La concentración dentro del sistema financiero en Chile es un fenómeno que ha cobrado relevancia en las últimas décadas, trayendo consigo efectos significativos tanto para la economía como para la disponibilidad de crédito en el país. Cabe recordar que la historia de la concentración bancaria en el país se remonta a los años 80, un periodo marcado por la crisis financiera de 1982, que llevó a la quiebra de numerosos bancos y a la intervención estatal en el sistema financiero, que culminó en una reestructuración del sistema bancario. Ésta, solo permitió que las entidades más fuertes y solventes sobrevivieran y, con el paso de los años, que la concentración bancaria se intensificara en la década de los 90 y 2000.
Así, en la actualidad, el mercado bancario chileno es uno de los más concentrados de América Latina. Según cifras del Banco Central y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a 2023 los cuatro principales bancos del país (Banco Santander, Banco de Chile, BancoEstado y BCI) controlaban alrededor del 80% de los activos bancarios totales, trayendo diversos desafíos para la economía chilena. De acuerdo con los datos más recientes de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), a 2023 la concentración del mercado financiero en Chile seguía siendo una de las más altas de la región, superando los promedios observados en los países de la organización que es de un 60%.
Esta alta concentración genera preocupación por los riesgos sistémicos y las limitaciones al acceso al crédito, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes). En Chile, solo un 25% de las pymes acceden a financiamiento formal, en contraste con el 40% que se observa en promedio en los países de la OCDE. Esto refleja el impacto de la concentración en la capacidad de las pymes para competir y desarrollarse.
Para abordar estos desafíos, la OCDE ha recomendado a Chile implementar políticas que incentiven la competencia y apoyen el desarrollo de nuevos actores en el mercado financiero, como las fintec, lo cual podría mejorar el acceso al crédito y reducir la concentración que sigue siendo un riesgo latente que afecta la diversidad y diferenciación en la oferta financiera.
¿Qué se puede hacer para mitigar estos desafíos? En primer lugar, es crucial que la regulación fomente la competencia. En un mercado financiero altamente regulado, donde nuevas leyes podrían excluir a actores secundarios relevantes, el regulador debería implementar diversas medidas para fomentar la competencia y mejorar el acceso al financiamiento para las pymes. Una de las primeras acciones sería revisar y ajustar las regulaciones existentes, de tal forma de comprender cómo las nuevas normativas afectan a los actores más pequeños y ajustar las reglas para minimizar barreras innecesarias. Además, la implementación de regulaciones proporcionales permitiría que las instituciones más pequeñas cumplan con requisitos adaptados a su tamaño y capacidad, lo que les permitiría competir en igualdad de condiciones.
Otra medida clave es el fomento de la innovación financiera. El regulador podría generar “sandboxes” regulatorios o entornos de prueba donde las fintec y otros actores más pequeños puedan operar bajo regulaciones más flexibles, pudiendo experimentar con nuevos modelos de negocio sin enfrentar de inmediato las cargas regulatorias completas. Promover la competencia justa en el sector es vital, lo que implica fortalecer la supervisión antimonopolio para evitar que los actores más grandes abusen de su posición dominante frente a competidores más pequeños.
Es crucial también que el regulador incentive y apoye a los actores secundarios -focalizados en el financiamiento a las pymes- con mecanismos que faciliten su acceso al capital, ayudándoles a mantener su competitividad en el mercado. Adicionalmente, la creación de garantías estatales o fondos de coinversión podría permitir que estos actores accedan a recursos financieros necesarios para competir con las grandes instituciones.
La cooperación y colaboración entre el sector público y privado es determinante para el desarrollo de productos financieros que respondan a las necesidades específicas de las pymes. En este contexto, el apoyo a asociaciones gremiales permite que éstos tengan una voz en el desarrollo de políticas públicas asegurando la generación de un entorno financiero más equitativo y competitivo.
El desarrollo de un ecosistema financiero más inclusivo y diverso, donde los agentes no bancarios puedan operar con reglas claras y justas, es esencial para romper con la concentración actual y asegurar que el acceso al crédito no esté limitado a unos pocos actores dominantes. Esto no solo beneficiará a las pymes, sino que también contribuirá al dinamismo y resiliencia de la economía chilena en su conjunto.
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