-Donald Trump amenazó con subir los aranceles al cobre chileno. ¿Es un peligro real?
-Al diseñar una estrategia que permita salvaguardar los intereses chilenos ante este cambio en la política exterior y comercial de EEUU, hay que comprender un punto esencial: el presidente Trump fue elegido por una mayoría importante de norteamericanos que le dieron este mandato. Al anunciar aranceles, el Presidente está ejecutando su programa y este es el marco dentro del que Chile debe moverse.
En ese cuadro, no estamos blindados, pero tenemos algunas fortalezas de las que otros países carecen: un Tratado de Libre Comercio que otorga un buen marco. Es un tratado bilateral, no multilateral. Por otro lado, el tamaño de nuestra economía no es una amenaza preferente en este momento para EEUU, que además tiene superávit comercial con Chile.
-¿Cuál es el foco de interés de Trump, a quien The Wall Street Journal acusó de llevar adelante la guerra comercial más tonta de la historia?
-Lo que sí es prioritario en la actual agenda exterior de la Casa Blanca es la inmigración ilegal, la delincuencia, el narcotráfico. Si los aranceles se usan para negociar una reacción inmediata de los países que dañan a EEUU en este frente (que vemos transitoriamente en el caso de México) entonces debemos anticiparnos y aplicar tolerancia cero a chilenos que sean un riesgo para la seguridad internacional, externa e interna de EEUU.
Aquí aparece el Visa Waiver, un privilegio único en Latinoamérica para Chile. La única forma de conservarlo bajo la actual administración de Donald Trump es cumplir de inmediato al 100% los dos tratados que lo sostienen, su convenio de implementación de 2023, todos los intercambios de información digital, y complementar eso con todas las aristas sensibles para EEUU: control fronterizo reforzado de nuestros límites, eliminar toda la falsificación de pasaportes y reducir inmigración ilegal a cero.
-Aseguradores de EEUU criticaron los cambios al sistema de AFP. Denunciaron una “expropiación de inversiones”. ¿Cuál es tu posición?
-Las AFP chilenas, en su última carta, hicieron un balance sereno sobre esta reforma, rescatando aciertos y advirtiendo errores. Yo tomaría en serio sus pronósticos de mediano y largo plazo; llevan más de 40 años administrando fondos previsionales en el marco legal que Chile les ha dado, no se ha perdido un sólo peso y han generado una rentabilidad superior a la de cualquier sistema histórico de reparto. En términos técnicos, saben más que cualquier otra institución o funcionario en su específico rubro.
-En general, ¿qué riesgos conlleva la reforma previsional?
-Yo valoro el acuerdo político transversal que trajo la reforma; creo que es lo primero a destacar, un atributo institucional que Chile tuvo en sus mejores años y que se había perdido. Esto genera reglas más claras y estables, legitima la democracia. Pero aquí lució más el método que el contenido, porque si bien hay avances objetivos que destacar -avance del ahorro privado de la capitalización individual, el bono tabla que sube las pensiones de mujeres, mejoramiento de la PGU y otros- deja zonas muy preocupantes para Chile, su salud financiera futura y para la libertad de las personas.
También es problemático jurídicamente el préstamo al Estado. Esto porque, en la lógica del proyecto, esto pertenece al afiliado, son sus fondos. Entonces ¿por qué no se le pide su consentimiento? Es un préstamo forzado, contrario a los derechos constitucionales del afiliado.
-¿Tienes dudas sobre cómo y cuándo se va a pagar este pasivo?
-Cualquier ciudadano responsable debería estar preocupado por esta parte gris de la reforma, advertida por el Consejo Fiscal Autónomo. También me preocupa el encarecimiento de la contratación de trabajadores, porque aun en la suave gradualidad que negociaron los líderes parlamentarios, la cotización adicional “de cargo del empleador” no es en rigor un ahorro del trabajador, es un impuesto al trabajo que encarecerá las nuevas contrataciones e impactará los aumentos de los trabajadores actuales. Con un país próspero, todo esto se puede absorber; con un país de inversiones detenidas o a la baja, esto no puede sino golpear el empleo.
-¿Cuál crees que es el aspecto más preocupante?
-El punto que más me preocupa es la reducción de la libertad de las personas, de los afiliados y del derecho de propiedad sobre sus fondos. En esta parte, el proyecto aprobado por el Senado trae un punto jurídicamente perturbador: el traslado forzoso de carteras de afiliados y de todos sus fondos ahorrados ante el mero silencio de la persona. Esta es la piedra angular de la licitación de stocks que se creó para aumentar la competencia. Muy bien promover la competencia, pero si el afiliado no se entera de la licitación, no responde, no quiere o no puede hacerlo, se le traslada igual a una AFP que él no ha elegido.
-¿Por qué no te parece recomendable?
-Porque quiebra un pilar de libertad esencial en el sistema de capitalización individual, con su derecho constitucional a la libre elección. Que el Estado haga lo que estime conveniente con sus propios fondos, con su recaudación de impuestos generales, pero no con dinero privado ya ahorrado, ante el mero silencio del interesado.
En derecho, esto se llama consentimiento presunto, y solo se admite en casos urgentes en que la demora puede generar un grave daño a la persona misma (un tratamiento médico de urgencia, por ejemplo), pero jamás para algo patrimonial, como un supuesto ahorro futuro de comisiones, cuando además nadie asegura cuál va a ser la rentabilidad.
-¿Los cambios que se hicieron no te parecen suficientes?
-Se mejoró la redacción del proyecto del ejecutivo y se agregó una pregunta inicial al afiliado sobre si desea participar en la licitación, pero esto no repara el vicio de fondo, que es aprovecharse del simple silencio de la persona. Tampoco el que después pueda cambiarse, porque en el intertanto, lo cambiaron. Los ejemplos de consentimiento tácito que hay en el DL 3.500 no son comparables en dimensión con el traslado de todos los ahorros acumulados durante la vida laboral.
Se manejaron varias alternativas para mitigar o reparar el problema, entre otras asegurarse que haya sido informado. Pero nada de esto fue recogido en el texto que salió del Senado. Ojalá el mecanismo no genere traslados masivos mal informados, ignorados por los interesados. Sería confirmar un precedente peligroso de cambio de reglas en un sistema basado en la libertad.
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