Las cifras de morosidad del Crédito con Aval del Estado (CAE) evidencian una situación insostenible. En 2023, el 60% de los casi 900 mil deudores en etapa de pago se encontraban en mora. Este porcentaje se eleva al 82% entre quienes abandonaron sus estudios. Más alarmante aún, casi la mitad de los créditos han activado ya las garantías estatales, lo que significa que el Estado, utilizando recursos de todos los chilenos, ha debido asumir esas deudas frente a los bancos. Ante este panorama, surge una pregunta ineludible: ¿cómo corregir el rumbo?
En 2012, seis años después de su creación, el CAE tuvo su última gran reforma, diseñada para aliviar la carga del endeudamiento estudiantil. Entre las principales modificaciones, se redujo la tasa de interés al 2% anual real y se incorporaron medidas como el pago contingente a la renta, que limita las cuotas al 10% de los ingresos, además de la opción de suspender los pagos en caso de cesantía.
El problema es que no todos los estudiantes han podido acceder a estos beneficios. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2022, cerca del 28% de los deudores dedica más del 10% de sus ingresos al pago de las cuotas o, simplemente, no tiene ingresos para cumplir con el crédito. Se suma a ello que solo el 20% de las cuotas que califican para la reducción al 2% de la tasa de interés han accedido a este alivio, un beneficio que puede disminuir el monto a pagar prácticamente a la mitad (CEP 2024).
¿La razón? La falta de información, procesos de postulación complejos y requisitos demasiado restrictivos. El más problemático de ellos es la obligación de estar al día con los pagos, una meta inalcanzable para muchos, especialmente para quienes comenzaron a pagar antes de 2012, cuando estos beneficios no existían. A esto se suma que el beneficio de pago contingente a la renta se basa en el promedio de ingresos del último año, lo que ignora cambios recientes en la situación financiera de los deudores.
En el mundo, existen modelos de financiamiento estudiantil con amplia trayectoria que podrían servir como referencia. En países como Australia y el Reino Unido, las cuotas se ajustan automáticamente según los ingresos actuales de los deudores y se recaudan a través de los empleadores, reduciendo así la morosidad y los costos administrativos. Además, estos sistemas establecen umbrales mínimos de ingresos exentos de pago, garantizando que quienes ganan menos no sean presionados financieramente. La mayor flexibilidad de estos modelos permite contar con plazos más extendidos a los que hoy tiene el CAE para maximizar la recuperación del crédito.
En este contexto, la reciente propuesta del gobierno para reemplazar el CAE con un nuevo sistema de financiamiento estudiantil genera más preguntas que certezas. Especialmente porque implica un cambio radical en el esquema de financiamiento de la educación superior del país y se distancia de las experiencias internacionales exitosas. Este nuevo enfoque conlleva riesgos significativos, como la discriminación entre estudiantes y mayores dificultades de financiamiento para las instituciones de educación superior, en un escenario ya tensionado por la implementación de la gratuidad (CEP 2024).
En lugar de arriesgarse a una refundación del sistema con altos costos e incertidumbres, Chile podría optar por perfeccionar el CAE, aprendiendo de las mejores prácticas internacionales. Automatizar el acceso a los beneficios según los ingresos actuales, recaudar los pagos a través de los empleadores, definir un umbral de renta mínimo y extender el plazo de pago son medidas concretas que se podrían implementar. De esta forma se podrá asegurar el futuro de miles de estudiantes, al mismo tiempo que se construye un sistema de financiamiento más justo y sostenible.
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