Cursos de lengua indígena: Contraloría apunta a irregularidades bajo la gestión de Jackson en Desarrollo Social

Seis investigaciones entre 2021 y 2023 realizó la Contraloría, las que fueron presentadas este martes en el Congreso. Una de ellas apunta a traspasos de la Conadi a la Sociedad de Profesionales Chikawal Limitada durante el periodo en que Giorgio Jackson fue ministro de Desarrollo Social. Los antecedentes fueron enviados al Ministerio Público y al CDE.

Qué observar. A las 8:50 horas de este martes llegó la contralora (s) Dorothy Pérez a la comisión especial investigadora del Caso Convenios, referida a traspasos desde el sector público hacia entidades privadas. Lo principal de su presentación fueron auditorías y transferencias realizadas desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023.

Lo que ocurrió en la Conadi. Se realizó una auditoría a los procesos de licitación de la Conadi que fueron adjudicados por la Sociedad de Profesionales Chikawal Limitada, vinculados a cursos en lengua indígena en jardines infantiles y establecimientos educacionales entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2023, es decir, en el periodo en que Giorgio Jackson fue ministro de Desarrollo Social.

• Según pudo detectar la Contraloría, la empresa había sido creada en febrero del 2023 y a junio “ya se había adjudicado 5 licitaciones” por un total de $245 millones, por lo que se ordenó un proceso disciplinario y se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
• Contraloría desglosa las anomalías detectadas en el período de Jackson, quien asumió en septiembre de 2022 en Desarrollo Social y renunció en agosto de 2023, en medio de la presión de la oposición por el rol que le atribuyeron en el caso Convenios. Él ha negado vínculos con Democracia Viva y otras fundaciones y presentó una demanda contra todos los diputados de la UDI.

A) Al entrar al detalle de los $245 millones cuestionados, Contraloría se detiene en el caso de la Dirección Regional de Osorno, que implicó un pago de $80 millones. “Debió desestimarse la propuesta por cuanto la coordinadora no acreditó la experiencia requerida en las bases como esencial para adjudicarse la propuesta”, indica el ente al mando de Dorothy Pérez.

B) También coloca el foco en la Dirección Regional del Biobío, específicamente en Cañete. Se trata de un traspaso por $80 millones. “Se advirtieron una serie de irregularidades como criterios poco objetivos, inconsistencias en los factores a evaluar y se cambian algunos criterios de similar característica al comparar con la licitación de Osorno, entre otras objeciones”, añade.

C) La Dirección Nacional realizó una licitación por $4 millones para Temuco en que “se advirtieron una serie de irregularidades como criterios poco objetivos, inconsistencias en los factores a evaluar, entre otras observaciones”.

D) La Oficina de Asuntos Indígenas de San Pedro de Atacama realizó dos licitaciones, por $44 y $37 millones, que según la Contraloría debieron haber sido rechazadas. La primera porque “erróneamente se le asignó el máximo puntaje en el criterio calidad del servicio ofertado en circunstancias que debió obtener un puntaje menor, quedando bajo el mínimo exigido en las bases para ser considerada oferta válida”. Y la segunda porque “erróneamente se le asignó el máximo puntaje en el criterio “calidad y experiencia del equipo de trabajo” y con ello quedaba bajo el puntaje mínimo exigido en las bases”.

• Otros casos que aparecen en el informe de Contraloría son:

1.Seremi Atacama: La Contraloría realizó una auditoría a los recursos transferidos a entidades privadas entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023, es decir, en los periodos en que Karla Rubilar (segundo gobierno de Sebastián Piñera), Jeannette Vega y Jackson fueron ministros.

• La primera observación realizada es que el puntaje que se le otorgó a la Fundación Visible no correspondía. “Le correspondía una nota 3.68, y no un 5.3 como ocurrió en su evaluación técnica, y quedar en 2° lugar del concurso, para la ejecución del albergue “Protege” en Copiapó, por $160.600.000”, explicitó la contralora. Añadió que se ordenó un procedimiento disciplinario.
• El segundo antecedente que planteó, y que en este caso se enviaron los antecedentes al Ministerio Público y al CDE, fue que en cuatro fundaciones, “la transferencia del monto total del proyecto fue en una sola cuota, sin que existan fundamentos que lo justifiquen, considerando, además, la ejecución de hasta 12 meses”.

2. Atención especializada de NNA: El ente contralor también realizó una auditoría a los procesos de gestión de la oferta, demanda e información sobre atención especializada a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, en la Dirección Nacional del Servicio entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, es decir, entre los periodos de Rubilar, Vega y Jackson.

• En 2022 se transfirieron recursos a 73 proyectos por $785.440.886 y existen deudores por transferencias corrientes al sector privado que no aparecen con rendiciones presentadas.
• También se verificó que al proyecto Hogar de una Familia de la Fundación Mi Hogar Mi Familia se le transfirió el 31 de enero de 2022 (periodo de Rubilar) $1.442.120, pero no hubo rendición posterior. Pese a eso, entre febrero y diciembre de 2022 se hicieron otras 23 transferencias por un total de $21.110.875 que tampoco aparecen rendidos.
• En diciembre de 2022 y abril de 2023 (periodo de Jackson) se contabilizaron como “gastos aceptados”, sumas abonadas una cuenta “sin que estén suficientemente acreditadas y respaldadas sus contabilizaciones”.
• “Nosotros hacemos estas observaciones a la fecha de la fiscalización. Puede suceder que entre esa fecha y esta ya se hayan solucionado una parte o gran parte de las observaciones y eso es materia de seguimiento”, precisó la contralora.

3. Mejor Niñez: En este caso se trató de una auditoría a los procesos y controles efectuados por la Dirección Regional Metropolitana de Mejor Niñez sobre la ejecución del Programa Diagnóstico Ambulatorio y del Programa Especializado en Maltrato a través de Organismos Colaboradores Acreditados (OCAs) entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 (entre los periodos de Rubilar, Vega y Jackson).

• Entre diciembre de 2022 y abril de 2023, se contabilizaron “gastos aceptados (…) sin que conste que esas operaciones hayan sido revisadas”.
• “Se detectó que el Sistema de Información de Gastos (SIS) registra un monto declarado por la suma de $1.322.644.754, que es superior a lo abonado bajo el concepto de gasto aceptado”, con una diferencia de $ 252.112.411.

4. Plan Noche Digna: Se auditaron transferencias y proyectos entre el periodo 1 de enero y 31 de diciembre de 2022 (entre los periodos de Rubilar, Vega y Jackson), por los cuales se instruyeron procedimientos disciplinarios. También “se comprobó la existencia de 3 usuarios que se encontraban fallecidos al momento de recibir las prestaciones de alimentación, higiene y/o atención médica” y que la ONG Alta Tierra tuvo transferencia de recursos sin que los ejecutores hubieran cumplido los requisitos de los convenios, entre otros hallazgos.

5. Mejor Niñez Biobío: Se auditó la ejecución del Programa Diagnóstico Ambulatorio (DAM) y del Programa de protección especializada en maltrato y abuso sexual infantil (PRM), entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 (entre los periodos de Rubilar, Vega y Jackson).

• El DAM “mantenía en lista de espera a 407 NNA, de los cuales 22 llevaban esperando más de un año”.
• El PRM “tenía un total de 685 NNA en lista de espera, de los cuales 28 llevaban más de un año”.

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