¿Pesa realmente la transmisión eléctrica en la cuenta final de la luz? Por Javier Tapia

¿Beneficia esto a las transmisoras? Tampoco. Las tarifas de transmisión llevan mucho tiempo no reflejando los valores reales y, ahora, con la división de las cuotas, se agrega un impacto financiero relevante. Con la medida del regulador, lo único que se está haciendo es diferir la devolución de lo adeudado, lo que producirá un atraso en los pagos a las transmisoras equivalente a unos dos meses de ingresos.

Mucha tinta se ha derramado estas últimas semanas —con justa razón— acerca de las próximas alzas de las cuentas eléctricas. Algunos reportes de prensa han puesto un cierto énfasis en las tarifas del sector transmisión, llegándose a afirmar que el impacto en los clientes sería “aún mayor” al esperado, producto de tales incrementos. Como veremos, el problema de la tarifa de transmisión no pasa tanto por sus supuestos aumentos como sí por su variabilidad en la cuenta final. Aunque en ella representa el porcentaje menor (alrededor de un 12-13% hoy en día), la tarifa fluctúa frecuentemente y se paga distinto en diversas zonas del país. Ese es el problema real que se debe solucionar.

Para entender esto es necesario, primero, dar una breve explicación de cómo funciona el complejo sistema tarifario en este segmento. Las tarifas de transmisión son fijadas por la autoridad luego de un proceso altamente regulado, y básicamente deben cubrir lo que invierten las compañías en desarrollar infraestructura, más un cargo por operarla, mantenerla y administrarla. El equivalente a ese monto total, entonces, es lo que debiera recaudarse anualmente para pagarle a los transmisores. Sin embargo, como los montos facturados a los clientes finales suelen no coincidir con lo calculado por el regulador, las empresas transmisoras o los clientes (“el sistema eléctrico”), dependiendo el caso, quedan en una posición acreedora o deudora. Es decir, si lo facturado es menos de lo fijado, se le debe a las empresas; si es más, viceversa, es decir, se le debe a los clientes finales. Estos ajustes se realizan semestralmente.

Teóricamente, en el caso de la mayoría de las instalaciones de transmisión, la fijación de tarifas ocurre por adelantado cada cuatro años, para el período inmediatamente siguiente. Sin embargo, en la práctica, los procesos se han retrasado tanto últimamente que las tarifas sólo se conocen casi al finalizar dicho período. Esto obliga a la autoridad a hacer nuevos recálculos, ahora retroactivos, que implican complejísimas devoluciones de dinero que producen vaivenes en la cuenta final de los clientes. Todo ello tiene como consecuencia la necesidad de computar constantemente las tarifas traspasables al cliente final, lo que produce no sólo una dificultad para que las empresas calculen sus flujos, sino también —y más importante— una variabilidad permanente en las tarifas de los clientes finales.

Lo complejo es que esta variabilidad no solo es temporal (mes a mes), sino también territorial; es decir, las tarifas de transmisión impactan de manera distinta a lo largo del país, porque son calculadas de acuerdo a zonas establecidas reglamentariamente y depende, entre otras cosas, de la cantidad de obras que se ejecuten en un lugar determinado. Así, lo que paga un cliente maulino por transmisión no es igual a lo que paga uno de Antofagasta o Concepción, por ejemplo. Por lo mismo, la tarifa de transmisión puede subir mucho en un lugar del país y bajar abruptamente (o no subir) en otro.

Eso es lo que contempla la legislación actual. Ahora veamos qué ha pasado en la práctica.

En el año 2019, las tarifas de transmisión traspasables al cliente final fueron congeladas, al igual que las de generación (aunque no por ley, sino simplemente por acto administrativo). Eso significó, en la práctica, que cualquier reajuste no seguiría siendo aplicado. Dada la forma de recaudación antes explicada, en ese momento el “sistema” quedó en deuda con las empresas, pues hasta entonces se había recaudado menos de lo fijado. Luego, en el segundo semestre de 2023, comenzó el proceso de “normalización”. Se pactaron cuatro cuotas no iguales para la devolución de lo adeudado a las empresas transmisoras, de las cuales ya se pagaron tres. Pero hace poco, el regulador determinó que la cuarta cuota pendiente —la mayor de todas— se volverá a dividir en cuatro o seis nuevas cuotas, con la idea de, supuestamente, evitar impactos en la tarifa final (aplicando, además, otras medidas para reducir los cargos).

¿Esto nos favorece realmente como consumidores? La verdad es que no implicará un beneficio importante en las cuentas finales, porque, como vimos, la transmisión equivale sólo a alrededor de un 12-13% del monto total en una boleta promedio. Es decir, estamos hablando aproximadamente de un 1,4% de beneficio real (de rebaja) en cada cuenta. Nótese que las tarifas de transmisión ya habían bajado de forma abrupta durante la última fijación tarifaria. Todos nos vimos beneficiados de una rebaja de aproximadamente un 16% en nuestras cuentas para el período 2020-2023. Por el contrario, lo de ahora no produce una gran ayuda. Es más: dada la diferencia de zonas, lo que ha hecho la autoridades cargar más sólo a ciertos consumidores (por ejemplo, en Valparaíso), los que sufrirán severos aumentos en la tarifa de transmisión (de más de un 300%).

¿Beneficia esto a las transmisoras? Tampoco. Las tarifas de transmisión llevan mucho tiempo no reflejando los valores reales y, ahora, con la división de las cuotas, se agrega un impacto financiero relevante. Con la medida del regulador, lo único que se está haciendo es diferir la devolución de lo adeudado, lo que producirá un atraso en los pagos a las transmisoras equivalente a unos dos meses de ingresos. De hecho, durante todo este año las empresas no recibirán ese dinero y quedarán “deficitarias”, es decir, acreedoras del sistema. En buen chileno, la deuda simplemente se ha “chuteado” un tiempo más, al final del cual, de todos modos, las tarifas tendrán que normalizarse.

El resultado de todo esto es una gran incertidumbre para todos. La tarifa es en extremo variable —temporal y territorialmente— en las cuentas de los clientes y, por otro lado, da una señal muy negativa a los inversionistas. Existen alternativas para mitigar ambas cosas, las que deben ser consideradas de manera urgente, junto con —claro está— la promoción de más y mejor infraestructura para cumplir con nuestras metas de mejorar la calidad de servicio y descarbonizar. Lo que no puede ocurrir es dejarse llevar por la coyuntura y usar medidas inadecuadas y con poco impacto que, a la larga, producen un daño mayor.

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