A un año de la Ley de Delitos Económicos, aún no hay procesos bajo la nueva normativa

Hasta ahora, no se ha registrado algún proceso judicial bajo esta legislación, que prometía mayor rigor en la persecución de crímenes de “cuello blanco”. Sin embargo, diversos expertos coinciden en que las empresas han trabajado intensamente para cumplir con las nuevas exigencias legales, aunque la falta de recursos en el sistema judicial ha sido un obstáculo clave.

Qué observar. La Ley de Delitos Económicos, promulgada en 2023, surgió como una respuesta a los escándalos financieros y de corrupción que han sacudido al país en los últimos años. Entre sus principales objetivos se encuentran el endurecimiento de penas para delitos como el fraude, lavado de activos, administración desleal y cohecho, además de una mayor responsabilidad penal para personas jurídicas. Con esta normativa, se esperaba una fiscalización más rigurosa y un aumento en la capacidad de castigar a quienes cometen estos crímenes.

• Aunque aún no se han visto procesos judiciales concretos, las empresas han comenzado a ajustar sus modelos de prevención de delitos para cumplir con la ley, enfrentándose a un marco regulatorio más exigente, que ahora incluye también delitos medioambientales.

La voz de los expertos.

• Roberto Náquira, socio de Sáez Abogados, señala que “el poco tiempo que lleva vigente la ley hace complejo medir su efectividad”, aunque reconoce que “las empresas, sus directivos y estructuras organizacionales han trabajado incansablemente para cumplir las nuevas exigencias legales”. Destaca que ahora son potencialmente responsables una mayor cantidad de personas jurídicas, incluyendo partidos políticos y universidades del Estado, lo que amplía la carga de cumplimiento.
• La abogada Daniela Gazmuri, socia de Garnham Abogados, añade que “es precipitado hablar de ‘inacción’ en este momento”. Explica que la ley no se aplica a hechos ocurridos antes de su publicación en agosto de 2023 y que las modificaciones para las empresas solo entraron en vigencia el 1 de septiembre de 2024. “La investigación de estos delitos es compleja y conlleva una dificultad probatoria importante”, subraya, indicando que las empresas jugarán un rol clave al colaborar con las autoridades para facilitar la investigación.

Nuevos desafíos. La falta de recursos en el sistema de persecución penal plantea un desafío importante para la efectiva implementación de esta legislación, sobre todo para el Ministerio Público y las policías, los que requieren de mayor especialización y recursos técnicos. Algo que reconocen en la Fiscalía ya que tras la aprobación de la Ley no existieron mayores recursos para las unidades encargadas de los delitos económicos.

• El director jurídico de Prelafit Compliance, Rodrigo Reyes, advierte sobre las dificultades que enfrenta la implementación de la ley: “El gran problema de la ley es que no contempló recursos para el enforcement o persecución. No hay más recursos para policías ni para fiscales especializados en criminalidad de cuello blanco. Sin recursos es mucho más difícil la aplicación efectiva”.
• Esta carencia de recursos compromete la capacidad del sistema judicial para procesar y sancionar este tipo de delitos, lo que deja una brecha entre la ambición de la ley y su ejecución real. “Es paradójico que se endurezcan las penas sin dotar de las herramientas necesarias a las instituciones encargadas de hacerla cumplir”, agregó Reyes.

Se amplía a empresas. El 1 de septiembre de 2024 comenzó a operar la nueva fase de la Ley de Delitos Económicos, ampliando la responsabilidad penal de las empresas en Chile. Esta normativa, que modifica la Ley 20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluye más de 200 delitos económicos y medioambientales, y exige que las empresas implementen modelos de prevención del delito ajustados a sus operaciones.

• Estos modelos deben estar enfocados en mitigar riesgos específicos y serán clave para eximir a las organizaciones de responsabilidad penal, siempre que se demuestre su implementación efectiva.
• Entre los cambios más destacados, la ley no solo endurece las sanciones para las empresas, que pueden incluir multas y la prohibición de contratar con el Estado, sino que también introduce nuevas figuras penales como delitos medioambientales y fraudes en el pago de cotizaciones previsionales.
• Esto representa un desafío para las compañías, que deben fortalecer sus sistemas de compliance, evaluar riesgos internos y externos, y capacitar a su personal para garantizar el cumplimiento de la normativa.

También puedes leer:

Los ásperos diálogos del ministro Pardow con las eléctricas en el Chile Day de París