había dejado de cursar multas por $27 millones a los proveedores por fallas en el funcionamiento de los inhibidores.
- Anunció, además, que envió una copia del informe al Ministerio Público, para “los fines que en derecho correspondan”. La Fiscalía deberá resolver si abre una investigación penal.
- El informe fue elaborado tras presentaciones de los diputados UDI Sergio Bobadilla, Juan Fuenzalida, Fernando Bórquez, Juan Antonio Coloma y Henry Leal.
- Urrua aseguró en un punto de prensa que “nuestro sistema sí funciona“.
Los detalles del informe. Este martes Contraloría envió a la Cámara el informe reservado número 642 del 18 de marzo. A continuación, sus resultados.
- Dónde hay inhibidores. “Se constató que, de los 79 establecimientos penitenciarios de régimen cerrado que existen actualmente en el país, administrados por Gendarmería de Chile, solo el 12,7% cuenta con un sistema de inhibición de señal de telefonía celular, porcentaje que es conformado por 8 establecimientos concesionados y 2 recintos de administración tradicional”.
- Los dos recintos tradicionales con inhibidores son la Unidad de Alta Seguridad y el penal Santiago Sur. Las ocho cárceles concesionadas son las de Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Antofagasta, Biobío, Valdivia, Puerto Montt y Santiago 1.
- Qué sistema usan. De estas 10 cárceles, las únicas con un sistema integral de bloqueo de dispositivos son la Unidad de Alta Seguridad, Santiago Sur y Santiago 1, las tres en la Región Metropolitana. La licitación por $5.654 millones corresponde a estos tres recintos, que usan el sistema conocido como Guardian.
- Las otras siete sólo usan tecnología jammer, que es más fácil de contrarrestar en el largo plazo.
- Bloqueos intermitentes. “De las validaciones efectuadas en el área de cobertura del sistema, los días 20 y 29 de agosto de 2024, específicamente en los centros penitenciaros CDP Santiago 1, CDP Santiago Sur y Unidad Especial de Alta Seguridad, se evidenciaron 5 casos en los que dispositivos en lista negra -a solicitud del equipo fiscalizador- tuvieron acceso a conexión de voz y datos móviles”.
- Cambios de chips. “También (se detectaron), cambios reiterados de IMSI (código asociado a la tarjeta Sim) y de IMEI (que identifica al equipo) para dispositivos de telefonía celular que no fueron detectados por el sistema”.
- Multas sin cobrar. “Se identificaron dos periodos en los cuales el citado sistema no detectó dispositivos, toda vez que no existen registros tanto de IMSI como de IMEI, correspondientes al día 30 de mayo de 2024 entre las 17:53:55 y 23:59:59 horas y, al día 31 de mayo de 2024 entre las 01:22:38 y las 11:45:10 horas”.
- “(Esto) implica un eventual cobro de multas por dicha inactividad, ascendente a la suma de $27.000.000, que la entidad penitenciaria no aplicó”.
- Bloqueo parcial. “Se evidenció que aún cuando un dispositivo móvil se encuentre bloqueado por el sistema, éste puede conectarse a internet a través de señales Wifi, situación que conlleva el riesgo de que la población penal pueda mantener conectividad de datos con el exterior”.
- Uso irregular de teléfonos autorizados. “Se evidenció que 186 IMEI y 37 IMSI incluidos en listas blancas presentaron conductas anómalas -referidas principalmente a la utilización de más de una tarjeta SIM en un mismo dispositivo y georreferenciación de IMSI en ubicación no autorizada, los cuales continúan en dicha lista, situación que fue motivo de un sumario administrativo por parte de Gendarmería”.
- “Además, se detectaron 13 casos en los que dispositivos incorporados en lista blanca tuvieron vinculación con equipos móviles o tarjetas SIM bloqueados, sin que fueran catalogados e informados con conducta anómala por el proveedor”.
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