A propósito del infame triple homicidio a Carabineros en Cañete y la sensación de desolación y vulnerabilidad que causó en cada uno de nosotros, recordé un estudio publicado por Hernández et al. del centro de estudios CLAPES UC el año pasado: “El costo económico de la delincuencia: Chile 2013 – 2022”.
El estudio es interesante toda vez que cuantifica los cambios conductuales que hemos debido afrontar por el crecimiento de los delitos de mayor connotación social, por ejemplo, homicidios, robos, entre otros. Así como infracciones a la ley de armas.
El documento de trabajo, muestra que entre los años 2013 y 2022, los costos de anticipación que son asumidos principalmente por los privados (alarmas, transportes de valores, entre otros) aumentaron un 453%; los gastos de consecuencia (atenciones médicas, ingresos laborales que se perdidos, primas de seguros) exhibieron un incremento del 48% y los costos relacionados a respuesta al crimen (policías, poder judicial, subsecretarías especializadas, servicio de reinserción juvenil, entre otros) crecieron un 18%. La consecuencia ha sido que, si en 2013 la sumatoria de estos gastos representaba el 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB), en 2022 alcanzó el 2% del PIB.
El incremento a precios corrientes del 2023 sería un poco mayor a los US$ 1.900 millones, es decir, casi 77.000 subsidios a la vivienda enfocados en el 60% más vulnerable del país (D.S.1 Tramo 1). Lamentablemente, lo más probable, es que dada la criminalidad organizada y transnacional estos costos continúen aumentando de forma exponencial.
Y si bien, esta es una realidad en toda Latinoamérica, es una situación a la que trabajadores, empresarios y emprendedores no estábamos acostumbrados. La desmoralización en materias de seguridad que acarreamos como país, dificulta de forma importante la concreción de la inversión en territorio nacional. Y los números no mienten, en el año 2023, la formación bruta de capital fijo retrocedió un 1,1% respecto al año 2022. En efecto, la participación de este agregado macroeconómico en el PIB, pasó de 26,3% en 2013 a un 23,8% en 2023.
Por lo anterior, el tema y discusión en la ENADE 2024 no sólo fueron oportunos sino también adecuados a la realidad de Chile. Es necesario que no solamente Hacienda tenga incorporado en su entendimiento que el empleo, el crecimiento y por consiguiente la recaudación fiscal, dependen de la inversión y para ello la seguridad es un estándar mínimo.
Y si bien, durante la presentación de la ministra del interior en el encuentro empresarial se intentó supeditar la agenda de seguridad al pacto fiscal, lo cierto es que la vulnerabilidad actual tuvo un catalizador político en octubre de 2019. Desde esa fecha, los privados hemos debido año a año aumentar los recursos destinados a la anticipación producto de la delincuencia y el crimen organizado, porque como decía Charles Dickens: “La muerte, los incendios y los robos hacen a todos los hombres iguales”.
La procedencia política del problema demanda soluciones en la misma dimensión y a la altura de las circunstancias. Mencionar el pacto fiscal, cuando los privados hemos absorbido gran parte de los costos económicos de la delincuencia es casi una osadía.
Finalmente, tras ENADE queda claro que existe toda la disponibilidad e intención de hacer crecer este país por parte del sector privado, pero se requiere de un sector público eficaz, eficiente y firme contra la delincuencia. Al final, nadie pide ser Dinamarca, sólo volver al menos a los estándares a los cuales los chilenos estábamos acostumbrados a tener.
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