Jorge Riesco tras fallo por Dominga: “Esto de las consignas ha complicado mucho al gobierno”

Vicente Browne R.

Este lunes, el Primer Tribunal Ambiental anuló la decisión del Comité de Ministros que rechazó el proyecto minero Dominga, generando un duro revés para esta instancia liderada por autoridades clave del gobierno. Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), cree que la consigna “No a Dominga” se convirtió en un símbolo ideológico que no representa a las comunidades locales ni a los intereses del país. Además, cuestionó la falta de autocrítica gubernamental y afirmó que el fallo es un llamado de atención para todos aquellos que han llegado a decir que “el mejor proyecto es el que no se hace”.


-¿Qué sensaciones dejó para la industria minera el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta? 

-Lo primero que salta del fallo es que hay un fuerte llamado de atención de parte del Tribunal Ambiental en contra de una decisión que se tomó con varias incorrecciones, con varios defectos. Nos ha llamado la atención el número, la cantidad de defectos y de reparos que tiene el acuerdo del Comité de Ministros.

-¿Cree que una fijación política y social entorno al proyecto Dominga? Considerando en que insisten en su oposición a la iniciativa. 

-Es tan feo creer o asignarse el valor de representar la opinión popular. Aquí lo que se generó fue una consigna de “No a Dominga”, y eso ha conducido la actuación de las autoridades, pero olvidándose además de que esa consigna no representa a la comunidad legal y cercana al proyecto. Tampoco representa a la comunidad minera de este país y los intereses de Chile, en el sentido de que el país necesita proyectos como este.

Adoptaron esa consigna a nivel de campaña que hoy día los tiene muy prisioneros, al estilo de otras consignas que han impedido avanzar más en otros proyectos, como lo son las AFP. Donde el proyecto ha impedido llegar a acuerdos que habrían sido perfectamente razonables en términos de satisfacer las necesidades del sistema de pensiones, y que por querer suprimir las AFP no se han concretado.

-A pesar del fallo, quienes se oponen a la iniciativa aseguran que seguirán haciéndolo. 

-Parece que este proyecto ha pasado a ser una especie de símbolo, un fetiche del tema ambiental, y en el fondo no se está protegiendo ni el medioambiente, ni cuidando de que el proyecto salga en las mejores condiciones, sino que más bien satisfaciendo una especie de consigna ideológica, una causa, una bandera, que no tiene asidero en la realidad.

-En este sentido, ¿debería haber una autocrítica del gobierno? De que se hizo un procedimiento “ilegal” y que tuvo varias deficiencias. 

-Autocrítica no esperaría tanto, pero por lo menos una reflexión al interior y que conversen bien el tema. Porque esto de las consignas ha complicado mucho al gobierno y al presidente en muchos aspectos. En el caso de la minería, nos han complicado también en exceso. Se nos dijo que no contribuíamos tributariamente y se nos puso un royalty. Se nos dice que contaminamos y se quiso prohibir la minería en parte de la discusión constitucional de la cual nos costó tanto salir.

Las consignas son parte importante del problema que tenemos hoy día, de crecimiento, de falta de un ambiente de negocio, etc. Entonces, no encuentro malo que en algún momento las mismas personas que han sostenido esas consignas reflexionen seriamente.

-La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, insiste en que aún hay posibilidades de que el proyecto se mantenga rechazado…

-El fallo es un llamado de atención para todos aquellos que han llegado a decir que el mejor proyecto es el que no se hace. Eso no está en la ley, no está en ninguna parte, por el contrario, tenemos todo un sistema que lo que hace es que debiera permitir que todos los proyectos que se puedan hacer se hagan y en las mejores condiciones posibles.

-Pareciera que a ratos hay cierta incompatibilidad entre crecimiento y protección del medio ambiente entre los distintos ministerios del gobierno. 

-Hay una tensión entre crecimiento, cuidado del medio ambiente y comunidades. Pero esa tensión hay que resolverla. El objetivo de un buen sistema y de autoridades con liderazgo y con las competencias para esto, es resolver adecuadamente el sistema y no tratar de suprimir una parte de la ecuación para simplemente no tener el problema.

-¿Cómo ve el tema de que organizaciones ambientales y algunas comunidades tengan el poder de judicializar o detener proyectos de US$ 2.500 millones?

-Cuando ideológicamente se piensa en impedir todos los proyectos en lugar de mejorarlos, de alguna manera se está yendo en contra de otra parte de la comunidad que sí puede estar interesada en hacerlo. Aquí se suele confundir a los proyectos con un interés mezquino o de algún inversionista que lo único que quiere es ganar plata y le da lo mismo los efectos que tenga la iniciativa. Pero no, hoy en día los proyectos se estudian y se ejecutan de otra manera.

En esto el mundo ha cambiado mucho y probablemente esa actitud de aquellas ONG que insisten en una lucha frontal contra todos los proyectos se quedaron en una época en donde eso podía ser eficiente, pero hoy día no lo es. De a poco van a ir perdiendo ascendiente y respaldo en la opinión pública y en la comunidad, en la medida que se sigan oponiendo a aquellos intereses de muchas comunidades que sí esperan que estos proyectos se ejecuten.

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