Uno de los principales retos que enfrentan los sistemas de pensiones a nivel mundial es el envejecimiento poblacional, fenómeno ocasionado por poblaciones donde cada vez nacen menos niños al tiempo que aumentan las expectativas de vida, así, el porcentaje de adultos mayores es creciente.
Chile no está exento de esa realidad. En 2023, el país registró un mínimo histórico en su tasa de natalidad de 1,3 hijos por mujer, cifra muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1. Al tiempo que se estima una expectativa de vida al 2023 de 86,6 años para un hombre de 65 años y de 90,8 años para una pensionada mujer de 60 años (según las nuevas tablas de mortalidad publicadas por la CMF y la Superintendencia de Pensiones).
Como consecuencia, la población mayor de 60 años ha venido en incremento: según cifras del INE mientras que en 1992 el 9,5% de la población era mayor de 60 años, en 2022 ese número subió a 18,1% y se proyecta que en 2050 sea de 32%. A diferencia de los países europeos, donde el proceso de envejecimiento fue más lento y acompañado de un mayor desarrollo económico, Chile envejece más rápido y sin ser aún una economía desarrollada.
Este escenario pone de manifiesto la necesidad de ajustar las edades de jubilación, especialmente para las mujeres, pues ningún sistema previsional, ni de reparto ni de capitalización individual, puede sostener a este volumen de pensionados. Los sistemas de reparto quiebran, mientras que los de capitalización individual necesariamente entregarán pensiones menores si no se ajustan los parámetros. De hecho, según información recabada por FIAP (2023), entre 1995 y junio de 2023 un total de 66 países con sistemas de pensión de reparto aumentaron la edad de jubilación.
Los trabajadores en torno a la edad de jubilación tienen una amplia disponibilidad a mantenerse trabajando. Según un estudio realizado por la PUC (2018), un 63% de los trabajadores de entre 60-64 años estarían dispuestos a continuar trabajando aún si no tuviesen necesidad económica de hacerlo.
Sin embargo, -bien lo sabe cualquiera que haya perdido su empleo después de los 55 años- la empleabilidad en edades maduras es compleja. En inglés, de hecho, existe el término “ageism”, que se podría traducir como “edadismo”, definido como la discriminación que experimentan las personas mayores, generando una serie de estereotipos hacia la contratación “senior”.
Así, para poder alargar la edad de jubilación es preciso abordar una serie de cambios en el mercado laboral que permitan facilitar su contratación. La experiencia internacional muestra que, existen políticas efectivas en esta materia, por ejemplo: campañas comunicacionales para romper barreras sociales y culturales del trabajo de los mayores; generar programas de capacitación para trabajadores mayores, puesto que las barreras tecnológicas son una de las limitaciones para incorporar o mantener trabajadores mayores; mayor flexibilidad laboral como alternativas elegibles para los trabajadores de más edad, a fin de que se ajusten con sus preferencias y condiciones de salud. En Chile, un primer paso sería corregir la discriminación que se genera al tener un salario mínimo menor para los trabajadores mayores de 65 años.
La mejora a largo plazo de las pensiones requiere, sin lugar a duda, el ajuste paulatino de la edad de jubilación, para lo cual tanto al Estado como a los privados les cabe un rol en crear las condiciones adecuadas para favorecer la inclusión laboral de los trabajadores senior.
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