Luego de más de 10 años de su instauración de la reforma s tributaria del año 2014 – que costo al país 8 puntos del PIB, según la comisión Marfán- defensores de este gran cambio a nuestro sistema tributario, tal como el ex director de SII, Michael Jorrat, han argumentado que a pesar de las diversas modificaciones que se realizaron no se resolvió el problema de la retención de utilidades dentro de las empresas, es decir, según este razonamiento “no se alteraron los incentivos para que las empresas distribuyan, en promedio, más del 30% de las utilidades retenidas”.
Consecuentemente con estos principios ya esbozados en la reforma tributaria del año 2020 se buscó establecer un impuesto al patrimonio (stock de utilidades acumuladas), el que hubiese generado una doble hasta triple tributación a una misma renta. Favorablemente dicho impuesto no vio la luz, en un escenario donde se requiere volver incentivar la inversión y retomar el crecimiento económico debilitado el último tiempo.
Sin embargo, los esfuerzos en esta línea aún persisten. El actual pacto fiscal busca eliminar la integración del sistema tributario, un factor clave del fortalecimiento de la inversión (reinversión de utilidades) en el periodo de mayor crecimiento y éxito económico del país.
Considerando este breve análisis importa y por muchas razones develar ciertos mitos que se han ido estableciendo en torno a la renta empresarial y constatar ciertas realidades, que a continuación expongo:
En este orden de ideas se debiera evaluar si desintegrar el sistema en base al régimen dual (que recauda poco y complejiza el sistema) es una medida que se debe mantener como propuesta , o más bien derechamente desestimar y volver a integrar 100% el sistema tributario estableciendo impuestos corporativos competitivos y reestableciendo la equidad horizontal en el tratamiento de las rentas del capital y trabajo y entre inversionistas nacionales y extranjeros.
El rol clave que desempeñará el ex embajador de la OCDE en el equipo de Marcel
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