Hace un par de días el Ministerio Público informaba que se había desbaratado una célula del Tren de Aragua que operaba en Puerto Montt, la banda de los “Hermanos Cartier” que se dedicaban, nada más ni nada menos, que a delitos como robos, amenazas, tráfico de drogas, explotación sexual, infracción a la ley de armas y asociación ilícita, entre otros. Para esto se detuvo a 10 personas, entre ellas, un funcionario de Carabineros, a quien se le imputan los delitos de violación de secreto, obstrucción a la investigación y tráfico de droga en pequeñas cantidades.
De acuerdo a la experiencia comparada, no debería sorprender mucho que una banda de crimen organizado tenga dentro de su grupo o en su “lista de pagos” a funcionarios públicos o de las fuerzas de seguridad. Éste necesita infiltrarse o capturar al Estado para ser exitoso.
Como indica el Center for Study of Democracy “la corrupción política es la herramienta más poderosa de la delincuencia organizada” y los estudios han mostrado una fuerte correlación entre el crimen organizado y la corrupción, ya que es la forma eficiente de evitar el cumplimiento de la normativa y el control de las fronteras, así como de lograr el lavado de activos ilícitos, indispensable para disfrutar los recursos económicos provenientes de esta actividad criminal.
Un estudio de Buscaglia y Van Dijk (2003) sobre el control de la delincuencia organizada y la corrupción en el sector público establece la vinculación entre el crecimiento de la delincuencia organizada y el de la corrupción en el sector público en un gran número de países y cómo los dos tipos de esta delincuencia compleja se refuerzan mutuamente. Así, ellos describen que el crimen organizado se caracteriza, entre otras cosas, por ser estructurado, tener permanencia, cometer delitos graves por dinero, utilizar la violencia, corromper a funcionarios y blanquear dinero.
De este modo y como también ha indicado Transparencia Internacional, la corrupción rampante ofrece oportunidades a la delincuencia organizada que son fácilmente aprovechadas por los grupos delictivos emergentes.
Así, cuando el crimen organizado va creciendo y adquiriendo una posición dominante en un determinado país o región, también ocurre un fenómeno similar en la corrupción dentro del sector púbico, de modo que son fenómenos que se van “alimentando” mutuamente, razón por la que los autores recomiendan que esto justifica “examinar ambos tipos de delincuencia compleja de manera conjunta en paralelo”.
Por esto, toda agenda de seguridad debe ir de la mano con una agenda anticorrupción y considerar nuevos riesgos a los cuales debemos adelantarnos, prevenir y detectar. Para esto se ha intentado adoptar dos estrategias complementarias: fortalecer el Estado de Derecho -en esto es clave el sistema judicial pero también las policías y quienes resguardan las cárceles y fronteras, por ejemplo-; y, seguir la ruta del dinero, dificultando y detectando el lavado de activos y con un registro público y accesible de beneficiario final.
Así, es imprescindible que avancemos en iniciativas legislativas y de gestión que hoy ya están en discusión o presentadas: fortalecer las capacidades internas de instituciones claves -SII, UAF, CMF, Aduanas, Policías, Carabineros, Ministerio Público, Servicio Electoral-; modernizar nuestro sistema de inteligencia investigativa y financiera; registro público y accesible de beneficiario final; modernizar la institucionalidad de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas no solo en la Administración del Estado, pero también en otros poderes autónomos, con especial énfasis en el sistema judicial y persecutorio; modernizar y fortalecer la auditoría interna y externa -con particular foco en servicios y procesos críticos-, entre otras reformas urgentes e imprescindibles.
Estas tareas no se agotan en las reformas actuales, son procesos constantes de revisión, modernización y ajustes, porque el crimen organizado es innovador y siempre busca el cómo evadir las nuevas reglas.
Como indican los autores ya citados “al abordar las causas profundas y las interdependencias entre la delincuencia organizada y la corrupción, los países pueden mejorar significativamente sus resultados en materia de gobernanza y desarrollo”. Si queremos para en seco el surgimiento y crecimiento del crimen organizado en nuestro país, el combate a la corrupción debe ser una piedra angular de la estrategia.
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